Contencioso

Administración Pública 2020

Por Arturo Villegas

El fin del 2019 está a la vuelta de la esquina. Es propicio reflexionar sobre las falencias que aún subsisten en la Administración Pública dominicana y apuntalar los cimientos que deben ser reforzados para que ésta actúe a la altura de las exigencias ciudadanas.

Estos son cinco puntos básicos cuya atención es requerida para la consolidación del Estado de Derecho que tanto se desea:

1.- Centralización de las personas. Más de seis años han transcurrido desde la promulgación de la Ley No. 107-13, normativa vertebral de la Administración, sin embargo, hoy sigue resultando alarmante la cantidad de servidores que desconocen el contenido de dicha legislación, incurriendo así en ilegalidades por omitir que el ciudadano es el eje central de la actividad administrativa. La protección de los derechos de las personas es la finalidad de la existencia de la Administración Pública, fuera de esto poca o ninguna utilidad tienen las instituciones del Estado.

2.- Profesionalización de los funcionarios.La Administración Pública es un cascarón de concreto sin los servidores que la hacen operante. Lo anterior nos conduce a una correlación irrebatible, a menor formación y motivación del servidor mayor arbitrariedad por parte de la Administración. Es necesario fomentar el desarrollo del personal al servicio de las entidades públicas, instaurar concursos como medio de selección y recompensar la meritocracia objetivamente, con el propósito de que los servicios públicos sean brindados con niveles de calidad.

3.- Implementación de nuevas tecnologías.Lo público es usualmente asociado con lo obsoleto. No necesariamente debe ser así, las entidades administrativas tienen que incorporar instrumentos tecnológicos en su cotidianidad, para facilitar el cumplimiento de obligaciones, reducir costos derivados de la metódica burocracia y viabilizar una mejor interacción con los ciudadanos. Incentivar el uso de medios electrónicos es un mandato legal que potencializaría sin lugar a duda el alcance de los servicios públicos. Eso sí, las garantías de las personas deben permanecer intactas en la transición hacia la digitalización.

4.- Mejorar el control judicial.El profesor García de Enterría, en su acertada conferencia titulada “La lucha Contra las Inmunidades del Poder en el Derecho Administrativo (Poderes discrecionales, Poderes de Gobierno, Poderes Normativos)” sostuvo que: “No es exacto que una buena Administración pueda sustituir una ausencia de Política, o que todo el problema del Estado de Derecho pueda ser reconducido a un problema de justicia administrativa.”. Sin embargo, gran peso de la domesticación del poder administrativo recae sobre la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo que se imperativo reformar la septuagenaria Ley No. 1494 y los niveles jurisdiccionales de tolerancia hacia la Administración deben ser repensados.

5.- Transparencia. En democracia, lo natural es que las actividades del Estado discurran con cristalina claridad, los velos de opacidad solo tienen cabida en tiempos de autoritarismo. Superar la kafkiana tradición de imponer trabar y denegar la entrega de informaciones públicas que, por su naturaleza y relevancia, debieran estar disponible a tan solo un click de distancia es hoy en día un punto crucial para dirigir la Administración al camino de la apertura ciudadana.

A pesar de que la modernización y regulación de los límites del poder de la Administración indudablemente ha mejorado con el pasar de los años, a casi un año de iniciar la tercera década del siglo XXI, resulta indiscutible que la receta para fortalecer el ecosistema administrativo aún queda pendiente de consolidación. Focalicemos esfuerzos para transformar los aspectos rezagados de la Administración y quizás para el 2021 tengamos otra historia que contar, al final es cuestión de todos.

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