Las administradoras de fondos de pensiones tienen muy bien ganada mala imagen. El hecho de convivir en el contexto de un estado extremadamente débil, les ha permitido servirse del poder económico y político de sus sectores de origen para siempre maniobrar y acomodar, desde la aprobación de las leyes, reglamentos y toda la normativa, hasta la práctica, a los fines de extraer ganancias oligopólicas de un mercado cautivo.
Tales ganancias lucen más altas de lo que son ante dos circunstancias: primero, manejan el dinero de tanta gente pobre o cuasipobre y, segundo, que en realidad casi no administran nada, pues los que hacen el verdadero trabajo de administración son entes estatales: la Tesorería de la Seguridad Social, que hace la parte más difícil de recaudación, y los emisores de deuda pública (Hacienda y Banco Central), que determinan las condiciones de rentabilidad. De modo que el trabajo de las AFP se limita a una sencilla intermediación que la podría hacer cualquiera.
Con ello cobran altas comisiones y le ponen al infeliz mil dificultades para volver a ver su dinero, quizás con la esperanza de que a muchos les suceda como en el antiguo IDSS, en que miles de cotizantes salían del sistema sin volver a ver un centavo, por quedarse sin empleo, cambiar de empleo, haber pasado a otra categoría salarial, muerte o emigración.
Tan mala imagen les ha generado una impopularidad tal que se presta a que habitualmente surjan propuestas que fácilmente ganan adeptos por muy aventuradas que sean y sin que los impulsores tengan real consciencia de sus posibles implicaciones. Una de esas propuestas ha llegado tan lejos como para prestarse a una jugada política, haciéndola aprobar en la Cámara de Diputados a sabiendas de que no pasará jamás por la de Senadores: la devolución del 30% de los fondos acumulados.
Solo podría pasar si se quisiera hacer un daño irremediable a la siguiente administración. Ese dinero está en manos del Gobierno en una cadena que discurre así: el Gobierno se lo debe al Banco Central, éste a las AFP y ellas a los trabajadores. Retirar el 30% de los fondos actualmente acumulados serían RD$177 mil millones, y el único que podría hacerlos líquidos de golpe es el Banco Central con su maquinita.
Para que se tenga una idea de su implicación macroeconómica, social y política voy a ilustrarlo con el antecedente más conocido. A principios del 2003 se hizo evidente para las autoridades que Baninter no tendría salvación. En ese momento la emisión monetaria rondaba los RD$38 mil millones y, cuando se dijo que se había descubierto un agujero que pudiera alcanzar los RD$55 mil millones, y después se anunció que el Banco Central se haría cargo, entonces muchos pensamos que alguna gente tenía que estarse volviendo loca.
Porque a una emisión acumulada en más de medio siglo de existencia del peso dominicano de RD$38 mil, agregarle de golpe otros RD$55 mil era saber que una profunda crisis nacional era irremediable. Y para alargar la cadena de sorpresas, el agujero de Baninter terminó siendo más grande, superior a RD$80,000 millones, y después se descubrieron malas prácticas en otros bancos con lo cual, la operación de salvamento superó los RD$110 mil millones.
El incremento resultante de la emisión monetaria nunca llegó a ser tan drástico (ni siquiera se duplicó), porque inmediatamente el BC comenzó a emitir bonos para absorber el exceso de liquidez que creaba, dándose inicio a una nueva deuda pública (cuasifiscal) administrada por el BC.
Y aun así se disparó la tasa de cambio, la inflación, huyeron capitales, quebraron miles de empresas, cayó el producto y el empleo y se generalizó la pobreza (millón y medio de nuevos pobres) hasta el punto que pocos quisieran recordar. El período de Gobierno de Hipólito Mejía (hasta poco antes muy popular) quedaría eternamente marcado por esa crisis y el pueblo dominicano con una nueva deuda de la cual no sabe cómo saldrá.
La emisión monetaria ahora es RD$272 mil millones. Agréguele usted súbitamente RD$177 mil: el resultado es tal que cuando el Gobernador se dio cuenta del peligro se asustó tanto que contrató cuantos artículos y programas de opinión pudo e incluso publicó un comunicado escrito y firmado de su puño y … bueno, de su puño.