Es un axioma, cuasi una verdad de Perogrullo que el crimen organizado repercute en la desigualdad, en la corrupción, en la violencia y la impunidad de una sociedad determinada. El crimen organizado se desliza en todo el entramado social e institucional, para desde las diferentes instancias, decidir en aspectos que tienen que ver con su existencia como organización.
Mientras más alcances, más niveles, más dimensiones van alcanzando el crimen organizado, más se adentra en los aparatos del Estado en todas sus ramificaciones, sea en los aparatos hegemónicos del Estado como en los aparatos coercitivos. La existencia, crecimiento y desarrollo de estos no puede concebirse sin la penetración a los mismos.
El crimen organizado (narcotráfico, sicariato, lavado, delincuencia política, delincuencia de cuello blanco, violencia, corrupción, impunidad) va socavando el Estado de Derecho y con ello la calidad de la democracia. El crimen organizado va diezmando la base institucional, degradando consustancialmente la Gobernanza democrática y desconfigurando, alterando la vida social. Hay, si se quiere, una estrecha relación positiva y/o negativa con respecto a los efectos, impactos que tiene el crimen organizado, la delincuencia, la violencia, la corrupción y la impunidad, sobre el comportamiento del régimen, esto es, del Poder Ejecutivo y sobre el Estado en general. La manera de cómo se aborda toda la problemática coadyuva a su anulación o por el contrario, esta dinámica tan compleja va desbordando al Estado mismo que lo va deslegitimando como tal.
En una corrupción sistémica e institucional, como en la sociedad dominicana, no hay dudas de que parte de la elite política forma parte crucial del eslabón. En algunos momentos puede existir una imbricación de las elites políticas con las elites económicas, pero no necesariamente. Sin embargo, en el auge, crecimiento y desarrollo del crimen organizado siempre encontraremos una alianza de los actores de los mismos con una parte de los actores políticos.
En otras palabras, el crimen organizado no alcanza tarjeta de solemnidad si no es merced a su entramado con los actores políticos y con ello, con el Sistema de Partidos. El crimen organizado puede empezar cooptando guardias, policías, después capitanes, coroneles y luego generales. Dura un cierto tiempo, empero, si no logra articularse políticamente y ampliar sus “relaciones” con el estamento político, no sobrevive a mediano y largo plazo.
Los sociólogos, politólogos y algunos comunicadores desde hace más de 5 años estamos advirtiendo de cómo las instituciones han venido involucionando. Estudios como Barómetro de Las Américas, OXFAM, Foro Económico Global y Latinobarómetro han venido auscultando, radiografiando la sociedad dominicana. Verbigracia, Barómetro en su última edición nos decía:
- Confianza en los partidos políticos: 29.4%;
- Policía Nacional: 35.6%;
- Confianza en el Sistema de Justicia: 38.5%;
- Municipalidad: 42.1%;
- Junta Central Electoral: 42%;
- Confianza en el Congreso: 42.8%;
- Fuerzas Armadas: 55.3%.
El Índice de Competitividad Global del Foro Económico nos dijo que obtuvimos un ranking de 95/140, pero en el pilar institucional sacamos un promedio de 123/140, una desviación negativa de 28 puntos.
¿Qué nos dicen esos datos? Que hay una descomposición de las instituciones dominicanas y esa ruindad es expresión de la corrupción y de la impunidad, que como alcantarillas del crimen fluye en la sociedad. Esa corrupción recargada por la impunidad es la génesis y germen de la ola de violencia que se ha venido incubando en el cuerpo social dominicano.
La corrupción, la impunidad y la violencia destrozan el necesario Capital Social que amerita una sociedad democrática en la construcción de la confianza, lo que de manera inexcusable contribuye a desgarrar la seguridad ciudadana y con ello, toda la administración de justicia. La desarticulación y crisis de la justicia, anidada y propiciada por una parte de los actores políticos, es la manera de perforarla para la protección de políticos, primero, y luego, el crimen organizado. Por eso vemos tan poco éxito en la estrategia de los gobiernos contra la delincuencia y sobre todo, contra la delincuencia política. El sistema de justicia penal hace aguas, está en crisis, como síntesis del crimen organizado fomentado por el Sistema de Partidos.
Un Sistema de Partidos sin ley que recibe dinero de financiamiento público y al mismo tiempo privado sin límites y sin rendición de cuentas ni declaración de los cotizantes; constituye la fuente del caldo de cultivo más expedito, más viable para la alianza de la estructura mafiosa de una clase política cada vez más codiciosa y plutocratizada.
La ausencia y debilidad institucional conspira contra la legalidad y va fraguando de manera profunda toda una trampa, que se bosqueja y recrea en la corrupción, impunidad, violencia, deterioro de la seguridad ciudadana y crimen organizado, diluyendo ostensiblemente la legitimidad. Toda esa mezcla de comportamientos desviados dificulta la vida social en democracia. Hay una crisis del Sistema de Partidos y una crisis de la Justicia. Una crisis se verifica cuando indica un tránsito de una situación positiva a una negativa o de una superior a otra considerada inferior, o, como diría ese gran teórico italiano Antonio Gramsci: “Las crisis surgen cuando lo que tiene que morir no muere y lo que tiene que nacer no nace”. Hay un desorden social institucionalizado cuya exposición más indicativa es el incumplimiento de las leyes, la impunidad y la forma de hacer política, generando un Estado sumamente endeble para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.
Como señala John Bailey, un Estado democrático de derecho incluye varios elementos: “los funcionarios y las instituciones gubernamentales se rigen por la ley y dan cuenta de sus actos ante los tribunales, las agencias reguladoras y la sociedad civil; los ciudadanos tienen acceso a los tribunales o a mecanismos de arbitraje para resolver conflictos entre ellos; impera una cultura de la legalidad… es la regla de reglas…”. Por ello es que nuestra democracia es cuasi una caricatura, un rostro desfigurado, un cascarón vacío, sin contenido, que no nos pauta una verdadera gobernanza democrática.
¡La sociedad requiere más Capital Institucional, precisa de un giro extraordinario en el Sistema de Partidos y de la Administración de la Justicia Penal; interrumpiendo el desorden institucional y creando una nueva ola de cambios, que emerja y se exprese en un contrato social, que valide el ejercicio de la ética, de la transparencia y el sentido del honor en los compromisos!