Ya no se sabe que mas debe suceder en Venezuela para que finalmente el irracional gobierno de Nicolás Maduro acepte cumplir con el ordenamiento constitucional y celebrar las elecciones que se ha negado a realizar, lo que podría implicar el fin de su mandato.
El problema es que la revolución bolivariana desde su inicio ha utilizado los instrumentos de la democracia para ponerlos al servicio de un régimen dictatorial que ha controlado absolutamente todos los poderes del Estado y los ha llevado a las mas bochornosas e inauditas situaciones como los recientes fallos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante los que bajo el supuesto alegato de desacato e invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, decidió ejercer directamente las competencias parlamentarias o que las mismas sean ejercidas por el órgano que ella disponga para supuestamente “velar” por el Estado de Derecho.
La repercusión de los fallos emitidos por el Tribunal Supremo en toda la comunidad internacional fue tal que el propio Maduro y sus secuaces dejaron de lado su acostumbrada arrogancia que los lleva a colocarse por encima de la ley, el bien y el mal, y en una indirecta admisión de que se habían excedido de forma grosera, provocaron que el Tribunal con la misma desfachatez con que dictó sus ilegales fallos, los revocara.
No puede existir un retrato más patético de lo que son las instituciones venezolanas bajo la égida del régimen de Maduro que este, el más alto tribunal de justicia de un país que actúa a la merced del jefe del ejecutivo y sin el menor reparo, lo que debe provocar una profunda reflexión sobre la nueva forma de dictaduras que ha surgido en Latinoamérica, las cuales disfrazadas de democracia y utilizando sus instituciones socavan completamente las libertades, el Estado de Derecho y las instituciones, con la misma ilegítima e irracional fuerza que las botas opresoras de regímenes militares lo hicieron antes.
Pero también esta situación debe llevarnos a meditar sobre el rol de los organismos internacionales, pues ha sido interminable la cadena de acciones en violación a los principios democráticos que ha cometido el régimen en Venezuela y ha sido casi imposible que la OEA haya podido adoptar las medidas que sus normas prevén, pues gracias a la abundancia de recursos que se derivó de los altos precios que registró el petróleo y al clientelismo realizado a través de los acuerdos de Petrocaribe y otros, muchos gobiernos incluyendo el de la República Dominicana han preferido poner la lealtad por encima de los valores democráticos.
A pesar de que finalmente la OEA aprobó una resolución que declaró que el Tribunal Supremo venezolano violó el orden constitucional y se urgió al gobierno venezolano a restaurar la separación de poderes y la autoridad de la asamblea nacional, hay muchas probabilidades de que la situación vuelva a caer en un limbo ante la revocación de los fallos aunque en la práctica sigan desconociéndose los poderes de la Asamblea Nacional y otras violaciones al orden democrático.
En definitiva el socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana han dejado la dolorosa lección de que sus objetivos son igual de inútiles que los de otras trasnochadas y eternas revoluciones como la cubana pero que las instituciones democráticas distorsionadas y mal utilizadas pueden ser tan peligrosas como las armas, pues no solo cercenan las libertades y derechos individuales sino que al hacerlo utilizando instrumentos de la democracia; se dificulta aún más la lucha contra las mismas pues se convierte en una complicada trampa de apelar al orden institucional bajo un régimen que oculta sus acciones dictatoriales en una supuesta democracia electa bajo el voto popular.