Hay determinadas cosas que en otros países a los ciudadanos les ofrecen una gran credibilidad. Pero en la República Dominicana sirven de poco, pues casi nadie les hace caso. O las toma como simple formalismo.
Por ejemplo, las etiquetas de los productos. No es porque no se crea en la industria nacional, ni porque no haya buenos productos, sino porque aquí todo se falsifica. En el mercado nacional se venden falsificadas baterías para vehículos y para inversores, se falsifican cigarrillos y cigarros, se falsifican el ron y el whisky y, lo más grave, se falsifican medicamentos. Es muy conocida en el país la práctica habitual de vender medicinas falsificadas o vencidas, en establecimientos a la vista de todos y hasta al Estado se les venden.
Otro ejemplo de cosas que sirven de poco son las leyes. En cualquier sociedad, cuando se promulga una nueva ley la gente se acoge a ella y todos actúan conforme su mandato. Pero aquí muy poco cambia; quizás cambian algunos procedimientos burocráticos, pero al final, el resultado en términos de conductas sociales es ínfimo.
Hace veinte años la República Dominicana era percibida mundialmente como un país muy corrupto. El país fue incluido por Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción en el año 2001, y en las dos primeras evaluaciones sacó una puntuación promedio de 33 (sobre 100), nota que lo colocaba dentro del rango de aquellos países en que se percibe la existencia de una corrupción rampante.
Mucha gente entendió que eso había que cambiarlo. Desde la sociedad civil y los poderes públicos, se inició una campaña para corregir esa situación, postulando por que se aprobara una serie de leyes que impusieran patrones de comportamiento acordes con las normas de transparencia. Se aprobaron leyes para evitar que ocurra la corrupción, otras para que si llega a ocurrir pueda descubrirse, y otras para que si se descubre pueda castigarse.
Se aprobaron leyes para garantizar el acceso a la información pública, el control y fiscalización bancaria, todo el manejo de los recursos públicos, el control interno y externo, el servicio civil, los salarios públicos, la declaración jurada de patrimonio; se firmaron convenciones internacionales, se crearon nuevos órganos para la ética, la investigación y la persecución de la corrupción, y hasta la Constitución se cambió introduciendo nuevos preceptos que viabilizaran el castigo.
Tras todo eso, el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción confiere a la República Dominicana una calificación de 33, básicamente el mismo punto de partida. Y esto, porque subió algo en los dos últimos años, pues en 2013 estábamos en 29, indicativo de que había empeorado. Eso significa que las leyes no sirvieron para nada, a pesar de que hoy la República Dominicana dispone de un cuerpo normativo anticorrupción que muchos países desearían tener, aun los más transparentes del mundo.
Solo faltan la ley de partidos y la ley electoral, que es bueno que existan, sin que haya mucha expectativa de que van a modificar la situación. Porque vamos a ser francos: ¿para que la cumplan estos partidos que tenemos? ¿Para que las aplique esta JCE? ¿Para que las infracciones sean sancionadas por este Tribunal Electoral que tenemos? ¡Pero válgame Dios!
Otro ejemplo, el sistema judicial. La mayoría de la gente victima de hechos delincuenciales ni siquiera se molesta en hacer una denuncia. O si la hace, muchas veces es por cumplir procedimientos, pero pocas veces por confiar en que se va a investigar o a castigar nada. La mayoría de las cosas mal hechas quedan impunes y cada vez que se queda sin castigo un sonado caso de corrupción, aparece libre un reconocido narcotraficante, un hombre mata a una esposa o novia que antes había pedido protección, o sencillamente reincide en un crimen un delincuente común, los ciudadanos reclaman a los jueces, los jueces acusan a los fiscales, los fiscales a los policías y los policías a los jueces, y estos a su vez a las fallas de un código. Pero el resultado real es que el ciudadano se ha quedado desprotegido.
Y cuando el ciudadano no confía en la justicia, si sospecha complicidad, si llega a pensar que forma parte de la misma maquinaria, entonces ya no tendrá nadie en quién creer. Y entonces probablemente intente utilizar a su favor la circunstancia, desobedeciendo y sacando beneficio de todo aquello en lo que piense que puede resultar impune, intenta tomar la justicia en sus manos, o bien se resigna pasivamente y acepta el yugo, o se va al otro extremo y adopta una actitud de confrontación.
Es por todo lo anterior que los dominicanos tenemos que reconocer el largo camino pendiente en el desarrollo de las instituciones.