El Presidente Danilo Medina introdujo recientemente al Congreso dos importantes proyectos de ley, la tan dilatada reforma de la Policía Nacional y el que crea el Servicio Nacional de Salud (SNS).
El proyecto de reforma policial rompió records, al haber sido retirado del Senado a apenas horas de haber sido enviado por el Poder Ejecutivo. Al parecer el consenso logrado con el Ministerio de la Presidencia, de Interior y Policía, el Ministerio Público, la DNCD y la propia Policía Nacional, o no era tan sólido, o poderes fácticos que no participaron del mismo lograron convencer al Presidente de que estaba cediendo cuotas de poder.
Para nadie es un secreto que es urgente que la Policía sea transformada, para que pueda ejercer la labor de prevención del crimen que está supuesta a realizar, para lo cual es indispensable que sus recursos financieros y humanos sean utilizados con idoneidad, pulcritud, transparencia y eficiencia; todo lo contrario al sistema que tenemos, fundamentado en la discrecionalidad de sus titulares, plagado de corrupción y malas prácticas, que fomentan más el crimen que lo que lo persiguen.
Naturalmente los que se sirven con la cuchara grande de esta estructura que permite que muchos de sus miembros estén al servicio de particulares y manejen recursos antojadizamente, se resisten a aceptar que la Policía debe ejercer la investigación criminal bajo la dirección funcional del Ministerio Público.
La introducción del proyecto de ley que crea el SNS evidencia que para ejecutar el mandato del desarrollo de la red pública de salud, dictado hace más de 12 años por la Ley 87-01, ha debido negociarse para mantener la hegemonía del Ministerio de Salud Pública.
Aunque la Ley 87-01 dispuso que tanto el Ministerio de Salud como el IDSS hicieran múltiples reformas que debieron de haber concluido al décimo año de su entrada en vigencia, entre otras: separación de la responsabilidad de regulación, dirección y supervisión de las funciones de administración del riesgo y provisión de los servicios de salud, creación de consejos de administración de las redes de servicios públicos, incluyendo autoridades locales y representantes comunitarios de los afiliados y usuarios; esto no es lo que hace el proyecto de ley.
El mismo crea una super estructura denominada el SNS, sin desmontar ninguna de las múltiples comisiones existentes en el área de salud, la cual estará conformada por servicios regionales de la red pública y una Coordinadora del SNS, que será autónoma y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo consejo será presidido por el Ministro de Salud, el cual estará integrado además por varios funcionarios, un representante del Colegio Médico y uno de la sociedad civil.
Dos reformas necesarias, una que a pesar de haberse introducido con un buen nivel de consenso, las fuerzas que la adversan lograron que fuera un simple amagar y no dar; la otra que pretende reformar olvidándose de sus postulados fundamentales. Al parecer tanto la reforma policial como la implementación de la red pública de salud siguen tropezando con la misma piedra: la resistencia del status quo a perder las cuotas de poder y el manejo discrecional de recursos.