Antonio Gramsci, Frederick Engels y Guillermo Federico Hegel son los filósofos que conceptualmente plasman mejor la conformación histórica y sociológica del Estado. Vía Engels repasamos el origen histórico de las ciudades y su evolución como Estado, especialmente Atenas y Roma. Con Hegel sabremos sobre el Estado y el Derecho, en una conjugación de la ética y principios del desarrollo humano en contrato social. Pero si sumamos el “saber hacer” y los aportes de Antonio Gramsci, nunca se nos olvidará que el Estado es una confluencia entre la sociedad política y la sociedad civil.
El Estado debe entenderse como el aparato institucional y coercitivo de carácter ideológico, jurídico y político, que establece reglas para asegurar el bien común de una sociedad concreta y garantizar asimismo, la represión en caso de que se violen. Algunos valoran al Estado como “trinchera avanzada”, detrás de la cual se encuentra una robusta cadena de fortalezas y fortines para imponer el derecho y las normas. Gramsci actualizó la definición del Estado, agregándole la suma de la sociedad política y la sociedad civil, sintetizada en el concepto bloque histórico.
Parafraseando al italiano Antonio Gramsci, la sociedad política agrupa el conjunto de actividades, medios y órganos encargados de la coerción y la represión con el objetivo de mantener el poder establecido y contener cualquier conato de alterar el orden constitucionalmente. Las acciones coercitivas no necesariamente son de carácter militar o paramilitar, también abarcan el ámbito jurídico: la imposición jurídico-legal. En la sociedad política se incluyen los partidos políticos. La sociedad civil es la sumatoria del sector privado y las organizaciones sin fines de lucro que ejercen sus derechos de ciudadanía. El pensador italiano la define como el conjunto de organismos ordinariamente llamados privados que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda sociedad. Este papel se realiza cuando se logra el consenso de las grandes masas sociales hacia la aceptación mayoritaria de la dirección política dominante en una sociedad dada.
Con Antonio Gramsci y otros pensadores que se sumaron después, podemos entender entonces ciertos paradigmas del Estado. Este aparato jurídico-político es una amalgama donde el más alto funcionario público, debe tener el mismo peso social en el Estado, que el más simple dirigente de una organización de la sociedad civil. Mientras el primero maneja los fondos públicos que llegan a las comunidades vía políticas públicas y programas de gobierno, el segundo contribuye con sus impuestos directos e indirectos en la articulación de un verdadero contrato social para que funcione lo público y se genere la suficiente cohesión social necesaria para mantener la estabilidad social y política.
El Estado tiene su historia y sus pensadores modernos y antiguos que lo estudian y caracterizan. Por lo que muy a diferencia de lo que piensan algunos, la reforma y modernización de un Estado no concluyen sino que son procesos permanentes de implantación de acciones de forma permanente. Un proceso que nunca se acaba o se da por concluido. En República Dominicana, el Ministerio de Administración Pública (MAP), es la continuación de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRyME) y del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE).
En el Estado dominicano como narrara el profesor Juan Bosch en una de sus obras maestras, “hay que volver al puerto de origen”. No se puede dirigir un Gobierno como órgano del Estado, desde un distrito municipal hasta la Suprema Corte de Justicia. Desde un Museo, Escuela de Bellas Artes, una dirección de Medio Ambiente, un Consejo de Energía y Agua hasta un ministerio, sin que el conjunto de pretendidos funcionarios conozcan qué es el Estado, qué es el Gobierno y las mejores formas, métodos, herramientas y políticas públicas para dirigirlo.
El Estado dominicano se concibe, más que algo material, como el poder militar, sino como una capacidad de gestionar el Estado y su administración, utilizando los diferentes medios intelectuales, informativos, políticos y legales a su alcance, creando un liderazgo que consiga los resultados que espera la población. En República Dominicana existen innúmeros trabajos académicos, políticos independientes y y de centros de investigación, generadores de estudios al respecto.
A partir de 1990 empezó un proceso de crisis del Estado y en 1997 con la creación de la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado (COPRYME) y de otros programas de reformas auspiciados por agencias internacionales, se iniciaron las acciones concretas de reforma del Estado; un proceso que todavía perdura, y que se ha extendido sin pausa pero sin prisa, por más de tres décadas.
Lo anterior es una parte del marco teórico de referencia que el Jurado Nacional de Calidad tiene en cuenta para expresar la política pública del Premio Nacional. Además de quien suscribe como presidente del jurado y director del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), participan en el jurado, Greicy Romero, directora de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera; Lissette Dumit de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); Fernando Puig Miller, director de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago; Carlos Pimentel, director de Participación Ciudadana, Carlos Villaverde, director de proyectos de FINJUS, Emmanuel Castillo, director del periódico La Información.
Igualmente, Laura Del Castillo, directora técnica del Consejo Nacional de Competitividad (CNC); Alejandro Correa del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Saúl Abreu Luna, director de la Asociación para el Desarrollo (APEDI); Ariel Espejo, director de AENOR; Mildred Ortiz, directora administrativa del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL); la profesora Nurys Bastardo Zorrilla de UASD; María Ramos de la Defensoría del Pueblo y Jaime Sénior, director de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). La secretaría técnica del jurado está a cargo de la magister Virna Peña del Ministerio de Administración Pública (MAP). Eso es el Estado donde se premio lo público como un ejercicio exitoso de política para la reforma del Estado.