Los tenedores de bonos dominicanos empiezan a preocuparse por la evolución de la economía dominicana. Las políticas públicas que coordina la cúpula empresarial, hasta el momento no han detenido la contracción de la economía y los pronósticos de los organismos internacionales tampoco lucen halagüeños. Sin embargo, el gobierno anuncia la recuperación, utilizando informes provenientes de bancos de inversión, que unido a los retrasos de la publicación de los informes de la economía del Banco Central (BC) pretenden mostrar que el desempeño de la economía será favorable en poco tiempo.
De hecho, las informaciones disponibles no sugieren que la economía se encuentre en un proceso de recuperación. De acuerdo al Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), se proyecta un crecimiento anual promedio para el 2021 de 5.2%, luego de una contracción de 4.4% en el 2020. Esto significa que la tasa anual de crecimiento de la economía mundial para el 2021 será de -2.2% con respecto del 2020. Esta situación de la economía mundial gravitará negativamente sobre el desempeño dominicano considerando su grado de apertura y su dependencia del turismo, las remesas, la inversión extranjera directa (IED) y la contracción de la economía americana.
El BC proyecta que la contracción de la economía dominicana sería de 6% para el 2020, pero afirma asimismo que superará el promedio del crecimiento de la región latinoamericana que se proyecta en -8.8% para este año. Pero las proyecciones tempranas del BC indican que la recesión es de mayor profundidad; puesto que a junio el producto se contrajo en 16.9%, mediante el índice mensual de actividad económica (IMAE) y proyecta que para el tercer trimestre de este año la contracción sea del orden de 7.2%.
El BC prefiere analizar el comportamiento del producto a partir de los sectores, evitando examinar los efectos de sus políticas sobre los agentes económicos. Por eso, el análisis de los componentes de la demanda agregada compuesta por consumidores, inversionistas, gobierno y exportaciones resulta de mayor utilidad para la evaluación de los resultados de las políticas públicas.
La demanda agregada de la economía dominicana se ha contraído sustancialmente durante los primeros nueves meses de este año. En primer lugar, el consumo final, que representó el 90% del PIB durante abril-junio de este año, ha experimentado una significativa desaceleración al pasar de 3.1% en el primer trimestre de este año a -6.9% durante abril-junio. Esta reducción se produjo aún en el marco de la puesta en marcha los programas sociales complementarios de FASE y Pa’ti que persiguieron mantener el nivel del consumo final.
Este objetivo no se logró por cuanto el consumo final pagó ITBIS y al hacerlo redujo el nivel de la demanda efectiva, contribuyendo a mantener la tendencia recesiva de la economía por el comportamiento de una variable que por el lado del gasto representa el 90% del producto. En efecto, en abril y mayo los impuestos sobre bienes y servicios se contrajeron; la caída fue de RD$8,329.0 millones en abril respecto del nivel alcanzado en marzo y en mayo las recaudaciones cayeron en RD$4,040.0 millones. Hubo una recuperación entre junio y septiembre alcanzando un promedio de RD$25,289.5 millones, similar a lo recaudado durante el primer trimestre del año.
Pese a las políticas fiscales y monetarias expansivas adoptadas por las administraciones del PLD y el PRM, persiste la tendencia recesiva de la economía dominicana. La expansión fiscal ha tenido efectos limitados (tal y como se comentó previamente) y la política monetaria ha favorecido a la banca privada, resolviendo sus problemas de deterioro de la cartera de créditos y la necesidad de capitalización del sector, situación similar a la ocurrida entre 1996-2000. Tanto así que hoy el mantra de la gradualidad de la capitalización de los bancos comerciales retorna al debate entre los reguladores del sistema financiero, al margen del supervisor. El hecho relevante es que las tasas de interés no reaccionaron a la expansión monetaria, limitando el acceso al crédito de medianos y pequeños empresarios; de la misma manera que ha limitado el consumo de las familias a través de préstamos bancarios. La combinación de estos factores resta dinamismo a la recuperación de la oferta y la demanda agregadas.
Por otro lado, las elevadas tasas de interés frenan la inversión que forma parte de la demanda agregada. En este sentido, los datos muestran que la inversión se contrajo significativamente en el segundo trimestre de este año, al caer 34.2% en abril-junio. El FMI estima una contracción de la inversión total, como porcentaje del PIB, de un 6% para el 2020, al pasar de 26.0% en el 2019 al 20.9% del PIB. Vale pena destacar que investigaciones elaboradas en el BC, acerca de la contabilidad del crecimiento económico, señalan que la productividad del capital es uno de los factores que más contribuye a la expansión del producto; de manera que, la caída de la inversión afectaría su productividad, así como la ganancia, la acumulación de capital y finalmente al crecimiento económico. Y como si todo esto fuera poco, el ahorro nacional resultó insuficiente para financiar la inversión, al contraerse en 9.8%, pasando de 24.6% en el 2019 a 14.8% del PIB al finalizar el presente año, según el FMI. La contracción de la inversión contrae el producto y afecta la tasa de desempleo; la que ha pasado del 6% en el 2019 al 16% de la población económicamente activa en el 2020, según el BC. Esto resulta consistente con la contracción del consumo y de la inversión.
La situación de la demanda agregada empeora si se considera el comportamiento de las exportaciones. Las exportaciones se cayeron a un ritmo de 0.21% en el 2019 y el FMI estima que la contracción sería de -21.8% para el 2020; lo cual aumentará el déficit de la cuenta corriente que el FMI estima en 6.0% del PIB para el 2020. Este resultado se relaciona con la reducción de la inversión extranjera directa (IED), las remesas de los dominicanos residentes en el exterior y la contracción de la economía americana.
Las autoridades deben reflexionar sobre los efectos de sus políticas porque, a excepción de un exagerado optimismo, los datos no sugieren una tendencia a la recuperación de la economía. En una sociedad democrática, las políticas públicas deben mejorar el bienestar de toda la población, y no permitir que grupos particulares prosperen a expensas del resto de la sociedad, para evitar que la anarquía social se imponga.