La celebración de la fecha de la independencia provoca todo tipo de exaltaciones de amor y orgullo patrio, lo que aumenta en un año preelectoral como el que transcurre, en el que los líderes políticos aprovechan para exponer mensajes de supuesto compromiso patriótico; de lo que no escapa el discurso de rendición de cuentas que por mandato de la Constitución debe dar el presidente en esta fecha ante el Congreso Nacional.
A 175 años de la fundación de nuestra República debemos preguntarnos qué hemos hecho bien y en qué hemos fallado para fortalecer la nación que nos legaron los padres de la Patria que definieron en la Constitución de 1844 que debía estar bajo un gobierno civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable.
Y esa responsabilidad que esperaban de los gobiernos la expresaron de forma clara en el artículo 105 de nuestra primera Constitución que expresa que: “El Presidente de la República, es el celador de todos los abusos de autoridad y excesos de poder que se cometan bajo su administración, y responsable de ellos, si a sabiendas no persigue, o hace perseguir a sus autores, conforme a la Constitución, o a las leyes.” De igual forma en el artículo 116 que dispone que: “Los Secretarios de Estado son responsables, tanto de los actos del Presidente de la República que refrendan, como de los de sus respectivos despachos, y de la inejecución de las leyes.”
Fuerza admitir que ese mandato de responsabilidad no solo se ha incumplido, sino que se ha diluido, y que los excesos de poder y la inejecución de leyes sin que sus autores sean perseguidos y sometidos a la justicia, son parte de nuestra realidad política que promueve la impunidad.
Nos han acostumbrado a que la Constitución y las leyes sean aspiraciones, mandatos de cumplimiento discrecional que son incumplidos o modificados antojadizamente para conveniencia de las mayorías de turno; pero también hemos tolerado al extremo la inexistencia de un régimen de consecuencias.
Al mismo tiempo nos han acostumbrado a que las respuestas a problemas sean aprobaciones de leyes, votadas sin real compromiso de cumplirlas, como parte de una tendencia mediática que busca provocar efectos momentáneos y no soluciones de largo plazo.
Nuestra Constitución vigente ordena la descentralización del Estado, sin embargo, cada vez más profundizamos un Estado no solo centralizado sino personalista, en el que desde el gobierno central se dispone todo, debilitando los gobiernos locales y erosionando la institucionalidad, porque en vez de transferir los recursos correspondientes a estos se prefiere convertir los servicios a los ciudadanos en logros del gobierno central.
Esa debilidad institucional acumulada por años desluce los logros materiales que orgullosamente proclaman las autoridades, porque tenemos un crecimiento indiscutible pero que se ha generado sin debida regulación y planificación, el cual ha estado corroído por la corrupción y que se ha hecho en base a endeudamientos que alcanzan cifras preocupantes sin que se hayan generado reales soluciones.
Y también ha provocado que a pesar de todas las leyes aprobadas en las últimas décadas y de las muchas instituciones creadas, siga siendo un reto alcanzar la independencia de los poderes del Estado, el fortalecimiento institucional y la confianza en nuestras autoridades.
Celebrar la República es mucho más que un mensaje, es actuar cada día gobernantes y gobernados en estricto apego a la Constitución y las leyes, defendiendo los intereses de la Nación y no los particulares. Eso es amor y compromiso patrio, lo demás son simples palabras.