“La democracia constitucional significa la regulación jurídica de la democracia y, por ello, la garantía de su ejercicio mediante unas reglas que intentan impedir su falseamiento. De ahí que, en el Estado constitucional, democracia y Estado de Derecho no puedan disociarse…”.
(Manuel Aragón Reyes: Partidos políticos y mediaciones de la democracia directa)
Las primarias que para sus apologistas constituirían más democracia y más participación de la ciudadanía, fue en realidad un verdadero dogmatismo estéril. No cambió para nada el blasón de la vida política. Constituyó, en realidad, el retrato desnudo de la esquizofrenia de la elite política en el poder.
Las primarias no desarticularon, desmembraron el clientelismo político, muy por el contrario, hubo una exacerbación de mismo en su máxima potencia y degradación. La corrupción política y su grado de putrefacción fue tan atroz que en la memoria de los dominicanos y dominicanas nunca habían asistido a un mercado persa, a una orgía de compra y venta de cédula tan descomunal.
El costo de las primarias de tan solo dos partidos, pero principalmente del partido en el poder, fue sencillamente horrido. Tanto en lo institucional como extra institucional donde esto último puso en evidencia, nuevamente, la profunda anomia institucional en que nos encontramos como sociedad. Las primarias vinieron a constituir el punto de inflexión de la ruptura del partido gobernante, una fractura que diversificó el panorama del mercado electoral. Una división que trajo consigo tripartidismo, posible balotaje, crisis de hegemonía y de fuerte dominación partidaria y el eclipse y disminución del PLD para las elecciones del 2020. Las elecciones del 6 de octubre propiciaron la descomposición, la ignominia, la inequidad en toda su expresión y la plutocracia como bandera sin color que laceró el espíritu de la competencia y del alma libre en el horizonte de la libertad.
Más que democracia y participación hubo una exacción y sustracción del voto en un 32.7% de electorado que fue a sufragar, lo que es la expresión viva de una pérdida de libertad, que es en esencia, una crisis de legitimidad. La legitimidad es la justificación de la dominación. Como dice Rodrigo Borja en su Enciclopedia De La Política, legitimidad, en el campo de la política “es la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier otro acto de la autoridad pública.” La legitimidad, continúa el referido autor “está en los principios trascendentales que inspiran a la ley y a la autoridad”, anidados en principios que se encuentran en las convicciones ético-políticas. La legitimidad es la licitud de las acciones y decisiones conforme al marco normativo, constitucional. Cuando se transgreden esos espacios de convivencia político-social, la legalidad y legitimidad se pierden más allá del ritmo de la complicidad de una sociedad maculada en la destrucción moral.
El costo de las primarias fue, al decir la verdad de la manera más objetiva, un adefesio, un locuaz espantajo. Ello así tomando en cuenta la sociedad en que vivimos: pobre y vulnerable. Gastamos RD$2,416,845,000.00 pesos para la organización de las mismas, según la Junta Central Electoral. Si dividimos los RD$2,416,845,000.00 entre el número de personas que votaron, incluyendo NINGUNO (2,252,932.00), cada elector que acudió a los colegios salió a la sociedad dominicana por RD$1,072.00 pesos, que convertido en dólar para el 6 de octubre (US$52.26), significaron 20.50 dólar.
Habría que sumar de manera institucional el costo de los aparatos automatizados, que en una primera partida de 11,000 kits tendrían un valor de RD$1,000 mil millones de pesos. RD$2, 416,845,000 + 1000,000,000 igual a RD$3,416,845,000. Si dividimos los RD$3,416,845,000 entre el número de personas que fueron a votar el 6 de octubre, el peso en nuestra moneda fue de RD$1,516.00 por cada elector que concurrió, esto es equivalente en dólares a US$29.00 dólares.
