Nadie sabe a ciencia cierta el número, pero según varios estimados, mas de dos millones de dominicanos han emigrado de su país buscando mejor vida. Nadie sabe tampoco a ciencia cierta cuantos de esos dominicanos ingresaron y permanecen ilegalmente en esos países. Tampoco sabemos cuantos de esos dominicanos han tenido descendencia en los países de acogida. ¿Por qué es relevante este recuento? Pues porque, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ilegales haitianos, la República Dominicana se despoja de toda autoridad moral o legal para encaminar cualquier reclamo a favor de sus nacionales en el extranjero, el día que fuera necesario y ya lo ha sido en mas de una ocasión.
Todo lo que indebida e inmerecidamente las autoridades dominicanas actuales le hagan a los haitianos, le será retribuido con creces al país en su conjunto y en particular a los dominicanos ilegales en el exterior. Ninguna sentencia, de ningún tribunal, sobre ninguna materia, puede sobreponerse a la realidad objetiva de un país, una época, un entorno y sus circunstancias. Podrán decir, hablar, construir muros, perseguir gente, hacer ruido y ganarnos enemigos a granel, pero nada de eso hará cambiar la realidad. No la cambió Trujillo con la matanza de haitianos en 1937, no ha cambiado en Europa ni en EEUU, menos podrá hacerlo aquí ni ahora. Mientras haya un índice de prosperidad mayor en este lado de la frontera, habrá inmigración haitiana y eso es válido para cualquier otro país y para cualquier otro entorno. Si esa inmigración es legal o ilegal, es totalmente irrelevante. Lo que cuenta son los hechos. Sobre todo, si se observan dos aspectos:
Uno, que las leyes y sentencias en papel no pueden reemplazar el incumplimiento, la irresponsabilidad y el abandono reiterado y múltiple de todas las autoridades dominicanas en la administración de la frontera terrestre.
Otro, que la sentencia del tribunal es antihistórica y absurda a mas no poder por cuanto, los países que como EEUU tienen una enorme masa de indocumentados están ultimando detalles de un proyecto de ley para regularizar el estatus de esas personas cediendo así a la realidad de los hechos en lugar de fantasías o pesadillas legales sin sentido y sin futuro. Mientras en EEUU se aprestan a resolver el limbo legal en que viven millones de personas, aquí, alegre e insensatamente, envían al mismo limbo a cientos de miles de haitianos y dominicanos.
Tenia y tiene sentido que un tribunal o autoridad competente, si hubiera alguna en este país, agotando un proceso de consultas múltiples y multidisciplinarias se abocara a buscar una solución legal a la inmigración ilegal haitiana. Eso tendría sentido. Lo que han hecho, en cambio, y como bien apuntaba Felipe Ciprián podría y debería ser invocado contra algunos de los mismos jueces hijos de inmigrantes, acaso ilegales, y una buena parte de la población total del país, del congreso, del gobierno, de la magistratura y sobre todo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Pero el tema haitiano en general y la sentencia del Tribunal Constitucional tiene otras vertientes.
De repente, el tema sobre el que mas se habla, donde todo el mundo opina y en el cual se centra de repente la atención es la sentencia del tribunal sobre el tema haitiano. Ese es un tema muy viejo, pero que conveniente le está resultando al PLD. No tenemos crisis económica, no estamos en peligro de muerte por la inseguridad física y jurídica, tenemos buena energía eléctrica y barata, todo el mundo tiene agua, no hay carreteras malas ni desempleo, la canasta familiar no ha subido ni los impuestos tampoco, los mercados están abastecidos de todo producto al mejor precio, el sistema político nuestro funciona a las mil maravillas y somos un país tan genial que nuestras autoridades no tienen que investigar los actos de corrupción denunciados y pueden ponerse a fondo a perseguir prostitutas. El anti haitianismo es una causa peligrosa y perdida de antemano, pero muy efectiva y oportuna. Ya no tenemos en este país mas problemas de que ocuparnos si no es el tema haitiano y la famosa e indigna sentencia.
Los que invocan los derechos y privilegios de la soberanía para decidir sobre el tema de los ilegales haitianos podrían merecer algún crédito si los hubieran invocado cada vez que este país ha sido invadido por tropas extranjeras, intervenidas sus finanzas, conculcados sus derechos. Quienes jamás han defendido esta patria no tienen moral para invocar este argumento. Son aves de paso, serviles, lambones de banqueros y canallas endémicos de nuestra fauna. Ningún gobierno corrupto ni hijo de la corrupción puede tener credibilidad ni tampoco tendrá autoridad para imponer esa sentencia, pero, mientras tanto y por un buen rato, el país será el hazmerreir de la comunidad internacional. En el gobierno y en el partido de gobierno seguirán riendo a carcajadas y puede suceder que, de la histeria antihaitiana desatada, broten episodios de violencia de los que este país saldrá aun mas ensangrentado y desprestigiado de lo que ya está.
La inmigración ilegal haitiana es un problema, pero no es el problema principal ahora ni tampoco es la sentencia una solución. De hecho, el problema haitiano es en primer lugar un problema dominicano, no solamente por el componente económico, sino porque quien no haya sido capaz de poner orden a lo interno jamás podrá organizar la presencia, el flujo y las relaciones con el vecino Haití y esta, debo decirlo, no es una culpa que se le pueda atribuir o endilgar a Danilo Medina. Suyas son muchas otras, pero esta no.