La convocatoria efectuada por el presidente de la República del Consejo Nacional de la Magistratura es un hecho esperado al cual debemos prestar la mayor atención para hacer lo necesario en aras de promover una mejor selección de jueces a pesar de la abrumadora mayoría que tiene el presidente en dicho órgano y evitar que se repita lo sucedido en la última selección del año 2011.
En la presente coyuntura en la que los escándalos de corrupción y el historial de impunidad de los políticos han hecho entender mejor a una parte de la sociedad la trascendencia de una justicia independiente, esperamos que haya una mayor participación de la ciudadanía para que esta selección no se trate de una recomposición de fuerzas a lo interno de las Altas Cortes entre uno y otro líder del partido oficial, sino de la mejor selección posible que aumente los insatisfactorios niveles de independencia de las mismas.
Nuestra Constitución para el caso de la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia prevé expresamente que las tres cuartas partes de estos deben ser seleccionados de jueces pertenecientes a la carrera judicial y la restante cuarta parte entre abogados, académicos o miembros del Ministerio Público.
Por su parte la ley orgánica del Consejo prevé que al momento de elegir sustitutos de un juez que perteneciera a la carrera judicial, deberán escogerlo entre los miembros de dicha carrera.
La carrera judicial ya alcanzó su mayoría de edad con 18 años de iniciada por lo que tenemos a mano una valiosa información para determinar quienes conforme el historial registrado, merecen ser promovidos a jueces de la Suprema, y quienes por su irregular o insatisfactorio desempeño deben ser desestimados.
En esta selección debe tomarse en cuenta el escalafón judicial establecido por la Ley de Carrera Judicial, por lo que los candidatos a ser promovidos deben ser jueces de cortes de apelación y cortes similares especializadas, del Tribunal Superior de Tierras y del Tribunal Superior Administrativo, por eso es urgente que se efectúe una profunda investigación de su historial como jueces y su trayectoria personal. Lo mismo debería hacerse con los candidatos que provengan de la carrera del Ministerio Público.
Lo primero que debería hacer el Consejo sería dictar un nuevo reglamento sobre su metodología de trabajo, pues los reglamentos dictados en el 2011 son muy pobres y dan demasiada discrecionalidad al que ostente la mayoría, en este caso el presidente, ya que disponen que “Para lo no previsto en el presente Reglamento, el Consejo Nacional de la Magistratura tomará la decisión que estime conveniente”.
Por eso es necesario incluir disposiciones que mejoren el procedimiento de selección, su transparencia y la participación de la sociedad en la formulación de objeciones, para asegurar que tanto la escogencia entre los jueces de carrera judicial, como entre miembros del Ministerio Público y abogados, garantice mayores niveles de idoneidad.
En el caso particular del Tribunal Superior Electoral, el nuevo reglamento debe establecer que sus miembros serán sometidos a una evaluación de desempeño similar a la que se debe hacer con los de la Suprema Corte, si algunos o todos de los actuales jueces figurarán entre los elegibles. Su corta existencia ha demostrado que su composición política ha infligido un grave daño al sistema de partidos habiendo causado incluso divisiones a lo interno de algunos y fragmentación de la oposición, por lo que una selección que asegure mayores niveles de independencia e imparcialidad es indispensable si queremos trabajar por el fortalecimiento de los partidos y por ende de la democracia.
Hagamos lo necesario ahora para exigir que la abrumadora mayoría del Consejo no le de nuevamente un palo acechado a la institucionalidad, la independencia judicial y la democracia.