El oportunismo tiene doble cara. Un diccionario lo define como la “actitud de la persona que, generalmente en sociedad, se acomoda a las circunstancias para obtener provecho, subordinando, incluso, sus propios principios.” Pero la otra connotación se refiere a la “habilidad para aprovechar las oportunidades.” De esta segunda acepción emerge la promesa del presidente Abinader de una modificación constitucional para entronizar, principalmente, la independencia del Ministerio Publico y de los jueces de la JCE. Inspirada en los altos intereses de la nación, la propuesta exuda sapiencia política, pero sin los aliados necesarios podría quedarse al garete.
Durante la campaña electoral el presidente Abinader había prometido una modificación constitucional para garantizar la “independencia del Poder Judicial y recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura.” Ratificó la promesa en una entrevista del pasado 12 de los corrientes ante los medios de prensa del Grupo de Comunicaciones Corripio: "Tengo que dejar ese legado en este país, vamos a incluir en la Constitución que nunca más el Ministerio Público dependa de decisiones políticas de un presidente". Esa reforma deberá tambien abarcar a la Junta Central Electoral (JCE) para que sus miembros tengan completa independencia para actuar. "Tenemos que trabajar por un país tranquilo a nivel institucional, lo voy a promover y espero que muchos sectores me acompañen en eso."
Abinader volvió sobre el tema en su discurso del miércoles pasado. Dijo entonces que "a partir de mañana enviaré una comunicación a los líderes de los principales partidos y organizaciones sociales y empresariales para que me acompañen en esta tarea". Su propósito es "blindar" a través de la Constitución los avances democráticos que ha alcanzado su Gobierno en la lucha contra la corrupción y la separación de los poderes del Estado. "En este mandato aspiramos a completar todas las transformaciones democráticas para convertirnos en un país capaz de garantizar los derechos de todos sus ciudadanos." Una meta ambiciosa pero muy deseable.
No cabe duda de que, de lograrlo, ese sería el legado más importante de su periodo de gobierno. Esto así porque, junto a las otras 12 reformas que pretende acometer con ayuda de los partidos políticos y de la sociedad civil, los elementos constituyentes del “legado” transformarían la nación. Si logramos estas reformas institucionales no importará tanto lo que progresemos en términos económicos (empleo, crecimiento, inversion, etc.) o sociales (disminución de la pobreza, protección social). De ahí que las intenciones del presidente Abinader lo califiquen como un heraldo de la anhelada institucionalidad, la cual es una base fundamental del desarrollo.
Ahora bien, ese ambicioso tinglado de reformas no podrá cumplirse si no le arriman el hombro al presidente. Está claro que las modificaciones constitucionales –carentes de un clandestino propósito de lograr una reelección—no pueden concretarse a menos que los partidos PLD y Fuerza del Pueblo presten su bienhechor concurso en el Congreso. (Consciente de lo que podría significar frente al electorado una negativa a la reforma, ya el PLD ha anunciado que apoyará esas modificaciones.) Y lo mismo aplica a las otras 12 reformas que pretende la voluntad presidencial. Porque la pandemia ha menguado los conflictos y querellas políticas se puede albergar una esperanza de que en la coyuntura se pueda materializar una actuación política mancomunada.
Es precisamente esta coyuntura la que ha sabido aprovechar el presidente Abinader para ratificar y formular las propuestas mencionadas. Reconociendo que esperar al 2022 arriesga el clima de convivencia, ha planteado ahora las iniciativas mencionadas, al terminar su primer año de gobierno con una alta cota de popularidad, Ya a finales del 2022 comenzarían los escarceos electorales y el clima se tornaría inhóspito para aspirar a una cooperación sincera de la oposición, no tanto así de la sociedad civil. Aunque por su aire algo triunfalista al discurso de la pasada semana se le podría acusar de proselitismo político prematuro, la verdad es que se escogió el mejor momento de la gestión para avanzar las propuestas de cambio institucional.
Pero si bien el oportunismo presidencial debe elogiarse, tambien debe advertirse que el quehacer presidencial debe dar un giro en los próximos 12 meses. La preocupación por la pandemia y la recuperación económica debe ceder espacio en la agenda presidencial a la adecuada orquestación del apoyo ciudadano y político a las reformas planteadas. El presidente Abinader puede seguir asistiendo a inauguraciones y eventos populares, pero lo principal de ahora en adelante debe ser la articulación de los partidos y el involucramiento de la sociedad civil en apoyo a las reformas. Entre el desarrollo económico y el institucional debe primar este último en el corto plazo porque a partir del 2023 no habrá un clima propicio para las reformas.
La coyuntura reclama un sólido espaldarazo de la sociedad civil a la iniciativa de reforma constitucional. Aunque los partidos políticos son los que imponen la brújula a nivel congresual, estos deben sentir que la sociedad que se manifestó el pasado año en la Plaza de la Bandera y en las demostraciones de la Marcha Verde sigue aspirando a estas reformas. Ellas disminuirán la discrecionalidad de los funcionarios y políticos. Los partidos podrán inscribirse en la oleada histórica de las reformas propuestas, pero esas reformas limitaran su radio de acción y el consecuente menor control no será de su mejor gusto.
Entre las reformas propuestas, lo primordial seria la entronización de un Ministerio Publico independiente. Si bien es cierto que la historia de la humanidad ha demostrado que siempre habrá corrupción, ese flagelo se controla asegurando que no haya impunidad. Por su afanoso trajinar del último año el presidente Abinader ha convencido al grueso de la población de que es “el presidente de las buenas intenciones”. Pero el principal y más encomiable “legado” que puede dejar de su paso por el poder es que se le perciba como “el presidente de la transparencia”. Por eso blindar la independencia del Ministerio Publico comporta la mayor trascendencia, amén de que sería un homenaje póstumo a la bien ganada honorabilidad de su padre.
El presidente está ahora retado para pasar del sacro oportunismo a la venerable entronización de la institucionalidad. Ya debe dejar un poco de lado a la pandemia y a la recuperación económica para emplearse a fondo en esos menesteres. En vista de que lo económico es lo que más mueve al electorado, el giro en sus prioridades tornaría difícil que pueda aspirar a una reelección. Él podría perder el camino porque una mayor institucionalidad no le proveería una inmediata empatía electoral. Las repercusiones de la institucionalidad tardan en concretarse y en el horizonte electoral no es seguro que jugarían el papel preponderante. Ese es el peligro y por eso el llamado de la hora es reclamar vehementemente, por oportunas, las reformas.