Señor Ministro. En un reciente comunicado, dirigido a todos y a nadie, usted declaró que “el país necesita con urgencia establecer un nuevo bloque de normas en el sector para que las inversiones mineras no sean valoradas a partir del subjetivismo, el capricho, el fundamentalismo y las posturas ideologizantes”.
También expresó que en la minería nacional se requiere garantizar certidumbre a la inversión y tomar decisiones en función de la conveniencia del país, a corto, mediano y largo plazo. De igual manera, enumeró tres normativas –que según su particular modo de ver– “son fundamentales para impulsar una reforma que fortalezca la base institucional de las inversiones mineras, como las leyes de Ordenamiento Territorial, de la Minería Nacional y de Uso de los Fondos Mineros”.
Usted también manifestó su preocupación ante el hecho de que “el país pueda quedar muy mal ante los mercados internacionales en cuanto a su reputación como receptor de capitales cuando una empresa invierte recursos en exploración siguiendo las normas y los requisitos legales establecidos para luego, al dar el paso siguiente hacia la explotación, encontrarse con impedimentos sin base legal”.
Coincidiendo su comunicación pública con el reciente debate sobre la oposición reflexionada de diferentes sectores del país a la explotación del proyecto minero Romero en Juan de la Maguana, no resulta descabellado contextualizar su declaración en este escenario. Si así fuera, ¿ante quién se justifica usted?
Señor Ministro, permítame preguntarle: ¿Quiénes deben valorar la “racionalidad y la viabilidad económica y medioambiental” de las inversiones mineras en el país? Si fuesen atribuciones exclusivas del Estado y de los inversionistas nacionales o extranjeros, quizás, entonces, bien pudieran considerarse como “subjetivas, caprichosas, fundamentalistas e ideologizantes” aquellas valoraciones provenientes de otros sectores que, más que obstruir, ejercen su derecho a opinar diferente y a oponerse a toda explotación minera que conlleva daños, deterioro y afecciones a la salud, la alimentación y la economía de la naturaleza y la del sustento.
Vista su ponderación del tema desde la perspectiva de la democracia ecológica, que se apoya en la fuerza de la construcción de regulaciones medioambientales surgidas mediante la deliberación, sería, entonces, a ustedes a quienes habría que endilgarle comportamientos y valoraciones movidos por el subjetivismo, el capricho, el fundamentalismo y las posturas ideologizantes, no sólo porque pretenden asumir con exclusividad un derecho que debe ser compartido con otros, sino porque también pretenden excluir la valoración ética de la industria extractiva.
Considero incompleto el listado de las normativas que usted propone. En este sentido, considero igualmente importante incluir normativas relacionadas con la calidad de los impactos sociales y ambientales que produce la explotación minera. El interés económico nunca podrá justificar la destrucción de la biodiversidad.
Señor Ministro, admiro su celo “porque el país quede bien parado frente a los inversionistas y los mercados internacionales”. Echo de menos, sin embargo, su preocupación por los daños que dichas explotaciones puedan causar, así como el reconocimiento de los derechos de las comunidades a defender el medio ambiente en que desarrollan su vida y realizan su economía de sustento y supervivencia. ¡Cuide por igual la “salud del mercado” y la salud de nuestro medio ambiente y el bienestar de las personas!
En cuanto al uso de los Fondos Mineros, esperemos que se obre “el milagro de la diafanidad gubernamental”. Si bien es cierto que no hay evidencias de que estén siendo mal usados, tampoco las hay que estén siendo bien usados. Lo que sí es evidente es que no se observan esfuerzos para hacer visible esto último.
Señor Ministro, hoy día la explotación minera necesariamente debe ser sometida a procesos rigurosos de transparencia, tal como lo contempla la “Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que es encabezada por los gobiernos pero que, sin embargo, los principios y criterios de la EITI exigen la participación del sector privado y de la sociedad civil.
Países como México, Perú, Chile y Colombia han creado grupos mutipartícipes nacionales para la aplicación de la Iniciativa EITI. Colombia, por ejemplo, creó la Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI. La misma está conformada por organizaciones no gubernamentales, universidades, fundaciones, gobiernos locales, organizaciones sociales y expertos que estén vinculados al análisis de las industrias extractivas (hidrocarburos y minería) y que, además, tengan experiencia y trayectoria en monitoreo de políticas públicas.
Finalmente, Señor Ministro, nos alegra saber que el país es signatario de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI, pero más nos alegra saber que “el EITI tiene algo interesante que no tienen otros estándares y es que la sociedad civil puede bloquear el proceso, que éste no avanza sin el visto bueno de la sociedad civil”. Y esto nos da poder para opinar, “valorar” y exigir transparencia, sin ser considerados caprichosos, fundamentalistas o enemigos de la economía nacional.
Con mis saludos cordiales.