Con el sonado asesinato de la arquitecta Leslie Rosado vuelvo en este artículo al tema de los eslabones de la cadena de violencia que conoce la mayoría de la población dominicana.
En el caso que nos concierne, un empleado de la institución policial, padre de familia, que tiene un arma (al igual que decenas de miles de ciudadanos), ha cometido un acto individual (hasta prueba de lo contrario), fuera de sus horas laborales. Asesinó fríamente, frente a una de sus hijas, una mujer, de clase media alta, profesional exitosa, madre de 3 niños, y embarazada.
Estos señalamientos sobre la responsabilidad individual del ejecutor del crimen no niegan la imperiosa necesidad de someter la Policía a un profundo escrutinio y reorganizarla de pies a cabeza.
Ahora bien, en cualquier análisis que se haga no se debe olvidar que cada uno de los policías sale de las mismas entrañas del pueblo. Es un puro producto de la violencia estructural que arrastramos y que se materializa en la violencia de la miseria, las desigualdades, el autoritarismo y la negación de derechos.
Seguir tirando a la calle para asegurar la seguridad ciudadana y para ello dotar de armas, símbolo de poder y hombría en el imaginario social, a hombres sin las más mínimas habilidades sociales provoca cada vez más alarmas sociales.
Cualquier depuración, reestructuración y profesionalización de la Policía debe tomar en cuenta las aptitudes y la salud física y mental de cada uno de sus integrantes.
La Sociedad Dominicana de Psiquiatría (SDP) ha externado su preocupación sobre el deterioro de la salud mental del pueblo dominicano, llamando la atención sobre el incremento de los casos de enfermedad: “el incremento de las tasas de suicidios, del uso de sustancias psicoactivas, la violencia intrafamiliar y de género requiere de mayor inversión pública en este ámbito y una mejor distribución de psiquiatras a nivel nacional”.
Lo cierto es que la salud mental es la pariente pobre de la salud, con pocos centros y casi sin cobertura del plan básico del Seguro Familiar de Salud del Sistema de Seguridad Social.
Vivimos en un país que necesita de psicoanálisis colectivo, de psiquiatras, terapeutas, psicólogos, educadores de calidad que brinden herramientas y habilidades sociales y puedan sembrar, además de las bases del conocimiento, los fundamentos de una nueva cultura de paz, de manejo de conflictos y de tolerancia. Eso no se construye de un día para otro en un país de cultura autoritaria y donde los indicadores educativos están por el suelo.
Al final de cuentas, la verdadera cuestión no es solamente la reforma de la Policía sino más bien lograr una acción coherente y eficaz de nuestras instituciones frente a una colectividad fragmentada por profundas contradicciones culturales y sociales. Muchas de las medidas tomadas hasta ahora se han caracterizado por su falta de integralidad y de consistencia.
No basta con establecer medidas reactivas como prohibir los ingredientes constitutivos del ácido del diablo, depurar la Policía, desarmar los civiles, pagar 10,000 pesos para escolarizar niños y niñas desertores o pedir perdón.
Se requiere también dejar de lado viejos hábitos, ser coherente con la modernización que requiere la sociedad y mejorar sustancialmente la calidad de los servicios brindados por nuestras instituciones.
¿Que sociedad queremos? Una sociedad más cohesionada, con educación de calidad, mejores empleos, mejores salarios. Estos son los eslabones indispensables para ponerle freno a mediano plazo a la inseguridad y a la violencia que nos afectan a todos.
Todo esto, sin olvidar que la juventud debe tener acceso a la palabra. En un encuentro reciente entre empresarios y autoridades municipales realizado por Save the Children, dentro del marco del proyecto Gestión municipal participativa: inclusión del enfoque de derechos de la niñez en la administración local del Gran Santo Domingo con niños, niñas y adolescentes de comunidades marginadas, fue revelador ver hasta qué punto algunos de los representantes del sector empresarial no conocían los problemas reales que afectan la vida de nuestra niñez.
Más interesante resultó aún es ver hasta qué punto los jóvenes tienen claro los problemas estructurales que les afectan.
En materia de educación mi vecina se mostró genuinamente perpleja al oír, de la propia boca de niños, niñas y adolescentes de Villas Agrícolas y Manoguyabo, que el regreso a clase no era el tal éxito anunciado por el ministro de Educación y los motivos diversos de deserción escolar.
Otros invitados en otras mesas quedaron impactados por los problemas ambientales, de inseguridad, discriminación o violencia que padecen jóvenes de estos sectores y por las soluciones que proponían para superar las situaciones que los agobian.
La interacción entre representantes del empresariado, autoridades municipales y niños, niñas y adolescentes en un pie de igualdad es parte de las acciones que permiten que más sectores se sensibilicen y conozcan la realidad de la violencia estructural que afecta los barrios urbanos marginados y busquen juntos soluciones apropiadas al contexto específico de cada colectivo para poder romper la cadena de la injusticia, la desigualdad y la pobreza.