Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, Príncipe de Bismarck y Duque de Lauenburgo, más conocido como Otto von Bismarck fue un estadista y político alemán, artífice de la unificación alemana y una de las figuras clave de las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo XIX. Durante 19 años, el “Canciller de Hierro” como se le conoció, puso en marcha un programa para consolidar la unidad de la nación alemana apenas alcanzada en 1871. Enemigo jurado del entonces marxista partido socialdemócrata alemán (SPD), gobernó con su partido conservador, a veces en alianza con el partido liberal y en otras con el partido del centro.
Bismarck creó el primer sistema de protección social moderno en un gran país industrial. De esta manera se iniciaron los sistemas de seguridad social del resto de los países desarrollados. Las reformas de Bismarck tuvieron en sus inicios tres componentes: el seguro de accidentes de trabajo; el seguro por discapacidad y la pensión por jubilación a partir de los setenta años, cuando la media de vida apenas alcanzaba los cuarenta años en Alemania. Todo ello con su firme política antisocialista, contenida en las llamadas “leyes antisocialistas de Bismarck”. El sistema creado se sostuvo y desarrolló en lo que hoy se llama, sistema universal solidario, o sistema de reparto, con un principio muy básico: los que cotizan hoy (trabajadores, patronos y Estado) pagan las pensiones y la sanidad de los ya retirados y así sucesivamente.
El desarrollo de la seguridad social posterior, con la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919 en el marco del Tratado de Versalles; el inicio de la política social del nueva Rusia soviética, con la creación del Comisariado del Pueblo para Asistencia Social en 1917; el New Deal del Presidente Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933 en EEUU, que incluyó un sistema de pensiones que perdura hasta nuestros días; la leyes sociales del Frente Popular en Francia en 1936 y en España en ese mismo año, antes de la guerra civil; y con las Leyes Sociales de Beveridge en Gran Bretaña después de la II Guerra Mundial, entre los mas relevantes.
En 1945, al fin de la II Guerra Mundial, se adopta la Convención Universal de los Derechos Humanos al surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, como expresión del paradigma social, económico y político de la lucha contra las dictaduras totalitarias nazi, fascista y militarista en Alemania, Italia y Japón y el resto del mundo dominado por el llamado Eje. La Convención Universal de los Derechos Humanos estipula desde entonces, en su articulo 22 que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”. Desde entonces, de una forma u otra, las sociedades a nivel internacional fueron adoptando sistemas de protección social y seguridad social, todas basadas en el modelo de reparto instaurado por Bismarck a finales del siglo XIX y cada vez mas universales y perfeccionadas. En el caso de nuestro país, en plena dictadura trujillista, tuvo lugar una masiva huelga obrera de los trabajadores de los ingenios azucareros en San Pedro de Marocris y en La Romana en 1946. La jornada laboral se redujo a 8 horas, de 12 en promedio que trabajaban anteriormente, y los salarios también fueron ajustados. Sin embargo, la persecución de la dictadura a los sindicalistas y organizadores de huelga cañera fue implacable. Mauricio Báez, el líder de dicho movimiento, fue exiliado a Cuba, y allí asesinado en 1950 por los esbirros del régimen.
En marzo de 1947 se crea, como consecuencia de estos movimientos, la Caja Dominicana de Seguros Sociales, mediante la Ley 1376. Al año siguiente, en diciembre de 1948 se pone en funcionamiento el llamado “Sistema de Seguros Sociales” que dio lugar a la formalización de la Caja Dominicana de Seguros Sociales. A partir de diciembre de 1962, la Caja fue transformada en Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). Ni en la Caja ni en el Instituto, el sistema de seguridad social establecía la obligatoriedad de cotización de todos los asalariados, ni la participación en dicho sistema de manera universal. Se limitó a cubrir a los asalariados de mas bajo nivel, sin sus familiares, por lo que nunca el IDSS cubrió mas de 3% de la población. En resumen, en nuestro país nunca ha existido un sistema de reparto.
