Tenemos la oportunidad ahora de decidir quiénes serán nuestros empleados y representantes por los próximos cuatro años, tenemos la responsabilidad de decidir quién hará por nosotros el trabajo de cuidar y guiar al país por el camino que entendemos más conveniente. Por eso he rescatado algunas ideas de un artículo que escribí anteriormente, y que creo muy necesario volver a conversar.
Dos ideas básicas:
1-Los Senadores y Diputados son nuestros representantes ¿Qué es tener un representante? Es tener a una persona que actúa en nombre nuestro para satisfacer y proteger nuestros intereses, como si fuéramos nosotros mismos.
2-El Presidente, los Alcaldes y Regidores son nuestros mandatarios, no nuestros representantes. En palabras más simples, nuestros empleados que deben seguir las instrucciones que nosotros como jefes les dimos previamente, a través de nuestros representantes.
Bien, entendiendo esos dos conceptos, analicemos primero la situación de los legisladores. Los Senadores y Diputados son elegidos en su totalidad por el voto directo de los habitantes de áreas geográficas previamente definidas, de los que posteriormente se convertirán en sus representantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo, como ciudadana, elegiré a una persona que me representará en el Senado y a otra persona que será mi representante en la Cámara de Diputados.
Es el momento en que debemos decidir si renovar el contrato o terminarlo y contratar nuevos empleados. Nos toca elegir mediante nuestro voto quiénes serán nuestros empleados y representantes por los próximo cuatro años.
Por tanto, cuando estamos decidiendo a quién vamos a designar como nuestro representante, idealmente debemos elegir a una persona cuya línea de pensamiento, principios morales, orientación política, intereses sociales, etc. sean similares a los nuestros; por lo menos en los temas que son de especial importancia para nosotros. Esto a fin de que cuando estas personas deban redactar o votar un proyecto de ley, tengamos un nivel de certeza considerable de que lo harán de una forma similar a la que nosotros mismos lo haríamos, que se traduce en aprobar las normas legales que más favorezcan nuestros intereses colectivos.
Es decir, si nuestra posición con respecto al aborto es en contra, pues no deberíamos elegir a alguien que está a favor; si nuestra posición con respecto al matrimonio homosexual es a favor, no deberíamos votar por alguien que está abiertamente en contra. Y todo lo contrario. En la misma línea, si para nosotros a la educación se le debe prioridad presupuestaria frente a, por ejemplo, la construcción de infraestructuras, no tiene sentido que votemos por un Senador cuya prioridad sea la opuesta; y así otros ejemplos que ustedes pueden fácilmente pensar.
Ahora con el Poder Ejecutivo, en la persona del Presidente de la República, Alcaldes y Regidores. Como expliqué previamente, estas personas son nuestros empleados, nuestros servidores. Servidores públicos.
A estos empleados los elegimos de manera directa, cuando se trata del Presidente, el Alcalde, y de manera indirecta para el resto de la Administración Pública (ministros, directores, consejos, etc.). Pues estos empleados nuestros tienen una guía de qué hacer y de cómo hacerlo en la Constitución y en las leyes, que fueron previamente creadas por nuestros representantes, los legisladores.
La función esencial de la Administración Pública es servir a los intereses generales y, aunque parezca más que obvio, administrar. Debe administrar los bienes, servicios y fondos públicos de la manera que mejor satisfaga las necesidades generales. Para realizar esta función, nosotros, sus jefes, les proveemos de fondos a través de los aportes que todos realizamos cuando pagamos impuestos. En otras palabras, les proveemos de recursos económicos para que los utilicen en nuestro beneficio y solucionen las dificultades que como comunidad tenemos y que no podemos -por razones obvias- atender de manera individual.
Esta relación ciudadano-representante (Poder Legislativo) y ciudadano-mandatario (Poder Ejecutivo) de la que hemos hablado, es una relación clásica de Principal-Agente. Este tipo de relaciones se caracteriza por tener a un Principal (el pueblo) que depende del trabajo del Agente (el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo) para obtener beneficios económicos, y en este caso también la satisfacción de necesidades sociales. Solo para que puedan hacer un símil rápido y fácil, la más clásica de estas relaciones es la relación empleador (Principal)-empleado (Agente). Para facilitarnos la lectura, a partir de ahora utilizaré Jefe (porque sí, porque somos sus jefes) por Principal cuando me refiera a nosotros los ciudadanos y Empleado por Agente cuando me refiera a todas las personas que vamos a elegir ahora el 15 de mayo.
