Como la generalidad de los poderes de vocación absolutista, este gobierno de Danilo y del PLD está terminando de manera trágicamente agónica y batiéndose en desordenada retirada, al tiempo de hundirnos más profundamente en el bochorno nacional e internacional en que ha sumergido este país en los últimos años. El colapso de ese partido, pilar fundamental en que se ha sostenido el poder peledeista, se ha conjugado con la bochornosa anulación de unas elecciones municipales en desarrollo, precipitando la quiebra total de los endebles sistemas judicial y electoral, que ya arrastraban un significativo proceso de debilitamiento. Esa circunstancia, ha determinado que el peledanilismo tenga que admitir que esas dos instituciones carecen de legitimidad para cumplir a cabalidad sus funciones en la presente crisis política.
Sólo asistida por organismos y/o personalidades nacionales e internacionales puede la Junta Central Electoral continuar un proceso electoral que el gobierno y su partido han hecho abortar a través del uso abusivo de la los recursos del Estado, del desprecio a la ley y a la equidad en que debe discurrir todo proceso electoral. Esas acciones fueron el preludio del bochorno del 16 de febrero, el cual en otro país debería ser investigado, no por el sistema electoral, en este caso la JCE, sino por la Justicia. Pero el cuestionamiento a esta última institución no solamente ha sido sistemático y generalizado por casi todas las instituciones y singulares individuos de esta sociedad con sentido de la decencia, sino por los propios fiscales con que esta se administra.
Cuando un régimen pierde la capacidad de controlar/administrar el sistema electoral a través del cual se legitima la alternancia del poder, cuando se produce una rebeldía y denuncia pública de los funcionarios fundamentales del sistema de justicia contra la estructura de mando de esa institución, está clarísimo que ese régimen está ante su inapelable final. Pero no son sólo esas instituciones las que han hecho colapsar este gobierno de la impunidad y la corrupción, sino también instituciones sociales claves como la educación, las del orden (policía y ejército) e incluso la familiar. Eso significa que el régimen que suceda a este que agoniza encontrará una sociedad institucionalmente devastada.
Ese tipo de circunstancia lleva a algunos analistas de sistemas políticos a plantear que un final de régimen constituye una oportunidad para un cambio que regenere y crea nuevas oportunidades para la gente, pero que ese cambio también tiene una amenaza: no poder cumplir cabalmente con las expectativas que genera en la gente, removiendo sedimentos del pasado, haciendo resurgir la nostalgia del pasado. En nuestro caso, además de esa amenaza se suma la que podría surgir de la inevitable presencia de diversos organismos nacionales e internacionales y de poderes fácticos que de diversas maneras inciden en esta crisis, buscando la solución de esta y que podrían pretender cierta incidencia/beligerancia en el eventual gobierno que suceda al actual.
Por otro lado, las circunstancias han producido/obligado a que se forme una convergencia de fuerzas políticas extremadamente diversa y complicada que, en determinados momentos del proceso, como la marcha del pasado domingo, muchos de sus integrantes coincidieron básicamente en el tiempo, provoca comprensibles aprehensiones en diversos sectores dentro y fuera de las organizaciones políticas de mayor peso y solvencia de esa convergencia. Esos elementos, de innegable significado hace necesario que la dirección de la Coalición Democrática por el Cambio, integrada por los cinco partidos, tengan mayores niveles de coordinación, preparación y seguimiento de las acciones en presente coyuntura.
En esta compleja coyuntura, la mejor manera que tiene esa Coalición de partidos y organizaciones sociales para disminuir las amenazas y las aprehensiones que lógicamente producen determinadas convergencias o alianzas, es reforzando su identidad como agregado de fuerzas, asumiendo de forma convincente el Programa de gobierno que estas elaboran en forma esencialmente colectiva. La mejor manera de enfrentar la propuesta de gran acuerdo nacional para salir de la presente crisis, como propuso en la Proclama de final de la marcha del pasado domingo, es con un apego irrestricto al principio de impulsar desde el poder un gobierno para la gente, centrado en el territorio, con Justicia independiente, contra la impunidad, sin ningún tipo de exclusión, laico y para la libertad.
Estamos ante el final de un régimen, reitero, y a pesar de las justas demandas que desde diversos escenarios se hacen, debe imponerse la sensatez aislando las posiciones típicas del galloloquismo y a sectores políticamente deshonestos, a pesar del ropaje. El camino hacia el cambio es complejo, no es nada fácil y para transitarlo se requiere firmeza, inteligencia política y sobre todo, voluntad para enfrentar el chantaje de propios y ajenos.