La República Dominicana se prepara para celebrar elecciones presidenciales y congresuales el 5 de julio del año en curso. En el mundo, muchos países han experimentado progresos en lo concerniente a organización, celebración y participación de los ciudadanos en elecciones de esta naturaleza. Tenemos que admitir que el país ha dado algunos pasos en otros ámbitos, pero en el que nos ocupa hay una situación estacionaria. Sostenemos que en nuestro contexto todavía falta educación crítica, capacidad técnica e institucionalidad. Al faltar estos tres ejes programáticos, el tiempo preelecciones y el posterior se vuelven caóticos y generadores de incertidumbre generalizada. Hemos observado que, en la sociedad, varias instituciones y personas se muestran dispuestas a colaborar para que las acciones propias de este período se organicen con la mayor efectividad. Estas organizaciones han sido enfáticas en lo relativo a superación de la corrupción, respeto a las leyes y transparencia.
Estos tres aspectos constituyen una constante en el reclamo de los sectores que buscan liberar a la nación de tensiones innecesarias y de dispersión de fuerzas. Pero, los sectores y actores interesados en apoyar han encontrado un organismo electoral renuente a fortalecerse desde el trabajo cooperativo. Además, estas entidades han visto con pavor cómo tanto la Junta Central Electoral, como la Procuraduría encargada de controlar los delitos electorales evidencian un trabajo aletargado y poco efectivo. La Junta Central Electoral actual preocupa. Hemos de pasar de la inquietud a la acción que contrarresta la pasividad. Tenemos un vivo ejemplo, el trabajo de los ciudadanos dominicanos en el exterior, que con su capacidad proactiva movilizaron a la Junta Central Electoral. La acción ciudadana hizo que la JCE despertara y se pusiera a realizar el trabajo que le compete para garantizar el voto de los dominicanos en el exterior.
La realidad preelectoral requiere que los ciudadanos, todos, sin distinción alguna, decidan mantener un estado de alerta permanente, para que los procesos vinculados a las elecciones cada vez sean más diáfanos y orientados al fortalecimiento de la democracia. Hay que tratar de que todas las infracciones a la Ley Electoral se reduzcan al mínimo en las semanas que faltan para la celebración de las elecciones. Por ello proponemos que el estado de alerta ciudadana sea con la clave del pensamiento crítico. En esta perspectiva, los ciudadanos, además de tomar posición ante los hechos, de argumentar sus decisiones y de presentar propuestas alternativas a las situaciones que se presentan, han de darle seguimiento sistemático al curso de acción del proceso preelectoral general. En esta tarea no hay descanso. Hemos de estar atentos. Se requiere una vigilancia inteligente y creativa para que el día 5 de julio no haya ningún factor sorpresa. Mientras tengamos una JCE con una institucionalidad tan frágil, tendremos múltiples preocupaciones; y, sobre todo, se profundizará la desconfianza. Todos estos aspectos afectan la consolidación del sistema democrático en el país y vulneran los derechos de los ciudadanos. El horizonte del estado de alerta no es solo el hecho inmediato de un cambio de gobierno. No. Importa que la República Dominicana salga del estancamiento democrático que padece. Después de décadas de luchas, ya es tiempo de avanzar hacia una democracia más desarrollada que coloque al país en un nivel más elevado en la civilización de la época. Todos, en estado de alerta. El país lo necesita y lo demanda. Transformemos la desconfianza que producen las instituciones inoperantes en construcción personal y colectiva para el bienestar nacional.