Los procesos judiciales desatados por el escándalo Odebrecht han desafiado la independencia y eficiencia del sistema. Los resultados inmediatos no son los mejores indicadores, pero ponen en perspectiva el tema. Una historia judicial de escasos rendimientos en materia de corrupción pública pudiera ser un buen referente para desconfiar, pero tampoco es suficiente. En Odebrecht han concurrido condiciones singularmente originales que le imprimen al caso cierta atipicidad y que estrenan al Poder Judicial en el uso de figuras, tipos, procesos, actores e instrumentos nunca manejados.
Es la primera vez que el Ministerio Público dominicano instruye la acusación derivada de una compleja red de criminalidad internacional de naturaleza política. Ese hecho y la presión social han sido decisivos para que haya personas procesadas y que todavía se hable de Odebrecht en la República Dominicana. Por igual, es la primera vez que el país apela a instrumentos de cooperación judicial internacional, como los provistos por la Convención de la ONU contra la Corrupción, para sustentar investigaciones locales. También es un hecho inédito que un gobierno en pleno ejercicio se vea confrontado por la sociedad para que asuma sus responsabilidades frente a un proceso dirigido por una autoridad judicial dependiente. Tampoco se conocen precedentes de un caso que pueda involucrar a funcionarios de tres administraciones y legisladores de iguales periodos.
Esos atributos convierten a Odebrecht en el mayor reto para que el sistema judicial dominicano pruebe sus límites. Y los primeros en estar persuadidos de esa verdad son los propios fiscales y jueces que intervendrán en su instrucción, juicio y fallo. Si estos actores no se sienten convocados por el peso de esas circunstancias, dudo que los resultados sean distintos a los que hemos tenido. Me preocupa que las señales enviadas hasta este momento no reflejen esa comprensión. Veamos.
No sé si el Ministerio Público está consciente de que no puede manejar este caso con la estructura operativa de siempre. No dudo de la idoneidad del equipo del procurador, pero definitivamente no es el mejor para las exigencias de una acusación robusta y sostenible. Este caso precisa urgentemente de un auxilio de mayor alcance y calificación porque sus posibilidades están atadas a la fortaleza o no de la instrucción probatoria y, en esa materia, más que criterios jurídicos, se imponen experticias técnicas de otro tipo y calado. Si para algo sirvió la solicitud de medidas cautelares del Ministerio Público fue para, al margen de sus resultados, anunciar las bases probatorias de una futura acusación y en ese aspecto los elementos y evidencias revelados son decepcionantes, especialmente para la tipificación del soborno.
Se pensaba que los aportes de las confesiones y delaciones premiadas obtenidas en Brasil iban a ser más concretas, pero fueron menciones testimoniales que señalan sospechosos, presunciones y circunstancias sin una traducción probatoria relevante que pueda ser fehacientemente corroborada por las autoridades dominicanas, como cuentas, transferencias, pagos, recibos y descargos, entre otros. En palabras más crudas, lo de Brasil parece ser un fiasco y la procuraduría dominicana, que descansó en esa investigación para aligerar sus responsabilidades, tiene ahora que salir al recaudo de una prueba difícil que generalmente no deja rastros. Pero, además, la imputación del enriquecimiento ilícito basada en la inconsistencia entre el patrimonio declarado y el comprobado es muy frágil, porque, además de ser técnicamente controvertible, en la cultura corporativa de la elusión, típica de estos casos, la mayor parte del patrimonio sumergido, especialmente en activos financieros, se encuentra a nombre de terceros a través de sociedades extraterritoriales en cuentas y registros de jurisdicciones offshore protegido por la confidencialidad. En palabras más francas: aquí se declaran y se manejan los chelitos, los cuartos están afuera; me parece absurdo discutir valores de muebles, carros y obras de arte. De manera que al Ministerio Público le espera un trabajo ingente que no solo puede facilitarse, sino también potenciarse con la cooperación internacional. Por eso insisto en fortalecer la investigación con el apoyo de auditores forenses, expertos en ingenierías financieras y corporativas y en lavado internacional, preferiblemente extranjeros (no por Guacanagarix, sino por independencia) así como de investigaciones conjuntas con las agencias de los Estados Unidos, el Ministerio Público de Brasil y las autoridades judiciales de las principales jurisdicciones offshore de la región.
Este requerimiento se agrava porque el procurador no realizó en tiempo oportuno ninguna diligencia sustancial para recabar pruebas. Salvo el allanamiento de las oficinas de Odebrecht, los imputados fueron simplemente interrogados en una investigación muy amistosa. Esta actitud tan pasiva alentaba la esperanza de que el expediente estuviera forrado de pruebas; la realidad es que ahora hay más dudas que al inicio, sin la seguridad de que el Ministerio Público tenga a mano toda la información que debía tener y a la que Odebrecht se obligó a entregar en el famoso acuerdo.
Este no es un casito que pueda sustentarse con declaraciones de patio. Y cuidado con el argumento de las limitaciones presupuestarias; para casos de menores implicaciones el Estado ha procurado asistencia y representación legal de apoyo al Ministerio Público. Estamos hablando del caso más grande de corrupción de la historia. Un presupuesto igual al destinado a la compra de cajas navideñas del Senado y de la Cámara de Diputados sería suficiente para empezar; lo que hace falta es voluntad.
Es tan crítica, crucial e imperativa la asistencia técnica internacional, que la decisión del Ministerio Público de recurrir o no a ella determinará la medida de su compromiso y confiabilidad. Enfatizo: si las investigaciones se quedan en el país y con el equipo de planta del procurador, la suerte de este caso estará marcada y les dará a los jueces la oportunidad de acreditar un fallo de absolución, condenando a la sociedad al perverso juego de imputaciones recíprocas entre el Ministerio Público y la judicatura sobre quién es el responsable o no de la impunidad. Ese one-two lo conocemos bastante bien y bajo su sombra se han anidado las más oscuras complicidades.