No le bastó al cada vez más desacreditado, impopular, corrupto e ineficiente gobierno que preside Nicolás Maduro, considerado con mucha ventaja y sobrada razón, como el mandatario más iletrado e inepto del Continente, con todas las arbitrariedades previas a las recién efectuadas elecciones congresuales de Venezuela cometidas para tratar de debilitar a la oposición.

De nada le valió haber despojado a María Corina Machado, la diputada más votada, de su curul congresual, víctima de una perversa maquinación; ni enviar a prisión por catorce años a Leopoldo López y mantenerlo en condición de virtual secuestro; ni apresar al popular alcalde de Caracas para también meterlo tras rejas para que no pudiera participar en el proceso electoral; ni dislocar las circunscripciones electorales a favor del partido gobernante para impedir la apabullante y vergonzosa derrota que sufrió en las urnas.

Fracasados todos esos intentos e impedida toda posibilidad de cometer un fraude en las urnas, alterando la realidad de los cómputos, ahora el hombre cuya ignorancia supina le llevó a  afirmar que “Venezuela y Portugal se encuentran en el mismo continente”, “que los capitalistas especulan y roban como nosotros” y que “los países del Alba están libres de alfabetismo”, entre otros tantos disparates, Maduro y sus compinches se han ideado ahora otra forma de tratar de desconocer el poder otorgado por la inmensa mayoría del pueblo venezolano a favor de los candidatos de la oposición.  Estos, en buena lid, conquistaron 112 curules frente a solo 55 del sector oficial, lo que les conferirá el control de la Asamblea Legislativa a partir del próximo enero.

Primero, Maduro convocó a sus parciales, en su mayoría empleados públicos de una abultadísima nómina burocrática, lo que aquí llamamos “botelleros” porque cobran sin trabajar,  que temen perder sus puestos, a crear un estado de verdadera insurgencia callejera para oponerse a la futura agenda legislativa que llevarán los congresistas de la Mesa de Unidad Democrática.  Esta otorga prioridad a la liberación de los presos políticos y a la adopción de medidas urgentes para frenar el descalabro económico y financiero en que el desgobierno de Maduro ha sumido el país y el disparo de la inflación hasta alturas estratosféricas así como el crónico desabastecimiento de productos de primera necesidad.

No bastándole con ello, la actual Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo y encabezada por Diosdado Cabello, sobre quien pesan las más graves acusaciones de corrupción y narcotráfico, es convocada de urgencia para nombrar once magistrados de la Suprema Corte, de filiación chavista al tiempo de anunciar la creación de un parlamento paralelo de nombre “comunal”, asignándole nada menos que un espacio físico en la misma sede de la Asamblea.  Un grosero gesto de provocación.

Con estas maniobras, Maduro, Cabello y su maltrecho gobierno están convocando al peligroso juego de la guerra, a través de la cual pretenden desconocer los resultados de la voluntad popular, alejando la posibilidad de retornar la democracia a Venezuela. Un intento infame de desestabilizar el país, sumiéndolo en un proceso de incertidumbre que solo puede conducir al caos y la violencia.

Frente a ese despropósito razón de más para que la oposición se mantenga ojo alerta y mida sus pasos con el mayor cuidado al tiempo que es preciso lanzar una clarinada de alerta a fin de  mantener una postura de firme rechazo por parte de todos los gobiernos y pueblos del  Continente con vocación democrática, al igual que de  la ONU y los demás organismos regionales para que no se presten a servir de marionetas al  sucio juego de Maduro y sus compinches.