En todo proceso electoral se busca que la Junta Central Electoral (JCE) gane en credibilidad y legitimación ciudadana, al emitir el voto para sus líderes políticos preferidos. Las pasadas elecciones primarias internas simultáneas, organizadas por JCE|, demostraron que tenemos un árbitro imparcial, salvo prueba en contrario.
La JCE se ha manejado con la transparencia esperada, consultando a los actores políticos y proveyendo las informaciones requeridas. Igualmente, frente al reclamo del Dr. Leonel Fernández, quien alega la comisión de un fraude en su contra, ha ordenado realizar la auditoría forense al Sistema de Voto Automatizado utilizado en las Primarias Simultáneas de los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) el pasado 6 de octubre, para determinar si los resultados de dichas primarias fueron manipulados.
Todo cuanto contribuya a ganar credibilidad debe ser bienvenido. El país necesita sosiego, lo que viene de la mano con la diafanidad, la confiabilidad del sistema electoral y la integridad de los miembros de la JCE, quienes sólo deben tener, como, a mi juicio lo tienen, un compromiso con la ley y no con personas o grupos políticos determinados.
Aún cuando persisten prácticas enojosas, los votantes demostraron madurez y civismo e interés por el curso de nuestra vida democrática.
Cuando alguien gana en democracia no obtiene todos los votos. Si ganó no fue con todos los votos; pero con su ejercicio gubernamental deberá demostrar que puede reafirmar la confianza en sus votantes y ganarse a los no simpatizantes de su propuesta. Pero, el que pierde no puede pretender que lo declaren ganador. El verdadero demócrata sabe ganar con humildad y se crece cuando pierde.
Los cambios de rostros e ideas son de la esencia de la democracia. Es necesario un diálogo con pensamientos y propuestas diferentes y discusiones –no monólogos- sobre lo que queremos como país y las soluciones que podemos encontrar, lo que descarta las ideas mesiánicas y propiedad de una sola persona con pretensiones de poner a su servicio las instituciones, cuando la población votante mayoritaria le ha negado el voto, lo que no obsta para que se fiscalice todo el proceso para que ganemos en institucionalidad y democracia.