El inusitado llamado del Comité Político del PLD al Procurador General de la Republica, para que “profundice” la investigación sobre el tema de los sobornos de la Odebrecht, constituye una expresión de preocupación sobre el impacto que esta cuestión puede tener sobre el futuro de ese partido de cara a futuras fechas del calendario político del país. Sin embargo, ese llamado constituye una muestra de cómo esa dirección combina cinismo y prepotencia en su práctica, porque más que nadie sabe quiénes son los principales beneficiarios económico/político de esos sobornos y que el primero es quien controla ese Comité Político y al Procurador.
De los países involucrados en el entramado de sobornos, sólo en el nuestro uno de los principales jefes de ese entramado, preso en su país, fue director de la campaña política del presidente de la república y de la imagen de su gobierno. En otros países se han apresados varios involucrados en el escándalo; en el nuestro al principal acusado y en esencia confeso repartidor de sobornos, amigo y condecorado por el Presidente, no ha sido tocado por la Justicia, en ningún país la acción de la Justicia sido tan descarada y displicente en el proceso de investigación del referido entramado.
Aquí, además de los 92 millones de dólares distribuidos como sobornos para la Odebrecht obtener la asignación de obras, la sobrevaluación de estas se calcula en US$836 millones. Además del distribuidor de esos 92 millones, se sabe quiénes y para qué se pagaron los sobornos; igualmente, quiénes y cómo se beneficiaron de las sobreevaluaciones. No es difícil determinar cuáles diputados y senadores recibieron sobornos para aprobar los contratos de esa empresa y quien los sometía las cámaras legislativas para su conocimiento urgente. Lo saben los que han presidido esas cámaras, presentes en la reunión del Comité Político del PLD del pasado lunes, que dicen estar a “disposición” de un Procurador que ha debido citarlos y no lo ha hecho.
Piden al Procurador que “profundice” la investigación, mientras tanto este aprueba un acuerdo con Odebrecht, ilegal, insostenible y vergonzoso en provecho de esa empresa, en una maniobra política orientada hacia el desmonte la ira popular en ascenso contra la impunidad. Esa maniobra ha sido orquestada por los estrategas del gobierno y de ella no puede estar ajeno un presidente que atraviesa la situación más delicada de sus casi cinco años de gobierno, al estar en la picota de un polvorín de dimensión internacional que puede estallar en cualquier momento y llevarse de encuentro gran parte de la clase política de esta región.
El pago de Odebrecht de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, es sólo una parte de los muchos millones que pagan otras multinacionales para consolidar gobiernos y una clase política que se reproduce a través de la corrupción y la impunidad en todo el mundo, la cual está generando una indignación que crece exponencialmente en diversas esferas de la vida social y política a nivel internacional. En Brasil, no sólo Odebrecht ha sido una empresa que ha corrompido a políticos y empresarios de esos 12 países, el entramado de corrupción creado por políticos brasileños para apuntalar su proyecto de poder comprende otras empresas y abarca otros países. Sobre todo, en países con gobiernos pseudo izquierdistas como Venezuela, que fue donde más dinero sucio se repartió entre funcionarios gubernamentales, Argentina, Angola y Ecuador. Allí iban los políticos brasileños, encabezados por Lula a ofrecer solidaridad a cambio de facilidades a las empresas brasileñas, siendo este uno de los lados más oscuro y vergonzoso del escándalo Odebrecht. Aquí lo hizo tanto él como Dilma en el sonado caso de Punta Catalina.
Ahora es cuando comienza a despuntar este escándalo, la acción de la justicia en algunos países ahora es cuando se inicia, la indignación mundial contra la corrupción y la impunidad, lejos de detenerse sigue creciendo en todo el mundo, sólo en Rumanía han descendido en una plaza más de medio millón de personas y aquí el movimiento de protesta en las calles iniciado aquí el pasado 22 de enero ha concitado el apoyo de casi la totalidad de la población dominicana, según la encuesta Gallup/Hoy del pasado lunes de este mes. Y es que en este país ha crecido la conciencia de que son las calles el escenario fundamental para controlar al Gran Contralor y salir de los gobiernos del PLD para detener el lastre de la corrupción e impunidad.