La Junta Central Electoral (JCE) acaba de anunciar que el próximo 15 de febrero dictará la proclama que declarará abierto el período electoral, a pesar de que existe una campaña desde que finalizaron las elecciones congresionales y municipales en mayo de 2010; e iniciaron los aprestos reeleccionistas así como las primarias  de los  partidos.

Esta larga y costosa campaña que desvía fondos que debieran utilizarse para educación u otros importantes propósitos y concentra indebidamente la atención de funcionarios públicos en temas ajenos a sus funciones, en poco  contribuye a  que los  votantes adquieran un mejor conocimiento de los candidatos, sus ideas y lo que ha sido su hoja de vida.

En democracias desarrolladas como por ejemplo las de Estados Unidos de América y Francia, que celebrarán igualmente elecciones presidenciales en este año 2012, los candidatos a dirigir las naciones más importantes del mundo se eligen apenas unos meses antes del torneo electoral; con la diferencia que  durante ese relativamente corto período  se conoce mucho sobre la vida de esos candidatos que deben someterse a debates y  se ven forzados en ocasiones a abandonar sus ambiciones, como fue el caso de Dominique Strauss Khan en Francia, o a informar sobre sus declaraciones de impuestos, como aconteció con Mitt Romney en los Estados Unidos.

A pesar de que en nuestro país los dos principales candidatos  han ocupado distintas posiciones públicas y otras privadas, poco o nada se hurgará sobre su  patrimonio, el pago de sus impuestos y sobre cómo contrastan sus promesas de campaña con  sus actuaciones anteriores.

La JCE ha preferido siempre lavarse las manos diciendo que no tiene cómo regular las campañas electorales a pesar de que la Ley 275-97 es clara al definir el período electoral de 90 días y la igualdad de acceso a medios de divulgación; lo que ha cobrado especial importancia desde que en el 2003 el Estado quedara a cargo de una red de medios  como consecuencia de los fraudes bancarios.

La ley electoral también faculta a la JCE para tomar medidas contra las agrupaciones políticas que realicen campañas que atenten contra la decencia y la dignidad de los partidos o sus candidatos, es decir campañas sucias. Sin embargo la JCE prácticamente no ha  usado  estas facultades.

Más aún, la Constitución vigente  dispone que la JCE "velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad" y "transparencia en la utilización del financiamiento"; otorgándole incluso facultad  para "reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación";  lo que a todas luces  la JCE no ha tenido  interés en cumplir.

Y es que  mientras  los miembros de la JCE actúen movidos por intereses políticos y no por compromiso  responsable y valiente con su misión, la ley electoral y la misma Constitución serán letra muerta y los políticos seguirán  despilfarrando miles de millones en campañas electorales sin dolientes que las regulen y con muchas víctimas que las sufran.