El problema esencial de las relaciones de agencia radica en las dificultades de supervisión por parte del jefe sobre el trabajo del empleado y sobre el resultado de ese trabajo. Estas dificultades se deben usualmente a la falta de recursos para supervisar correctamente el trabajo del empleado; a la asimetría o falta de información con respecto a las actividades que realiza el empleado, lo cual entorpece su monitoreo; y posteriormente a la falta de sanción o medidas correctivas por parte del jefe frente a las actuaciones del empleado que no van conforme a lo que el jefe requiere para obtener los beneficios que espera.
En este sentido, cuando el jefe descuida la supervisión de las actividades del empleado y del resultado de su trabajo, el empleado siente menos presión para realizar un trabajo de calidad. Es normal. Como explicábamos en un artículo anterior, no están los incentivos correctos. Más aún, cuando el jefe sabiendo los resultados negativos del trabajo del empleado, que se convierten de hecho en pérdidas económicas para el jefe, no hace nada por llamarle la atención; o cuando llega el momento de concluir el contrato, lo que hace es renovarlo, la reacción lógica del empleado será mantener esa conducta descuidada, que claramente le trae beneficios a él, porque no se esfuerza mucho y como quiera obtiene un pago. En esencia, está recibiendo una señal clara de que las cosas están bien, y si están bien, ¿por qué cambiarlas?
Nosotros, los ciudadanos, somos el Principal o los jefes, a pesar de que actualmente los papeles se perciban invertidos y se comporten ellos como nuestros jefes y nosotros como sus empleados. Ya que somos sus jefes es nuestra obligación supervisar de manera correcta a nuestros empleado, ya que los beneficios del trabajo que este realice serán para nosotros. Así pues, somos los responsables, para beneficio nuestro, de dejarle saber a nuestro empleado cuándo su trabajo no satisface nuestras expectativas, cuándo debe mejorar y cuándo simplemente es inaceptable.
Sin embargo, la conducta del pueblo dominicano en promedio es otra. Es de un jefe autodestructivo, un jefe al que no le interesa tener beneficios económicos y de hecho le da igual no tener servicios básicos cubiertos o que sus fondos se usen como al Agente le plazca. Es un jefe incluso indiferente al hecho de tener pérdidas sustanciales e injustificadas en sus fondos públicos. O por lo menos eso parece.
Somos un jefe que en mayor o menor medida conoce los resultados del trabajo de su empleado, así que no tenemos ese problema que normalmente presentan las relaciones de agencia. Sabemos también con una certeza considerable en qué se utilizan los recursos que le proveemos a nuestros empleados, porque sabemos qué tanto fondos públicos se distraen[1], así que tampoco tenemos ese problema de no tener información sobre el trabajo del empleado. No obstante, nuestro empleado se comporta como si no existiera un jefe a quien rendirle cuentas o al cual respetar, y finalmente se ríe en su cara si el jefe osa hacer algún tipo de intento de reclamación.
Frente a todo esto ¿qué hacemos nosotros?
Aquí es donde la bola está en nuestra cancha y nos toca manejarla bien. Es el momento en que debemos decidir si renovar el contrato o terminarlo y contratar nuevos empleados. Nos toca elegir mediante nuestro voto quiénes serán nuestros empleados y representantes por los próximo cuatro años.
Si decidimos renovar el contrato (reelección) estamos diciendo que estamos complacidos con el trabajo realizado por nuestro empleado. Si no hay ningún tipo de sanción contra nuestro actual empleado el mensaje directo es “continúen su trabajo igual, todo bien.” Si por el contrario decidimos no renovar el contrato y contratar nuevos empleados enviamos un doble mensaje: Primero, esto que estaba haciendo nuestro anterior empleado no es de nuestro agrado. Segundo, le decimos a nuestro nuevo empleado “me gustó tu cv (propuesta), va alineada a como yo creo que se deben hacer las cosas…pero no te salgas de la línea, porque mira lo que le pasó al empleado anterior.”
Mi sugerencia es que dejemos de ver al Estado como una ficción jurídica cuyos resultados no nos afectan, y veámoslo como lo que es: nuestro empresa en común. Veamos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo como lo que son: nuestros empleados. Exijámosles como lo haríamos a nuestros empleados en un negocio propio; exijámosles como si nos importara el resultado de sus acciones, las cuales nos afectan querámoslo o no; y ahora que nos toca demostrarles si estamos satisfechos o no con su trabajo, seamos honestos y demos una respuesta que sea la más beneficiosa para el país en su conjunto y no para nuestros intereses particulares.
-R.
[1] Los remito a la gran cantidad de artículos escritos sobre el deficit fiscal. También pueden revisar al estudio de Transparencia Internacional, que coloca a nuestro país en lugar 103 de Percepción de Corrupción (siendo el 1 donde la percepción es menor) y la página 392 del Reporte de Competitividad Global que nos coloca en lugar 134 de 140 en Desviación de Fondos Públicos