Aunque la mayoría celebramos hoy la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Superior de Tierras sobre el caso de Bahía de las Águilas, ratificando la decisión dada en agosto de 2014 por el Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, es muy importante recordar lo que había sido la decisión de nuestras autoridades en relación con este caso y el viraje que gracias al empoderamiento ciudadano se dio al mismo, con un resultado evidentemente positivo.
El colosal fraude inmobiliario de Bahía de las Águilas fue orquestado por malos funcionarios que durante más de 15 años gozaron de la protección directa o indirecta de las autoridades y que estuvieron a punto de conseguir un cuestionable acuerdo transaccional que protegía a beneficiarios de esta apropiación fraudulenta para el cual el presidente Danilo Medina llegó hasta a emitir el poder especial No.7-2013 en fecha 13 de enero de 2013 autorizando su firma.
Afortunadamente el rechazo de la sociedad en contra del acuerdo transaccional que se tenía previsto firmar, cuyos términos y condiciones resumía el referido poder especial, provocó un cambio de decisión del presidente Medina, habiéndose obtenido a la vuelta de un año y medio lo que se había augurado como imposible, la declaratoria sin ningún valor y efecto jurídico de las cartas constancias, los deslindes y certificados de títulos expedidos a favor de particulares en Bahía de las Águilas; gracias en gran medida al tenaz esfuerzo de dos grandes juristas dominicanas.
Ojalá que la experiencia de Bahía de las Águilas haga despertar a la población para que entienda que sí se puede cuando las causas son legítimas y la decisión es firme
Esto demuestra que con voluntad política y con una verdadera posición del Estado en torno a un tema se pueden lograr muchas cosas y que si como dijo el presidente en su discurso ante la Asamblea Nacional “hoy podemos decir que el secuestro ha definitivamente terminado”, lo más importante es que reflexionemos sobre las causas que permitieron que ese monumental fraude se fraguara desde las entrañas del poder político y que permaneciera en el tiempo hasta casi legitimarlo con un acuerdo transaccional, sin que hasta la fecha haya habido ninguna consecuencia contra quienes lo orquestaron.
Debemos igualmente estar conscientes de que las circunstancias que permitieron ese fraude siguen prácticamente intactas y el patrimonio nacional continúa siendo depredado mediante transacciones dolosas que benefician a políticos de turno y sus adláteres, las que continuarán de no realizarse un cambio sustancial en el sistema. El presidente también expresó en su discurso que “una nación no puede autoproclamarse democrática y progresista, mucho menos institucionalmente fuerte, si no es capaz de recuperar el patrimonio”, a lo que debemos agregar que no se trata solo de recuperar el patrimonio sino de impedir que siga siendo dilapidado por funcionarios corruptos, lo que solo se conseguirá imponiendo las debidas sanciones.
Así como la solución del fraude de Bahía de las Águilas estuvo estancada por casi 20 años por falta de voluntad política para tomar las decisiones adecuadas bajo todo tipo de excusas, la mayoría de los problemas fundamentales del país corren la misma suerte, pues para nadie es un secreto que la calidad de vida y la competitividad del país han sido seriamente afectadas por falta de voluntad política e interés para decidir temas tan fundamentales como la provisión de un servicio eléctrico, de agua, de alcantarillado y de transporte público de calidad, la organización del tránsito y la seguridad ciudadana.
Ojalá que la experiencia de Bahía de las Águilas haga despertar a la población para que entienda que sí se puede cuando las causas son legítimas y la decisión es firme, puesto que la necesaria voluntad política muchas veces hay que fraguarla a fuerza de exigencia ciudadana.