A pesar de todos los recursos invertidos y de las numerosas leyes, Ministerios y funcionarios existentes a los fines, el presupuesto nacional parece seguir siendo un ejercicio de pide lo más que puedas aunque no lo necesites, a ver cuánto consigues.
En esa puja hay vencedores y vencidos según los músculos políticos de cada quien, por eso el poderoso legislativo que lo aprueba siempre se ha servido con la cuchara grande, mientras el poder judicial clama impotentemente todos los años por una asignación más justa sin lograrla.
Y es que las asignaciones no responden a un profundo análisis de las prioridades, de la oportunidad de los proyectos y gastos que justifican las solicitudes de fondos ni tampoco son el resultado de concienzudas verificaciones que determinen si los salarios, las construcciones, los bienes y servicios que supuestamente avalan la petición responden a lo que deben ser en instituciones óptimamente administradas.
No solamente es bochornoso que nuestros legisladores disfruten de tan abultadas partidas para sus acciones sociales con las que promueven su imagen personal, sino que la decisión sobre la creación y eliminación de las mismas sea discrecional del presidente de turno, quien dispone a su antojo del dinero que pagamos los contribuyentes presumiendo de regalar lo ajeno para granjearse unas simpatías no merecidas
Como nada de eso nunca ha sucedido, abusamos de la fijación de porcentajes obligatorios a ser asignados a múltiples instituciones a través de leyes especiales, porcentajes que salvo lo sucedido recientemente con el 4% para la educación, no han sido cumplidos y que en muchos casos tampoco hacen sentido.
La discusión del proyecto de presupuesto para el próximo año 2015 nuevamente saca a flote todas estas incongruencias, desde una partida de 200 millones supuestamente asignada erróneamente al Tribunal Superior Electoral que debió ser para el Constitucional, una Junta Central Electoral que dice requerir 1,600 millones adicionales a los 3,955.9 asignados, monto que representa 0.1% del PIB, mientras el Poder Judicial completo, juzgados de paz, juzgados de primera instancia, cortes de apelación en toda la geografía nacional y la Suprema Corte recibirían los mismos 5,222 millones de pesos del 2014, que representan apenas un 0.2% del PIB, lo que fuerza concluir que existe una distorsión: la JCE está recibiendo más de lo que debería y el Poder Judicial está recibiendo menos de lo que necesita.
El Ministerio de Salud Pública por su parte seguirá recibiendo un insuficiente 2%, no muy lejos de lo que recibirá la presidencia de la República con 1.5%.
Mientras desfilan por el Congreso las procesiones de instituciones invitadas por la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de presupuesto, el Presidente de la Cámara de Diputados, aparentemente ante la imposibilidad de reelegirse por cuarta vez en ese puesto y sus aspiraciones a otras posiciones electivas por su provincia de Santiago, ha decidido “regalar” al Poder Ejecutivo aproximadamente 190 millones de pesos del monto presupuestado para el 2015 para esa institución, con el fin de que sean destinados a mejorar las condiciones de los hospitales públicos.
No solamente es bochornoso que nuestros legisladores disfruten de tan abultadas partidas para sus acciones sociales con las que promueven su imagen personal, sino que la decisión sobre la creación y eliminación de las mismas sea discrecional del presidente de turno, quien dispone a su antojo del dinero que pagamos los contribuyentes presumiendo de regalar lo ajeno para granjearse unas simpatías no merecidas.
Por esas y otras razones fuerza concluir que seguimos teniendo un presupuesto hecho a ojo de buen cubero, en el que algunos reciben tanto que aunque la casa pierda se ríe, mientras otros administran miserias para desgracia de toda la población, que sin salud y justicia no puede vivir.