El cambio en la profesión docente en República Dominicana, supone un trabajo más efectivo y corresponsable de los actores involucrados directamente en la problemática educativa.
El actor principal, es el Estado Dominicano. Reconocemos los esfuerzos que actualmente apuntan a la mejora de la profesión docente pero se evidencia un rezago que prolonga la espera de cambios significativos en la calidad de la educación. Es por esto que urge determinar dónde están ubicados los factores que bloquean el cumplimiento cabal, de las disposiciones de la Ley General de Educación 66-97 en el Título VI sobre Profesionalización, El Estatuto y la Carrera docente.
El Ministerio de Educación, representante del Poder Ejecutivo en el ámbito educativo, tiene que agilizar la ejecución de las políticas inconclusas de los Planes Decenales anteriores (1991; 2008-2018) orientadas a cualificar la profesión docente. Tiene que ejecutar sin demora, las propuestas del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030. La sociedad espera del Ministerio de Educación, una acción integral y coherente con respecto a la profesión docente; además, una acción más efectiva y audaz.
Otro actor clave es la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Es un organismo que ha servido de puente, de muro de contención para que la Administración, flexibilice su poder y lo ejerza, lesionando lo menos posible la dignidad magisterial, en épocas históricas difíciles y en la actualidad.
Pero desde el reconocimiento que le tenemos, le recordamos que necesita tiempos y espacios para repensar su concepción y práctica sobre la profesión docente, así su liderazgo tendrá más calidad e impacto. La ADP tiene que mostrar más equilibrio entre reivindicación económica y trabajo en favor de la eficiencia y eficacia de los profesores, especialmente de los asociados. Necesita además, fortalecer el diálogo social y el código ético del sindicato para reconstruir el prestigio de los profesores y de la institución sindical. Es deseable también, una articulación más visible, innovadora y productiva, con organizaciones homólogas del continente, con instituciones y plataformas nacionales, comprometidas con la educación.
Los profesores son también, actores clave de la dignificación y cualificación de la profesión docente. Tienen una responsabilidad crucial en la recuperación del carácter profesional y ético de esta profesión. No todo se puede esperar del Estado y de la ADP, cada uno tiene que asumir el ejercicio de la profesión con determinación e inteligencia.
El profesorado que se siente comprometido en esta dirección, difícilmente, pactará con la mediocridad en el servicio educativo, tampoco pactará con un ejercicio docente al margen de los avances del conocimiento, de las nuevas tecnologías y de las corrientes de pensamiento que resitúan las formas de aprender, de desaprender y de enseñar.
Otros actores clave son las familias. Llegó el tiempo en que las familias tienen que implicarse más en los procesos vinculados a la dignificación de la profesión docente. Deben ser proactivas ante las dificultades que experimenta el ejercicio de esta profesión en el país. Para ello, pueden darle seguimiento a las políticas públicas que tienen relación con la profesión docente y tomar posturas que favorezcan su impulso e innovación.
Asimismo, pueden convertirse en aliadas naturales de los centros educativos con funciones y tareas propias en la solución de problemas educativos y en la construcción de propuestas educativas, fortalecedoras de las relaciones centro educativo- comunidad y familias-profesores. Con estas acciones, las familias dejan de ser meros instrumentos del Ministerio de Educación y de los centros educativos.
La sociedad civil como actor singular, puede implicarse más en el fortalecimiento de la profesión docente y colocar en su agenda, un trabajo sistemático en favor de la calidad de esta profesión. Además, debe contribuir con el fin de la penalización del profesorado como el único causante de la falta de calidad de la educación y de las deficiencias en los procesos de aprendizaje. Igualmente, debe aportar para que el profesorado sea más exigente con su propia formación, más autocrítico de sus prácticas y desarrolle una participación ciudadana global y corresponsable.