Cada persona que fue a votar le significó a la sociedad la erogación de 29.00 dólares, esto es, $1,515.00 pesos. Esto es en el panorama estrictamente de la Junta Central Electoral. Sin embargo, entran en juego, aunque no podamos determinarlo oficialmente, los costos que entrañan el rol de otras instancias institucionales que como consecuencia de ese certamen electoral tuvieron que tomar acciones, decisiones, resoluciones, sentencias, etc. Tal es el caso del Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. La relación horas/hombres/costos, implicada en demandas como consecuencia del proceso de primarias, antes, durante y después.
No hay que ser un genio para darnos cuenta que el calendario electoral de octubre del 2019 repercutió en los gastos del Poder Ejecutivo, en un país donde el marco institucional está caracterizado por la inobservancia, por la medianía, sobre todo, cuando los intereses del poder están en juego. Solo en Obras Públicas en el 2018 se gastaron RD$6,413 millones pesos en infraestructura, asfaltado y construcciones, para el 2019 saltaron a RD$13,525 millones de pesos. Entre agosto y septiembre el Poder Ejecutivo erogó RD$1,200 millones de pesos en dietas, viáticos, combustibles, vehículos, alimentos, bebidas, propaganda. Todo esto ilustrado documentalmente, nos dice como desde el Estado se usa el abuso de poder, que es ilegítimo, para apabullar, avasallar al contrario. Clara evidencia, simple obviedad de la ausencia de institucionalidad y de democracia. ¡Eso es falta de legitimidad! Como es ilegítimo la utilización de alrededor de 53 funcionarios en campaña.
La democracia minimalista, la democracia meramente “electoral”, en estas primarias estuvieron vapuleadas, ostensiblemente obscenas en el fraude múltiple. Este engaño, estafa, tiene diferentes manifestaciones: institucionales en su degradación y falencia y extra institucionales como punto crucial del rebajamiento, bajeza que nos encontramos como sociedad. El Plan Social de la Presidencia estuvo a la orden del día en todo el mes de septiembre de una manera señera, sin par.
Lo extraoficial, el dinero a raudales de una manera abundante allí donde la plutocracia hizo gala, exhibición de vasto, magno fue en la compra y venta de cédulas. El periodista Carlos Julio Feliz candidato a senador por el PLD por la provincia de Pedernales, fue a varios programas y escribió por las redes, donde dijo que el día de las votaciones se gastaron alrededor de 100 millones de pesos. Estamos hablando de una provincia donde en el 2012 apenas habían 27,955 habitantes y el padrón electoral es de 19,352.
Solo hay que destacar que el promedio de votación general fue de 25% en el PLD y de 29% en el PRM. No obstante, en Sánchez Ramírez fue de 41.08; San José de Ocoa, 41.11%; Azua 43.61%; San Juan con 44.29%; Bahoruco con 44.45%; Barahona con 43.11; Pedernales 48.59%; Independencia con 53.53%; Dajabón con 47.79%; Monte Cristi con 42.17%; Seíbo con 38.57%; Monte Plata con 42.07%; María Trinidad Sánchez con 39.68%; Santiago Rodríguez con 39.89%. Esas son las primarias donde la indigencia y la pobreza alcanza el mayor clímax y en consecuencia el clientelismo y el soborno, vía el crimen y delitos electorales tuvieron más posibilidades de garras y de dolor en la miseria humana.
En la provincia Altagracia votó solo el 22.14%, en La Romana 22.56%; en Santo Domingo 25.58%; en el Distrito Nacional con 26.56%; en Santiago: 24.56%. Allí donde hay más habitantes hubo menos votación. Allí donde la tasa de empleo es mayor los niveles de educación son más altos, el clientelismo y la corrupción no ocupan tan singular dominio. En nuestra sociedad hay una crisis de confianza que no puede ser resuelta por la publicidad y propaganda y ese prologando déficit nos lleva a esta crisis de legitimidad, antesala y vientre de la falta de institucionalidad y de transparencia