Los partidos políticos se constituyeron en los puentes inevitables para la selección de los representantes del pueblo. Son los intermediarios entre la ciudadanía y los poderes públicos. Coadyuvan en los territorios a facilitarles la existencia a los ciudadanos. Por eso, el elemento esencial de los partidos en la democracia es servir de palanca para el logro de los objetivos comunes de la comunidad, de la sociedad.
De ahí que los partidos políticos compitan en los territorios para acceder a los poderes públicos. Cuando hablamos de competir es siempre sobre la base de la equidad, de la objetividad y de la transparencia, como establece el Artículo 211 de la Constitución. En el libro de La Democracia, de Giovanni Sartori, éste nos dice que “La democracia es el subproducto de un método competitivo de reclutamiento de líderes, es decir, un procedimiento y mecanismo que, a) Genera una poliarquía abierta cuya concurrencia en el mercado electoral; b) Atribuye el poder al pueblo; c) específicamente hace valer la responsabilidad de los líderes para con los liderados”.
Schumpeter en su Teoría competitiva de la Democracia, sostiene “El método democrático es aquella ordenación institucional establecida para llegar a la adopción de decisiones políticas en la que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha competitiva por el voto del pueblo”.
Como vemos, la base y el fundamento nodal en un régimen democrático es la competencia política y en consecuencia, los actores en el proceso deben tener las mismas oportunidades en todo el acontecer para acceder a los poderes públicos. Allí donde existe una verdadera competencia, no puede haber un actor del proceso que se singularice por encima de los demás, por tener más dinero, por tener más publicidad en la televisión y los periódicos, por tener más vallas colocadas, por tener más dinero de la financiación desde el Estado, esto es, institucional, y por recibir más dinero desde el sector privado.
Nada de eso es competencia política. Por ello, no necesariamente accede a los poderes públicos quien postule mejores ideas, quien encarne los mejores desafíos a partir de una agenda propositiva que visualice un programa creíble y posible. Allí donde no hay una verdadera competencia política puede convertirse en funcionario, en Regidor, Diputado, Senador, Alcalde, no siempre el más preparado, pues la política es Ciencia y es Arte.
Esa ausencia de competencia política es lo que ha permitido crecer en la sociedad dominicana la Plutocracia (democracia del dinero); y la Oclocracia (degeneración de la democracia). Al mismo tiempo, ha hecho posible que el dinero del crimen organizado: narcotráfico y de la corrupción, se conviertan en la lavandería perfecta; convirtiéndose en las “mejores” inversiones que reditúan las mejores rentabilidades.
La competencia política, pues, entraña a sus hacedores la creación del espacio para generar de manera necesaria la equidad, la transparencia y el sentido del ejercicio ético-moral de los actores de todo el proceso. De ahí que la desfachatez de que en política se hace lo que conviene, lo que evidencia y resalta en determinados actores políticos es el desconocimiento de lo que es la democracia y sus valores intrínsecos. Alain Touraine, en su libro Qué es la Democracia, nos dice que la democracia tiene como fin principal asegurar la igualdad no solo de los derechos sino también de las posibilidades. La democracia es el conjunto de las garantías institucionales. La democracia es una política del reconocimiento del otro.
Por ello, competencia política deriva en unas campañas electorales que fueran iguales para todos los actores políticos que postulan para los 4,107 puestos. En pleno Siglo XXI, en su segunda década, aquí y ahora, no existe ni la competencia política, propiamente tal ni las campañas electorales con equidad, con igualdad de oportunidades.
Hemos avanzado institucionalmente en el Padrón Electoral, en el acceso al mismo en igualdad de condiciones de los actores, en más eficiencia logística y tecnológica. Dicho de otra manera, desde el seno mismo del organismo electoral, no se proporcionan ventajas comparativas ni competitivas a determinados actores. La desigualdad hay que buscarla en el clientelismo institucional desde el Estado y en las compras de cédulas en los días previos a las elecciones. La desigualdad hay que buscarla en las campañas electorales y en consecuencia, en la ausencia de competencias políticas reales. Todavía, somos una ficción; más allá de que el Artículo 212, Párrafo IV, que reza “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para a reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.
Como vemos, tenemos instrumentos legales que no se validan en la praxis, obstaculizando el mercado político abierto, competitivo. Podría decirse, entonces, que por el lado de la oferta (JCE) hay un poco de competencia perfecta, con la excepción del dinero otorgado a los que sacan más del 5% y por no aplicar el párrafo IV. Por la demanda (los partidos políticos) existe una clara competencia desigualdad, muy imperfecta. El partido en el poder tiene cuasi 3 años en campaña y parecería por el nivel e intensidad de la misma que las elecciones serán en mayo de este año. Nadie llama la atención, haciendo de esta anormalidad una cultura.
La democracia es un proceso en constante construcción y reconstrucción, en su búsqueda permanente por encontrar la necesaria legitimidad. Ella es la evolución en el plano de la organización política, de lo que es el avance de la humanidad, para lograr satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. En la sociedad dominicana, hay una crisis de la política y del Sistema de Partidos. Se necesita darle nueva forma y contenido a la política, donde sus actores comprendan que ella es el instrumento para la creación de políticas públicas que igualen a los ciudadanos en los territorios. Ella, es, a fin de cuentas, la herramienta para asumir los desafíos del presente y poder construir un mejor futuro. Ella es la que facilita una mejor integración, un mejor Capital Social por su participación y el vínculo ineludible de la cohesión social.