Aunque pudiera parecer extemporáneo el tema de la campaña electoral 2020 y su lista de candidatos en actividades proselitistas , unos encubiertos, otros abiertamente, ha puesto en la palestra pública uno de los aspectos fundamentales para la preservación y la sostenibilidad de la práctica democrática en nuestro país.
No es de ahora que las campañas políticas en la Republica Dominicana son celebradas por todos los partidos como se dice popularmente “como chivo sin ley”, a pesar de que se ha contado por más de cuatro décadas con una serie de leyes las cuales han sufrido tantos cambios como violaciones a las mismas han sido verificadas.
Estas violaciones son más notorias en los aspectos referidos a la propaganda en campañas presidenciales. La primera gran violación y la que más molesta a los potenciales electores de todos los partidos, es el referido a la puesta en vigencia prematuramente del periodo de campaña electoral, cuyas directrices han sido generalmente irrespetadas por todos los contendientes.
El artículo 88 de la Ley Electoral expresa que “El período electoral se entenderá abierto desde el día de la proclama, y concluirá el día en que sean proclamados los candidatos elegidos”.
Asistimos ahora a una nueva modificación a la Ley Electoral. En este caso la reforma debería enfocarse en el límite de tiempo hábil para el ejercicio político en campañas electorales.
Ya Acento.com en uno de sus editoriales reflexionando sobre este particular afirmaba que “La cuestión es que, contrario a lo que manda la ley electoral, el país ha entrado precipitadamente en una campaña electoral apresurada, costosa, envolvente y que distrae al gobierno de las tareas fundamentales que tiene por delante, para dedicar una parte de sus recursos humanos y económicos a los temas que tienen que ver con el desempeño electoral del partido oficialista”.
Nuestra esperanza y la de la inmensa mayoría de los dominicanos es que la aprobación y puesta en vigencia de esta nueva reforma a la ley electoral, siempre y cuando se apliquen las sanciones condignas a los violadores de la misma, sitúe al país en el concierto de los más avanzados de Latinoamérica y del mundo, en materia de normativas, reglamentaciones y preceptos para una más civilizada competencia entre los entes políticos.