Los últimos destapes corruptivos de Odebrecht, que salpican la cúpula del poder vinculada a Punta Catalina, no pueden quedar impune y confiamos que el procurador haga algo al respecto. Lo que no compartimos es que se le quiera cargar el dado a un consultor independiente que al margen de sus altos honorarios (que siempre ha sido así) lo quieran coger de chivo expiatorio. ¿Quiénes cobraron esos US$39 millones de sobornos entre los funcionarios que decidieron escoger a Odebrecht antes que ahorrarle al Estado cientos de millones de dólares?
Como siempre, cortando por las ramas más débiles o agarrando los mangos bajitos, como el caso de los Super Tucanos que lleva años cogiendo a los dominicanos de pendejos.
O van todos los funcionarios involucrados a la justicia, incluyendo firmas consultoras, o no va ninguno, para que cada cual tengan la oportunidad de demostrar su inocencia en los tribunales o que los fiscales demuestren su culpabilidad y paguen. Porque tarde o temprano la pagaran ya que los casos de corrupción no prescriben.
¿Qué pasa con Punta Catalina? De una supuesta semana fuera de operación para no se qué, ya van 7 semanas. Que digan la verdad y sean trasparentes porque esa planta ha sido la peor pesadilla para este país. Y en manos del gobierno nunca será otra cosa que una planta ineficiente, con una nómina sobrecargada de empleados y consultores innecesarios y en constante prende y paga. Su venta es la única salida para salvar ese desastre.
Y los apagones seguirán con o sin Punta Catalina porque aquí la energía muy pocos la pagan y mucho de los grandes consumidores se la roban. US$800 millones es el subsidio a la electricidad cada año, mientras las EDES estas saturadas de sobrecostos (nóminas y grandes despilfarros) para satisfacer los intereses políticos del gobierno.
La luz será siempre un lujo para los dominicanos mientras parte de la generación y toda la distribución y la transmisión estén en manos del estado. 60 años de mala experiencia parece que no son suficiente para entenderlo.
Los conflictos salariales continuaran porque la decisión tomada por los sindicatos y el gobierno es arbitraria y no considera la reclasificación de las empresas. Ya hay amenazas de huelga por parte de la Asociación Dominicana de Comerciantes y el CONEP no parece estar conforme con la medida.
El problema que hay que resolver antes que el salario es la doble tributación a la seguridad social (cesantía y pensión) que eleva el costo de contratación a niveles prohibitivos. Un Código Laboral moderno va primero que cualquier cosa. Por eso vivimos en un país que debería llamarse Republica Informal Dominicana.
Se agotan los instrumentos monetarios para reactivar la economía. Mientras tanto, no existe la más mínima posibilidad de una reforma fiscal y muchos menos de una reforma institucional que sanee las finanzas de un gobierno derrochador, cargado de mucha corrupción y envenenado por el clientelismo, que para colmo se mantiene a la deriva por la reelección.
Las instituciones públicas se encuentran en una situación donde si la reelección no pasa muchos de sus capitanes y contramaestre se lanzarán al mar dejando todo que se hunda y los demás que se ahoguen. Hasta ahí hemos llagado por la ambición de un hombre que se cree predestinado para gobernar hasta su muerte.