Opinión

Chivos sin ley

Por Marisol Vicens Bello

En las últimas décadas en nuestro país hemos creado múltiples organismos autónomos con la justificación de desvincular la política partidaria de los mismos, limitar su dependencia del Poder Ejecutivo y garantizar la continuidad de las políticas públicas así como  la idoneidad de las mismas gracias a un personal que sería contratado por razones de competencia y no de afiliación partidaria.

En la práctica ninguno de esos objetivos se  ha cumplido.  Estos supuestos entes autónomos han sido en la mayoría de los casos totalmente dependientes del poder político de turno y sus acciones en muchos casos solo buscan complacer los intereses de dicho poder, dejando de lado la misión que están llamados a cumplir.

Para lo que sí han servido dichas  autonomías es para mal utilizarlas   como estandarte para constituirse en entes intocables  por encima del ordenamiento jurídico del Estado y que pueden auto asignarse privilegios irritantes.

La Junta Central Electoral (JCE) es un vivo  ejemplo de esto.  De conformidad con la Ley Electoral 275-97 está dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio inembargable y goza de autonomía económica y presupuestaria.  La Constitución de 2010 fue incluso más allá al establecer que es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera.

Ahora bien, el que tenga esta autonomía en modo alguno significa que sea un órgano no sometido al ordenamiento jurídico.  Irresponsablemente así lo han tolerado nuestras autoridades  ya que siempre han querido que este organismo les deba favores pasa luego pasarle factura en época de elecciones.

A 10 años de la implementación del Sistema Dominicano de Seguridad Social la JCE sigue sin estar afiliada a este sistema “obligatorio” porque los miembros de la JCE se aferran a mantener un plan privilegiado de retiro y otros beneficios, alegando que si pagaran las cotizaciones de la seguridad social doble cotizarían.  Por más que algunas voces hemos denunciado este hecho, nada ha pasado porque las autoridades, incluyendo las  autónomas   superintendencias de Pensiones y de Salud, simplemente no han querido meterse con la JCE.

La discusión del necesario proyecto de ley de salarios para el sector público se abortó lamentablemente el pasado año porque los organismos autónomos se resisten a estar sometidos a una regulación y protestaron hasta lograr lo que querían, sepultar el proyecto de ley.

Pero como hemos mal acostumbrado a estos organismos a que hagan lo que quieran y nada pase, resulta que la JCE tampoco quiere estar sometida a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones a pesar de que la misma indica expresamente que aplica a las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras, así como  a cualquier  entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones con fondos públicos.

Lamentablemente en este país todo lo tergiversamos y entes que para nada son independientes del poder político como deberían serlo,  quieren escudarse en su autonomía para hacer lo que les venga en gana y actuar como chivos sin ley.  Es hora ya de que corrijamos todas estas distorsiones.

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