Parece que de tanto oír que la percepción se impone a la realidad, que hay gente que cree que puede estar a “Dios rogando y con el mazo dando” y quedar caracterizado por una persona preocupada por el bienestar general.
Toda la gente pensante en este país debe haber quedado atónita con el comunicado de la Conferencia del Episcopado Dominicano, acerca de las observaciones hechas por el Presidente Medina a tres artículos del Código Penal, recientemente aprobado por el Congreso.
Esa Conferencia no hizo nunca una declaración pública contra la indecencia, inmoralidad, perversión, degeneración de un tipo que aprovechando su función y la prestancia que el cargo le daba se dedicó ante los ojos de todo el mundo a aprovecharse de la pobreza de niños dominicanos para mantener con ellos relaciones sexuales. Pero claro, esos niños eran pobres.
Ese comportamiento aberrante, que no era nuevo, porque nadie se convierte de repente en un pedófilo practicante, y que debe haberse sabido en todas los lugares donde estuvo ejerciendo funciones; en este país debió alertar no sólo a las autoridades eclesiásticas, sino también a las autoridades del Ministerio Público, pues en memoria de dominicano, no se tiene noticia de que un Nuncio de su Santidad haya ido a un pueblo remoto como Juncalito, a oficiar, conjuntamente con un colega de su misma nacionalidad liturgias y ceremonias religiosas, revestido con toda la indumentaria y parafernalia propios para avasallar, imponiendo la autoridad que se atribuye a los miembros del clero, a una comunidad pobre y creída y darles confianza para que dejaran a sus hijos a su cuidado. Pero claro, esa es una comunidad pobre también.
Todos recordamos, con dolor, como se organizó un espectáculo para la defensa del pedófilo fugitivo, arguyendo que la prensa era la culpable del escándalo y que se hacían acusaciones sin pruebas, obligando al papá de uno de los niños violados a retractarse de sus primeras declaraciones, sobre las actuaciones del Nuncio y su colega en una casa veraniega en Juan Dolio, desautorizando a Agripino, que se conmovió públicamente por esas actuaciones, acusándolo de haberse arrogado funciones de obispo.
Pero también y gracias a la prensa nos enteramos, que uno de los actores, de ese “divertimento”, el protagonista mas bien, con nocturnidad, clandestinamente, con asechanza y alevosía visitó a los legisladores para imponerle los puntos de vista de su grupo (porque no creo que todos los sacerdotes compartan sus criterios), para chantajearlos si no se plegaban a sus designios. Pero claro, los legisladores no son pobres económicamente y sus expectativas, motivos y actuaciones están lejos del bienestar general, son pobres en otras cosas.
Sometidos a la coacción, los legisladores se despojaron de su papel de representantes del pueblo y se plegaron a los designios del mensaje y del mensajero. Talvez creyendo que ellos tienen los votos que los hacen legisladores.
El Presidente de la República, que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, observó, en cumplimiento de su deber, el engendro nefando que niega a las mujeres el derecho a la vida, con consideraciones, que es de justicia destacar.
Hay que suponer que la Conferencia del Episcopado leyó la carta con la que el Presidente de la República devolvió al Congreso, vía la Cámara de Diputados, tomando la debida nota de la decencia, la juridicidad, la humanidad y ética contenidas en la misma y que nos permitimos resumir en los siguientes aspectos.
1º Las exigencias del principio de legalidad, imponen la tipificación de los crímenes y los delitos, porque nadie puede ser juzgado y condenado por un hecho sin una ley previa, que defina la conducta antijurídica, condición que hace defecto en el texto legal observado;
2º. El respeto a los derechos fundamentales de la mujer, tales como el derecha a la vida y a la salud, el respeto a la dignidad humana de la mujer, a su integridad física y síquica como causas de exclusión de responsabilidad penal, resultantes no solo de la Constitución, sino también de la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará)
3º La determinación de los casos excepcionales en los que debe prevalecer el derecho fundamental a la vida de la mujer embarazada;
4º. La seguridad jurídica, es decir, “la certeza que tienen los individuos de una sociedad acerca de cuales son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios”, de los profesionales de la salud, que se verían afectados en el ejercicio de su profesión, por el temor a una persecución judicial.
5º La alta tasa de mortalidad materna, fenómeno en el que juega un papel preponderante las practicas inseguras de interrupción del embarazo;
6º La gran cifra de embarazos en niñas y adolescentes, de alto riesgo para la salud de la madre, sino que ocultan a menudo situaciones de abuso o violación;
7º El fundamento de la observación, es el compromiso irrestricto del titular del Poder Ejecutivo de que la República Dominicana, en materia de tipificación penal de la interrupción del embarazo, sea respetuosa de los principios, valores y derechos establecidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
No es preciso agregarle nada a esta carta de devolución con observaciones del texto del Código Penal.
Es bueno señalar que los opositores a las observaciones del Presidente de la República, no toman en cuenta que las mujeres con recursos económicos, pueden viajar a otros países a hacerse una interrupción voluntaria de embarazo, sin sufrir ninguna consecuencia penal.
Que son las mujeres pobres que agobiadas por violaciones, incestos, y portadoras de fetos inviables, sobre las que recae la prohibición que las excluye del goce de sus derechos fundamentales, que les impide ejercer el primer deber de un ciudadano: la preservación de su propia vida. Pero ¡que importa! Solo son mujeres pobres.
Contrasta el anatema lanzado contra las mujeres pobres y los profesionales de la salud, con el silencio obsecuente, la defensa impúdica de un pedófilo.
Y después anuncian con bombos y platillos un plan de restauración del Ozama.