La República Dominicana ha experimentado un desarrollo progresivo después de la Era de Trujillo. Hay signos de este desarrollo en la educación ciudadana, en la organización y movilización de las personas; y en la actividad económica. De igual modo, se ve en las relaciones internacionales que ha ido construyendo. Es un país que lleva muchos años tratando de colocarse a la altura de las naciones autónomas y prósperas. Para avanzar en este sentido, ha tenido que vencer muchos obstáculos dentro y fuera de sus fronteras. Estamos hablando de un país con capacidad de resistencia; con espíritu de lucha para mantenerse en pie y buscar alternativas de solución a todo aquello que intente paralizarlo. En este contexto nos sentimos más que preocupadas cuando observamos situaciones estacionadas en el tiempo sin que se tomen las decisiones pertinentes para erradicarlas, para que se cumpla el nunca más.
En este marco, la persistencia de estas problemáticas pone en evidencia un país en el que la vida de la gente está a merced de lo que cualquier persona desee inventar. Pero creemos que la madurez institucional del país -a pesar de todas las debilidades- lo faculta para tomar decisiones para que la vida de las personas tenga más valor. Este tipo de decisiones debe tener un carácter prioritario. Y una de esas prioridades es el control de la mortalidad materna. La prensa nacional nos informa que cada dos días muere una mujer embarazada (Hoy, viernes 11 de agosto de 2017. Sección El País). En este medio de comunicación también se reseña que la República Dominicana es el cuarto país de América Latina y el Caribe con las tasas más elevadas de mortalidad materna según los planteamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Un hecho natural como es el nacimiento de un hijo se ha convertido en una acción de alto riesgo en nuestro país. La preocupación es mayor al constatar que un porcentaje significativo de las mujeres que fallecen pertenecen a la clase social de menor poder adquisitivo. La mayoría requiere la asistencia de los centros de salud pública.
Ante la realidad descrita, cabe preguntarse: ¿Cuáles son los factores causales de muerte materna con tanta velocidad en República Dominicana? ¿Cuales instituciones están realizando investigaciones para clarificar y aportar soluciones a este problema? ¿Por qué el Ministerio de Educación, las Facultades de Medicina y el Ministerio de Medio Ambiente no establecen una alianza con el debilitado Ministerio de Salud Pública, para ayudarlo a enfrentar este problema? ¿Por qué el Ministerio de Salud Pública no pasa del discurso a la acción eficiente y eficaz? La mortalidad materna no puede dejarnos tranquilos. El incremento de este tipo de muerte acentúa la crisis que viven las familias y refuerza los problemas escolares; puesto que la orfandad genera, en múltiples ocasiones, dificultades de comportamiento que provocan situaciones difíciles en los niños y desencuentros entre los familiares. Pero lo más alarmante es que se están perdiendo vidas jóvenes que pueden contribuir al desarrollo del país. Nos preguntamos, además, ¿por qué aquí la vida pende de un hilo? ¿por qué con el nivel de desarrollo que tenemos exhibimos tanta ineficiencia ante el problema de la mortalidad materna?
Estos y otros interrogantes se quedan sin respuestas efectivas porque el Ministerio de Salud Pública parece que tiene otras prioridades que no se relacionan con salud y vida. Necesitamos decisiones gubernamentales, legislativas y judiciales que nos ayuden a defender y a respetar la vida de las personas. El ideal es que todos pongamos en práctica las orientaciones de la Constitución de la República en lo relativo a derechos y responsabilidades de los ciudadanos. La mortalidad materna y el feminicidio nos hacen sentir la impotencia al más alto nivel. Para darle un giro a esta situación tiene que producirse un cambio de mentalidad; tiene que generarse una concepción antropológica distinta en las autoridades y en muchos médicos del país. Ha de primar una concepción de lo humano que vaya más allá de considerar a la persona como un recurso para animar las aspiraciones políticas de líderes partidarios; que vaya más allá de considerar la persona como un instrumento activo para asegurar el voto de los que aspiran a cargos en las estructuras de poder.
Ahora más que nunca es preciso que nuestra sociedad tenga como fundamental y prioritaria una concepción de la persona que valore su condición de sujeto, que valore su dignidad humana y social; una concepción humana que subraye los derechos humanos con la misma fuerza que enfatiza las responsabilidades de estos. Si la concepción humana se mueve en esta dirección, entonces la vida humana tendrá otro cuidado, otra estimación. El cambio de concepción respecto de la importancia de la vida humana no puede darse solo en el ámbito conceptual, tiene que reflejarse en la vida cotidiana de la sociedad. Si no se toman los correctivos de lugar, la sociedad dominicana corre un serio peligro: el de convertirse en un conglomerado en el que impere la deshumanización como elemento constitutivo de sus instituciones y de sus procesos sociopolíticos, educativos-culturales y económicos. La vida es necesaria y valiosa; no puede continuar dependiendo de un hilo en tierra dominicana.