Desde 1962 hasta 2001 en el país no hubo un sistema de seguridad social como tal. Las pensiones del IDSS cubrían muy pocas personas y los servicios de salud eran en extremo limitados, y la mayoría tuvo que asumir el “sálvese quien pueda”. Igualas médicas privadas y pensiones por instituciones. Así los empleados de la educación nacional obtuvieron un buen plan de pensiones, lo mismo que los de la UASD, los del Banco Central, el Banco de Reservas, pero nunca fue un sistema centralizado y universal. Nada más.
Con la imposición en Chile de una dictadura militar fascista se abolió el régimen de reparto por un sistema llamado de “capitalización individual”, diseñado por el hermano del actual presidente de Chile, José Manuel Piñera, en base al neoliberalismo mas salvaje. En 1980, se dio inicio en América Latina y después en algunas repúblicas del Este europeo tras de la disolución de la URSS al mismo sistema. Ese modelo de cuentas de capitalización individual (CCI) permitió en sus primeros años una acumulación sin precedentes de ahorro forzado y obligatorio que la población no tenía opción de no aceptarlo y ha sido obligado cotizar sin recibir los beneficios de las pensiones. No había ni hay opción. Se cotiza si o si.
De 1981 a 2014, según estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se establecieron reformas para sustituir el sistema de reparto de pensiones por el “modelo chileno” de capitalización individual en treinta países de 154 que tienen sistemas mas o menos existentes de protección social. Es decir un 19% de los sistemas pensionales. En 2018, diez y ocho de esos treinta países habían revertido la capitalización individual – un 60% del total- y regresado al sistema de reparto, entre ellos Argentina, Rusia, Venezuela, las tres repúblicas bálticas –Letonia, Lituania y Latvia- y Bolivia entre otros. La República Dominicana, como en muchos otros casos, llegó de los mas tardíos a la ola privatizadora, en 2001, como una iniciativa de las mas grandes instituciones financieras del país. De esa forma, el “sistema de seguridad social” se convirtió en una gigantesca estafa organizada a todos los asalariados y que por 30 o mas años deja fuera de las pensiones a todos los dominicanos y dominicanas que llegan al fin de su vida productiva.
Entre 2003 y 2021, las AFP no han otorgado una sola pensión por vejez y han acumulado mas 790 mil millones de pesos, unos 12 mil millones, aproximadamente un 15% del PIB. ¿Entonces, entre 2003 y 2021 ningún dominicano ha llegado a los 60 o mas años? La estafa realizada por las AFP es de carácter descomunal y que casi cumple ya 20 años de implementación. Con la Pandemia del Covid 19 a partir de 2020, la crisis social y económica que ha conllevado, ha puesto en cuestión la acumulación de recursos y ganancias de las AFP. En su país natal, Chile, ya van por 3 retiros de 10% del total de los fondos (un 30% en total) y se discute un cuarto retiro por otro 10% de los fondos de las AFP, que llevaría la devolución a 40% de los mas de 200.000 millones de dólares acumulados en Chile –equivalente al 90% del PIB de Chile-. La característica de los fondos ahorrados obligatoriamente y sin posibilidad del “dueño” de la cuenta de capitalización individual de moverlos o usarlos a su discreción es lo que ha llevado al economista Andrés Solimano a llamar a las AFP como el “Corralito Legal”.
El fracaso en diez y ocho países del sistema de ahorro forzado sin pensiones o pensión mínima, es lo que mueve al movimiento “No+AFP” en Chile, en Colombia o en nuestro país a exigir una reforma del sistema pensional, y también de salud, en un sistema público, autónomo, y solidario, en el que los ahorros de los que trabajan hoy paguen las pensiones de los retirados de la vida activa laboral, y en el cual la salud no sea un negocio sino un derecho ciudadano, sin planes básicos, o planes complementarios y con financiamiento tanto de los trabajadores, los empleadores y el Estado.