En nuestros dos anteriores artículos hemos plantado diferentes temas de la realidad nacional vistos desde una perspectiva ética y política, orientada hacia la búsqueda del bienestar colectivo, de la necesaria justicia y equidad social y la creación de felicidad compartida a todos los niveles. En la entrega de esta semana nos referiremos a algunos temas relacionados con la educación pública dominicana en la actual coyuntura.

Una primera pregunta que nos hacemos es si las prioridades educativas de la actual administración gubernamental son las que realmente necesita el país en la actualidad. En un momento en que se habla de “revolución educativa”, cuando se ha aumentado considerablemente la ejecución del gasto en educación, se ha priorizado la construcción de aulas, se ha desarrollado una campaña sin precedentes para integrar a las personas mayores de 15 años al Plan Nacional de Alfabetización, se ha comenzado a implementar el Plan Quisqueya Empieza Contigo, de atención a la primera infancia, hay una gran preocupación por el elemento esencial de los procesos educativos: la calidad de los aprendizajes y la enseñanza, así como  la formación y debido acompañamiento del personal docente y directivo de los centros educativos.

Una gran dificultad  para desarrollar procesos educativos significativos es que en la actual administración los principales directivos, tanto a nivel distrital (municipal), regional (provincial) y nacional (altas instancias del MINERD) no priorizan el tema de la calidad educativa; aún más, muchos de ellos y de ellas no tienen ni la formación ni las competencias profesionales  ni éticas para el cargo que desempeñan, pues no son educadores (entre ellos el Ministro de Educación y algunos de los vice-ministros, directores regionales y distritales de educación ) y no parecen entender cuál es su papel.

La mayor parte de los directivos de educación forman parte del emergente grupo económico-partidario del danilismo y fueron puestos en los cargos fundamentalmente para asegurar cuotas de poder económico-partidario en el territorio. Por esto priorizan – en tiempo y en recursos- aquellas acciones en donde pueden conseguir comisiones y prebendas económicas para ellos, ellas, y sus aliados en el mundo comercial y empresarial: como la construcción de aulas, la búsqueda de terrenos para la construcción de escuelas o estancias infantiles, o el negocio con las empresas que sirven la comida en las escuelas de Jornada extendida o en los talleres de capacitación de facilitadores del proyecto de  Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo o en los cursos de formación de maestros y maestras, llevados adelante por diferentes universidades privadas, con el aval del Instituto Nacional de Formación de Maestras y Maestros (INAFOCAM).

En los últimos dos años se renovaron los principales directivos del Ministerio de Educación, tanto a nivel distrital, regional o nacional. Y una buena parte de éstos y éstas se están postulando para cargos electivos en sus respectivos territorios y evidentemente pareciera que están más preocupados por asegurar sus candidaturas que en darle seguimiento al tema educativo. Estos directivos, además, se articulan y están aliados con una buena parte del personal técnico del nivel distrital, regional y nacional que más que priorizar su labor educativa está, como dice el pueblo, “haciendo política”. Estamos, por tanto, también en educación, ante una gran inversión de valores y de práctica política coherente y, por lo tanto, ante una perversión ética, lo cual le quita  fundamento a la supuesta “revolución educativa” en marcha.

En un artículo reciente, el Digital Acento llamó a la atención sobre la necesidad de dar seguimiento a la educación de más de 800,000 personas que de alguna manera se han involucrado en el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. De esas más de 800,000, un número considerable de personas quieren continuar estudiando. Incluso muchas de ellas hace más de un año que concluyeron con la primera etapa y están esperando, con sumo interés, seguir adelante.

Aunque el gobierno señaló desde un inicio que la continuidad educativa en la Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas era el segundo objetivo del Plan de Alfabetización, hasta el día de hoy no ha dado muestra convincente de tener la voluntad política para cumplir con esa tarea. El periódico Acento hizo referencia, además, a la marginación presupuestaria de la Dirección General de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, encargada de diseñar las políticas educativas para la formación de las personas adultas a los diferentes niveles: inicial (alfabetización), básico, medio y formación laboral y de articular con los distritos y las regionales la formación y el seguimiento pedagógico a quienes comenzaron a alfabetizarse.

La falta de inversión y ejecución presupuestaria real en el aspecto pedagógico se muestra a todos los niveles del Sistema Educativo Dominicano: nacional, regional y distrital.                                                                                                                                                                     Un aspecto que llama a la atención es que el proceso de revisión curricular de la educación secundaria está detenido por falta de pago a las y los consultores contratados por el MINERD para tales fines. Además es conocida la falta de la ejecución presupuestaria de lo asignado al Instituto Nacional de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), la universidad pedagógica del MINERD. De hecho hace unos días un conjunto de educadores, educadoras y estudiantes paralizaron la docencia en esa institución, alegando la falta de pago.

Las organizaciones, colectivos y personas que luchamos por la asignación del 4% del PIB para educación debemos estar vigilantes y alzar nuestra voz propugnando por el uso transparente en la ejecución de los recursos orientados hacia la educación pública. Además, tenemos que seguir exigiendo un compromiso ético responsable a las personas encargadas de ejecutar las políticas públicas de educación. Pues, tal como señala la ley de educación 66’97 (arts. 4-6), tenemos el desafío de ayudar a formar personas críticas, responsables, con capacidad de cuestionar la sociedad, insertarse responsablemente en ella y aportar a los procesos de transformación generadores de un mejor país, mejorando la calidad de vida para toda la población.