Nadie debe ignorar la ley y mucho menos estar por encima de ella, sobre todo si están de por medio los supuestos encargados de hacerla respetar. Dos altos oficiales, un general y un coronel de la Policía Nacional, han sido ejemplos flagrantes en los últimos días de dos de los males que corroen una sociedad, la nuestra, en crisis, y de la cual sus delitos son parte integrante: el irrespeto a las normas de protección de nuestras niñas y adolescentes y las relaciones de poder solapadas por una doble moral social.
Nuestra sociedad permite la tolerancia y la exculpación casi generalizada frente al “enamoramiento” -o como dijo la prensa, la “relación sentimental”- entre una menor y un hombre mayor de edad. Lo que demuestra una aceptación generalizada del abuso sexual a menores de parte de la sociedad y de hombres con poder, entendiendo como poder el dinero o el rango social.
Frente a tantas situaciones vividas y denunciadas, frente a las tristes estadísticas de tantas niñas violadas o abusadas que dan a luz en nuestras maternidades antes de los 15 años, aparece un sector conservador que parece no acepta la pérdida de su poder patriarcal y que lejos de manifestarse por estos males que afectan a nuestra sociedad prefiere manifestarse contra la equidad de género.
¿Qué tanto asusta a este sector ultraconservador que niños, niñas y adolescentes se empoderen y sean educados en derechos, en una educación sexual integral que permita a ambos sexos cuidarse, detectar una situación de abuso sexual infantil y prevenirla, y romper con los roles “machistas” para que los varones entiendan su parte de responsabilidad y los principios básicos de la equidad de género? ¿Es eso tan malo?
La historia de los dos oficiales de la Policía Nacional concentra en pocos párrafos todas las denuncias posibles de violaciones de derechos de la niñez y de derechos fundamentales, frente a los cuales algunas organizaciones de la sociedad civil luchan, muchas veces, a manos peladas.
El patético caso tiene tantos ingredientes que parece ser copiado de una telenovela barata, otra prueba que en nuestro país la realidad sobrepasa en muchos casos la ficción. Como en tantas otras situaciones, se comprueba la burla evidente a nuestro código de protección a niñas, niños y adolescentes (ley 136-03) y se desvelan prácticas y complicidades a todos los niveles.
¿Qué más quieren? Una niña de 15 años va a un “campamento” de la Policía y allí es seducida por un alto oficial que luego la comparte con otro. El fruto de un primer embarazo es abortado, y quizás de un segundo, según obra en el expediente del Ministerio Público.
El acto penalizado tanto en el Código Penal Dominicano como en el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes se realiza con la anuencia y el dinero de un guardián del orden público, encargado de reprimir estas prácticas prohibidas por la ley.
La madre de la menor negocia beneficios económicos, dicen que frente a un abogado (queda por saber qué tipo de defensor de la ley fue este), con el verdugo; o sea, incurre en un delito tipificado en la ley 137-03 como trata de menor para mejorar las pobres condiciones de vida familiar. Esto significa que el abuso sexual y la integridad física de la menor fue canjeado por una nevera, una televisión y una cama.
Este fenómeno, muy común en nuestros sectores vulnerables, solo confirma el último estudio realizado por Tahira Vargas, para OBMICA sobre la trata interna de mujeres, niñas, niños y adolescentes en República Dominicana, que pone el dedo sobre la llaga demostrando que las familias pueden ser un generador de trata y que la sociedad, lejos de manifestarse contra este tipo de delitos, cumple con un silencio cómplice.
La historia de los dos oficiales de la Policía Nacional, como la del sacerdote Elvin Taveras, la del nuncio Josef Wesolowski, la del padre Alberto Gil, la del pastor evangélico Simón Elías Ramírez Luciano, y otros tantos, sí debería ser motivo para hacer marchas multitudinarias en todo el país de #conmishijosnotemetasRD.
Una lástima que todos los esfuerzos de algunos colectivos solo se orienten para protestar contra las leyes (o pasar por encima de ellas), que pretenden educar a niñas, niños y adolescentes acerca del derecho que tienen a que se les respete, a que aprendan sobre educación sexual integral y acerca de la igualdad de derechos de todas las personas.