La alarma provocada por una escena de violencia en un colegio de Bayaguana,  ha provocado reacciones de autoridades del MINERD, así como de parte de diversos sectores, que no dejan de sorprender. Pareciera como si los actos violentos fueran ajenos a nuestros centros educativos cuando, en realidad, la violencia escolar multiforme es un fenómeno endémico, sistémico, que esta columna y distintos medios han venido denunciando desde hace varios años y que no se detiene en la puerta de escuelas y colegios.

Con este incidente se demuestra una vez más que  somos una sociedad reactiva en la que el Estado apaga fuegos pero no cumple con su papel de protección y prevención. Crecemos en infraestructuras escolares sin tener la capacidad de asumir su buen funcionamiento ni de asegurar la calidad de la docencia, ni tampoco la vida de la comunidad educativa intramuros. Con los recursos del 4% es fácil extender el acceso, pero mejorar la calidad, los contenidos y la forma de impartirlos no lo es.

Como en muchos aspectos de nuestra vida social  en la educación compiten  varios lenguajes y enfoques contradictorios. Hoy en día, a nivel macro, hablamos de un enfoque de derechos que se aplica en todas las esferas de la sociedad y que toca las escuelas. Es un enfoque transversal que debe ser parte de  todos los currículos. Se trata de una visión que no se concreta simplemente enseñando la Constitución en las escuelas, sino fomentando el derecho a la participación, el derecho a ser escuchado y reconocido, el derecho a la educación sexual y a la salud reproductiva y a la laicidad. Sin embargo, la vida escolar es todavía vertical -a la vieja usanza- en la mayoría de los establecimientos públicos. 

En la Fundación Abriendo Camino, para lograr mejorar el impacto sobre cientos de niños, niñas jóvenes y sus familias, hemos puesto en marcha un Parlamento, concebido como una medida educativa ciudadana. Participan en este parlamento representantes de todos los grupos que hacen vida en la institución, los niños de los grupos de nivelación escolar,  de alfabetización,  los usuarios de la biblioteca, los participantes en las actividades culturales sabatinas, los estudiantes de INFOTEP, los jóvenes del club de adolescentes, los padres, los facilitadores,  los voluntarios,  y los comunitarios. 

Todos estos grupos, después de haber recibido una formación de dos meses -adecuada a sus respectivos niveles- sobre participación y democracia, realizaron su selección de candidatos después un proceso de campaña electoral. Todos y todas  votaron para escoger dos representantes por grupos para ser sus voceros en el parlamento.

El Parlamento ya se ha reunido tres veces. Quién fue electo y no asumió seriamente sus funciones ha sido reemplazado. Es notable que en cada sesión ha mejorado la participación, la asistencia de personas de la comunidad y, sobretodo, la calidad de las propuestas de los distintos  grupos a favor del bien común. Oír las voces de niños y adultos es saber por dónde andan las cosas.

Llama la atención que desde la segunda sesión del Parlamento los mismos grupos  de niños y usuarios escogieron la violencia como tema de preocupación, llamando la atención sobre el hecho que ellos sufrían de la violencia en la calle, en sus escuelas, en sus familias. 

Se dice que  somos un país de baja institucionalidad, pero no hay mejor formación democrática que el ejercicio del derecho a la participación de los niños para que entiendan que su voz de niños vale hoy y que su voz de ciudadano valdrá mañana. Lo interesante de este tipo de  abordaje es que permite hacer entender a los grupos que conforman nuestra comunidad que sus preocupaciones son válidas y que las compartimos.

Les permite entender que las medidas cuestan tiempo, dinero, esfuerzos, y que hay  escalas de tiempo. Se les puede explicar los diferentes niveles de participación. Hay medidas que dependen de una ONG, otras de la comunidad, de la familia y que hay  responsabilidades que incumben al gobierno y que éstas no son dadivas sino obligaciones. 

Es gracias a los aportes de este colectivo y a sus sugerencias que, como institución de servicio a beneficio de la comunidad,  podemos mejorar nuestras prácticas y la lucha contra la violencia por ser un cáncer que corroe la sociedad es una de las prioridades que nos hemos fijado.