El próximo 16 de junio vence el plazo otorgado por el Plan de Regularización de Extranjeros y desde ya podemos afirmar, que la gran mayoría de los nacionales haitianos residentes en el país con situación migratoria irregular no van a ser regularizados por una sencilla razón: la República Dominicana no puede suplir el estado de carencia de documentos prevaleciente en el país vecino desde hace décadas.
Muchos escollos se han levantado para que el Plan de Regularización no tuviera éxito. En primer lugar la comunidad internacional preocupada por el tema, los organismos multilaterales como la OEA y la ONU, así como las Ongs nacionales e internacionales hicieron poco o nada de esfuerzo para que Haití documentara a sus nacionales, incluso a los que aún viven en el país.
Del lado nuestro, tal como lo afirmara el presidente Danilo Medina en su discurso el pasado 27 de febrero, durante décadas el Estado dominicano “arrastró serias deficiencias institucionales y legales en materia de migración. Señaló que los problemas se fueron acumulando, sin que ningún gobierno ordenara el sistema migratorio de manera permanente”.
Para que ustedes puedan comprobar, amables lectores, la OEA prometió con “bombos y platillos” ayudar a los haitianos para la documentación. Esto ocurrió a mediados de junio del 2014. El organismo diseñó el famoso "Diagnóstico para la identificación de los migrantes haitianos residentes en la República Dominicana" y lo entregó tanto a las autoridades haitianas como a las dominicanas.
Se prometió que una vez que las autoridades de ambos países ofrecieran sus observaciones y sugerencias la OEA "buscaría asistencia financiera de la comunidad internacional".
El Diagnóstico proponía pasos para otorgar en un periodo de 18 meses y mediante 23 oficinas y una unidad móvil certificados de nacimiento y tarjetas de identificación a unos 200.000 migrantes haitianos que viven y trabajan en la República Dominicana.
Esto parecía un sueño esperanzador, y ahora tenemos la triste y penosa realidad de miles de indocumentados haitianos en el país, familias enteras por generaciones y otros que llegan indocumentados como siempre, por lo que el ciclo de carencia de documentos continúa.
Yo afirmé en meses pasados que el Plan de Regularización estaba condenado a no tener éxito por más buenas intenciones que tengan las autoridades dominicanas. Ya está comprobado que Haití tiene el 80% de su población sin documentos, y que para revertir ese proceso no basta solamente un decreto que organice y regule la situación migratoria, se necesita también la voluntad del gobierno haitiano con la ayuda de la comunidad internacional.
La carencia de documentos de Haití no es un tema exclusivo de las relaciones domínico-haitianas, también de Bahamas, país que deporta masivamente haitianos indocumentados y tal como expresara el Ministro de Asuntos Exteriores de ese país Fred Mitchell la inmigración haitiana irregular hacia ese país “continuaba siendo un problema molesto, consistente y caro”.
La realidad es que mientras para Bahamas que deporta haitianos sin consideración es un problema “molesto consistente y caro” para República Dominicana es una pesada carga que no podemos soportar. El gobierno dominicano debería concentrarse en una campaña internacional para buscar recursos financieros y humanos, luego que el plazo termine.