Vivo la ilusión de que algún día la fortaleza e institucionalidad de la economía dominicana, sumado al desarrollo de la calidad del sistema político, garanticen que servicios públicos costosos y complejos, como el de electricidad, sean servidos por empresas privadas locales, extranjeras o mixtas, libre de prácticas monopólicas y de exacción de rentas espurias a merced de clientes cuasi cautivos.
Mientras, en lo que arriban esos días, en nuestro sistema eléctrico “realmente existente”, privatizar o vender Punta Catalina a inversionistas particulares tendría tres repercusiones negativas principales:
Uno, subiría sustancialmente el precio de venta al publica de la energía que produzcan las dos plantas generadoras de la central. La razón es que los dueños privados cargaran al precio de la energía un extra para recuperar la inversión hecha en la compra de la termoeléctrica. Esas inversiones trataran de recuperarla en un periodo de 30 años o menos y siempre calculando un beneficio neto aparte de cubrir costos y deudas. Los cálculos indican que en manos privadas la energía seria vendida a un precio mínimo que oscilaría entre 10 y 11 centavos de dólares por kilovatio hora.
Si la central permanece en manos del Estado el precio de venta de la energía seria mucho menor, porque ya el Estado pago de sus fondos casi el 70% la inversión realizada en la construcción de Catalina, y el restante 30% fue financiada con deudas de apenas 5% de interés anual; deudas ya integradas a la deuda pública del Estado y programado su pago en el Presupuesto anual de la Nación. Entonces, en manos del Estado, la amortización de inversión seria mínima y en todo caso se calcularía para un periodo largo de 40 años debido a que la vida útil de plantas de carbón se extiende regularmente hasta 50 años. En esas condiciones, el precio proyectado de la energía de Catalina en contrato con las distribuidoras seria de no más de ocho (8) centavos de dólares el kilovatio hora. Precio suficiente para cubrir costos operacionales y obtener razonable beneficio neto. Es la única manera de Catalina cumplir con la promesa de reducir el precio de la energía y ayudar a eliminar el grave déficit financiero de las distribuidoras.
Debido a su capacidad de 674.8 MW netos (752 MW brutos) Catalina producirá poco más de cinco (5) mil millones de kilovatio horas al año, que calculados a 8 centavos haría una factura a las distribuidoras por la suma de 400 millones de dólares.
Por otro lado, las distribuidoras compraron la energía a los generadores a un precio medio de 13 centavos de dólares en el periodo enero a diciembre del 2019, por lo que a ese precio los cinco (5) mil millones de kilovatio hora les significarían una factura anual de 650 millones de dólares.
En resumen, con Catalina en manos del Estado y vendiendo a ocho centavos las distribuidoras se ahorrarían 250 millones cada año. Si se vende la central ese ahorro desaparecería, a cambio de nada.
Dos, la venta de Catalina basada en un contrato de 30 años de duración con las empresas distribuidoras obligaría al Estado a pagar energía a precio casi fijo y elevado durante tres décadas, ¡una locura!
Tres, en manos del Estado la posibilidad de en el futuro convertir Punta Catalina de carbón a gas natural es mucho mayor puesto que como el privado tendrá garantizado por tres décadas el pago de su capacidad o potencia, ingresos suficientes para amortizar su inversión más un beneficio, no tendrá estímulo para hacer esa costosa conversión hasta que no finalice su contrato. Esa ha sido la experiencia. Pero, cuando los intereses priman, algunos economistas se hacen los dummies y explican todo al revés.