El superintendente de electricidad, Eduardo Quincoces, declaró la pasada semana que la reducción de los precios internacionales del petróleo y sus derivados – en mas de un 50% en lo que va de año – no será traspasada a la tarifa eléctrica. Es decir, EDEESTE seguirá vendiendo la electricidad a un precio casi 60% superior al precio de compra.
La razón que cita el funcionario es que durante casi cuatro (4) años la tarifa eléctrica se mantuvo sin cambios gracias a un subsidio del gobierno en tiempos de combustibles caros.
Lo primero es que el denominado subsidio eléctrico nunca ha sido, principal ni exclusivamente, para la tarifa que paga la población formalmente conectada. El caso EDEESTE es un indicador.
Ese subsidio se ha utilizado siempre, y en mayor medida, para cubrir las enormes pérdidas de las empresas distribuidoras. Pérdidas derivadas del hecho de que del total de energía que compran las empresas distribuidoras a las generadoras, más del 35% nunca la cobran; y no la cobran porque cerca del 32% de la energía que colocan en línea y entregan a la población ni siquiera la facturan y un 6% de la que facturan no la cobran porque no hacen el trabajo. Nada de eso es culpa de la tarifa.
Esas pérdidas, más el despilfarro en nóminas, subcontrataciones y otros dispendios, son las causas reales de la quiebra financiera de las tres distribuidoras que luego tienen que pedir fondos al Ejecutivo para pagarles a los generadores.
Es para mantener vivas a las distribuidoras que el Gobierno les hace transferencias de más de mil millones de dólares por año, transferencias que algunos funcionarios, para evadir responsabilidades y confundir a la gente, les denominan, eufemísticamente, “subsidio a la tarifa”.
Las afirmaciones del superintendente son falsas también porque la referencia que utiliza para calcular el “subsidio” es la llamada tarifa indexada, que fue introducida en el 2002 mediante la Resolución SIE-31-002, durante los el tortuosos pininos de la privatización de la CDE y la población enfrentaba alzas desorbitadas de las tarifas por parte de distribuidoras en manos privadas. Esa diferencia entre la tarifa que se aplica y la tarifa indexada se utiliza todavía para alimentar a las distribuidoras con un opaco Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE).
La tarifa indexada fue legal y técnicamente superada con la primera propuesta de tarifa técnica hecha en el 2003 por la firma PA Consulting, contratada por la propia Superintendencia.
Todo eso lo conoce a plenitud Quincoces, el Superintendente, que sin embargo miente a la gente, viola la ley y perjudica a su pueblo.