“Hay que educar al hombre para que respete las leyes. Sin leyes no hay sociedad humana, y las leyes sólo tienen valor si cada persona las acepta y las respeta y las hace respetar”. (Juan Bosch)
El diccionario de la Real Academia Española dice que la Postverdad se refiere “a toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. La carta de los funcionarios José Ramón Peralta y Roberto Marchena es una muestra fehaciente de la Postverdad. Es una misiva caracterizada por juicios de valores. Señalan, dicen, pero no aportan documentos.
Su epístola contiene 5 veces la palabra transparencia, apelando a ella para manipular y desinformar, para crear ruido y así “producir” el espacio de que los papeles de Faride (Contraloría), forman parte de lo que hoy se llama Fake News (noticias falsas). Por eso montaron en las redes “Faride miente”, que posteriormente se le convertiría en un boomerang.
En el tercer párrafo de la esquela de los referidos funcionarios, es un monumento a la poca creatividad e imaginación. “… que las informaciones a que se refieren dichos diputados están desde hace bastante tiempo en su poder”. Más adelante esbozan “lo que procura no es más que una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano”. ¡Cuanta subjetividad! ¡Que pobreza argumental! Yo puedo tener documentos de hace 2, 3 años y lo socializo cuando lo crea pertinente y adecuado.
Todo lo que atañe a lo público es político y la contratación a Joao y a Mónica era para fines políticos. El que visibiliza los papeles y genera la noticia no es el protagonista per se, sino aquellos que violaron la Ley de Compras y Contrataciones 340-06, 449-06 y su Reglamento, amparado en el Decreto 543-12 del 15 de Septiembre del 2012 y anotado en la Gaceta oficial con el número 10694.
Esos contratos no respetan las normas generales establecidas en el Capítulo II, Artículo 3, de la Ley 340-06 y 449-06, que esbozan los principios que deberán regir:
- Principio de eficiencia;
- Principio de igualdad y libre competencia;
- Principio de transparencia y publicidad;
- Principio de economía y flexibilidad;
- Principio de equidad;
- Principio de responsabilidad, moralidad y buena fe;
- Principio de reciprocidad;
- Principio de participación;
- Principio de razonabilidad.
Como vemos, ninguno de los 9 principios se cumplió. Más adelante, para seguir cometiendo errores, alegan que esas contrataciones podían realizarse sin licitaciones, apelando al Artículo 6, de la Ley de Compras (340-06) aludiendo al principio de excepcionalidad. Empero, la Ley 449-06, modificación de la Ley 340-06, en el Artículo 6 hay un párrafo donde señala “Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley”. Hay 8 consideraciones y ninguno contribuye con la aseveración de los funcionarios. Para desmentir aún más a esos funcionarios, el Reglamento de Compras y Contrataciones fortalece las causales para la excepción en su Artículo 3: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CASOS DE EXCEPCION, son:
- Situación de seguridad nacional;
- Situación de emergencia nacional;
- Situación de urgencia;
- Obras científicas, técnicas, artísticas o restauración de monumentos históricos;
- Bienes o servicios con exclusividad;
- Proveedor único;
- Construcción , instalación o adquisición de oficinas para el servicio exterior;
- Rescisión de contratos cuya terminación no exceda el cuarenta por ciento (40%) del monto del proyecto, obra o servicio.
- Las compras y contrataciones destinadas a promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
En una sociedad donde imperase el “compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”; en una democracia donde las instituciones funcionaran y no hubiese esta pésima precariedad institucional, solo por esa comunicación, renunciaran. Ello así, porque dicen que las sumas son: RD$430.5 millones de pesos. Los Papeles de la Contraloría establecen RD$1,403. Hay 31 relaciones de pagos en 11 libramientos. Un reconocido analista había establecido RD$1, 346, 841,796.
Ahora, la reconocida periodista, Subdirectora de HOY, Marien Aristy Capitán nos acaba de decir que son RD$1,138,664,144, según “unos documentos que le envió Martha Sánchez, responsable de Acceso a la información de la Dirección Jurídica de la Presidencia a la diputada Faride Raful”. 6 contratos firmados por Peralta. El documento tiene 60 páginas. En el mensaje de los dos DIOSES, anotan 4 montos pagados de dos instituciones contratantes a dos empresas (Polis Caribe (2) y Cine Art (2). Sin soportes ni numeraciones.
No podemos creer en lo que dicen los dos funcionarios, no solo por la crisis de confianza y de transparencia, sino que dos instituciones del Estado (Contraloría y la Dirección Jurídica de la Presidencia) aportan los datos, los libramientos, de manera objetiva. Como muy bien dijo la Vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño de Fernández, la “rendición de cuentas contribuye con la democracia y la transparencia”. Urge, pues, una investigación. Ello entra en el Artículo 93, numeral 2, letra e, de la Constitución; el Artículo 246 que reza acerca del control y fiscalización de fondos públicos. Agreguemos los artículos 22, numeral 5 de la ley de leyes “Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo; y, el 75, numeral 12, de los DEBERES FUNDAMENTALES, que nos dice “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio de la función pública”.
Por lo que vemos, el Congreso debe de jugar su rol en virtud de que la carta Magna consagra sus papeles, como primer Poder del Estado: Representar, fiscalizar y controlar todos los demás poderes. Refuerza el Artículo 77, numeral 4, su principalía, al decirnos “Las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas”.
Ya lo decía con mucha propiedad Albert Einstein “La cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección”. Cambiemos para hacer de esta sociedad un país más decente donde prevalezca la transparencia y el IMPERIO DE LA LEY.