“De una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores.”
Francisco
En los estudios de Ciencia Política en Latinoamérica suele coincidirse bastante en cuanto a las dificultades que han tenido las transiciones o los procesos de construcción democrática como consecuencia de la sobrevivencia de los llamados enclaves autoritarios. En la legitimación de estos obstáculos al progreso político han tenido una importancia principal los que Hayek llamó “vendedores de ideas de segunda mano”. Convenientemente instalados en los medios de comunicación o en los “thinks thanks” tienen un discurso centrado en la descalificación de la política como actor colectivo y de los políticos como poseedores de las peores calificaciones sociales, humanas y éticas. Es frecuente encontrarlos promoviéndose desde una especie de superioridad moral, de conocimiento experto y de representación originado en las descalificaciones antes enumeradas y en las supuestas calificaciones propias.
Sustentan desde sus poltronas el protagonismo de los grupos de presión y/o de los poderes fácticos. En nuestro patio casi no hay discusión sobre el rol que desempeñan. Salvo, claro, las opiniones de quienes por su adscripción al neoliberalismo despejan el camino para imponer un modelo ideológico sin oposición.
Decíamos hace siete años en estas mismas páginas: “La idea actual de la “sociedad civil” se sustenta más que nada en una oposición Estado-sociedad, a partir de lo cual se pretende que todo lo que no sea Estado -y consiguientemente sus acciones- nos aproxima a mayor libertad, mejor democracia y hasta justicia social. Si esto se observa con mayor detenimiento podemos encontrar aquí una comunión absoluta con el pensamiento neoliberal tanto en el aspecto político como en el económico. O, lo que es lo mismo, menos Estado y más privatización como sinónimo de desarrollo.
La entrada en escena del concepto de “sociedad civil”, elimina las diferencias sociales. Todos son parte de la “sociedad civil” aparentemente con los mismos intereses y derechos, con las mismas posibilidades de incidir en los procesos políticos y así se transforma la política en una idea etérea, sólo con incidencia en la “superestructura” e ignorando la base económica.
Esa es la manera como se ha incubado la actual crisis de representación, y el surgimiento de una forma de hacer política que asegure el inmovilismo no sólo político, sino también social.”
Resulta imperativo completar el cuento, puesto que no es posible negar la pertinencia y el derecho ciudadano a exigir derechos y eliminar privilegios. Para eso la sociedad se organiza. Para eso ante la falta de aceras o de seguridad pública las juntas de vecinos se fortalecen y actúan. Si se trata de la salud, de la educación, la seguridad social o el transporte también los sectores populares deberían hacer notar sus necesidades. Ni hablar de los salarios, condiciones de trabajo o habitabilidad. Pero tampoco es posible negar que la incidencia de este tipo de organizaciones sociales en el país está bastante reducida y sus intereses y las defensas de éstos parecen no ser parte de la agenda de la “sociedad civil”. La mejor evidencia de esta ausencia es que tratándose, como se trata, de derechos, las organizaciones sociales no deberían hacerse cargo de la tregua de 100 días y mucho menos estar proponiendo potenciales integrantes a los organismos del Estado.
Pero lo que queremos destacar hoy es que lo central en cualquier debate de este tipo no es la legitimidad de los intereses privados, lo distintivo será la forma en que estos intereses se defienden y cómo ocupan un lugar central en la esfera pública. Cualquiera que revise los periódicos podrá notar que lo que decimos no es en absoluto un invento. Sin entrar en números -que al parecer nadie tiene- el aumento de personas sin empleo por efecto del Covid 19 ha castigado especialmente a las mujeres que en alto porcentaje no vuelven a buscar el trabajo perdido debido a que deben cuidar de los hijos e hijas. Si observamos los intentos de reactivación de la economía, especialmente en el sector turismo, vemos que los trabajadores están totalmente ausentes de los lugares donde se están tomando decisiones. Quizás estén esperando la vuelta al trabajo en condiciones que “la doble” no va a cambiar demasiado.
Me van a perdonar la extensión de la cita, pero vale la pena leer completa esta excelente aproximación al modelo de sociedad actual que nos brinda Manuel Antonio Garretón “El nuevo tipo societal, que podríamos llamar post- industrial globalizado y que sólo existe como principio o como tipo societal combinado con el anterior, tiene como ejes centrales el consumo y la información y comunicación. No tiene en su definición misma, a diferencia del tipo societal industrial-estatal, un sistema político.
En torno a los ejes básicos de este modelo societal —consumo e información y comunicación— se constituyen nuevos tipos de actores sociales, por supuesto que intermezclados o coexistiendo con los actores provenientes del modelo societal industrial-estatal transformados. Por un lado, los públicos y redes de diversa naturaleza, que pueden ser más o menos estructurados, específicos o generales, pero que tienen como características el no tener una densidad organizacional fuerte y estable. En segundo lugar, actores con mayor densidad organizacional como las organizaciones no gubernamentales (ONG), que constituyen también redes nacionales y transnacionales. En tercer lugar, los actores identitarios, sobre todo aquéllos en que el principio fundamental de construcción de identidad tiende a ser adscriptivo y no adquisitivo. Finalmente, los poderes fácticos, es decir, entidades o actores que procesan las decisiones propias de un régimen político, al margen de las reglas del juego democrático. Ellos pueden ser extrainstitucionales como los grupos económicos locales o transnacionales, la corrupción y el narcotráfico, grupos insurreccionales y paramilitares, poderes extranjeros, organizaciones corporativas transnacionales, medios de comunicación. Pero también existen poderes fácticos de jure, actores institucionales que se autonomizan y asumen poderes políticos más allá de sus atribuciones legítimas, como pueden serlo los organismos internacionales, presidentes (hiperpresidencialismo), poderes judiciales, parlamentos, tribunales constitucionales y las mismas Fuerzas Armadas en muchos casos.”
A esos sectores extra institucionales y/o institucionales “de jure”, nos referimos cuando hablamos de poderes fácticos y la definición de Garretón nos puede ayudar mucho a identificar estos poderes extrainstitucionales cuya existencia y acción no favorecen a la democracia.
Vale destacar, por ejemplo, que la referencia al “hiperpresidencialismo” y a “actores institucionales que se autonomizan y asumen poderes políticos más allá de sus atribuciones legítimas” explica lo que ha estado ocurriendo respecto de los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral así como las “instrucciones” que han salido desde el Poder Ejecutivo hacia el Senado, y esto debe asumirse como experiencia para mejorar la gobernabilidad y por supuesto la democracia.
Las “entidades o actores que procesan las decisiones propias de un régimen político, al margen de las reglas del juego democrático” difícilmente vayan a colaborar con el respeto a las normas legales y constitucionales. Tampoco contribuirá la experiencia, pues estamos acercándonos a momentos muy difíciles, por la crisis económica y por la evidente búsqueda, no siempre afortunada, de salidas políticas. La mejor forma de salir de la crisis hacia delante y no hacia atrás (especialmente antes del nuevo Consejo de la Magistratura) es la adhesión a las normas establecidas y que no se intente, como siempre, deslegitimar a los actores para imponer a los propios.
Lo del presupuesto demuestra la importancia de la política como espacio de negociación. Leyendo las declaraciones pareciera evidente que no funcionaron los teléfonos. Lo digo puesto que enviar un proyecto de ley de tanta importancia sin consultas políticas manifiesta una tremenda novatada y nadie, ni un importante asistente, puede cuestionar a un legislador por decir que va a cumplir con su deber. El presupuesto se aprueba todos los años igual que como se aprobaba durante Trujillo, por lo que tal vez ésta sea una buena oportunidad para intentar técnicas legislativas más cercanas a la democracia, reconociendo cuestiones tan básicas como que los impuestos son pagos de particulares al Estado fijados por ley y, si alguien lo ha olvidado, habrá que recordarle que las leyes se crean en el Poder Legislativo.
Finalmente, debiera ser motivo de intranquilidad la ocupación del gobierno por parte de intereses corporativos, muy especialmente cuando se anuncian privatizaciones. El partido de gobierno debería poner atención al hecho de que no puede seguir avalando que el gato cuide la carnicería. Es más, se va a dar una situación muy de imposición neoliberal a la que -para que sea posible- le hacen falta algunos miles de muertos, estafas y fraudes innumerables, además de la exclusión de los partidos y, por supuesto, de los políticos. Nadie se ha preocupado de un detalle no menos importante: además de la cantidad de altos funcionarios provenientes del empresariado ahora están llegando consejeros honoríficos que seguramente no están obligados a presentar Declaración Jurada de Bienes.
¿No será que quienes están ocupando la posición de los que van a vender son los mismos que van a comprar? La sospecha se justifica por el hecho de que un importante poder fáctico, el empresariado, va a ser un factor de presión sobre los poderes legislativo y judicial. Sobre el ejecutivo: ya se sabe.
Concluyo con una ayudita que para estos efectos me llegó en mis desvelos en forma de Encíclica: “Me permito volver a insistir que «la política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia». Aunque haya que rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia, «no se puede justificar una economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual».