Observatorio ético-ciudadano

El 4% de PIB para la educación, ¿es sostenible?

Por Franklin Pimentel Torres

El pasado fin de semana fui a visitar a mi comunidad de origen, en el municipio de Constanza y hablando con los comunitarios me entero de que la jornada extendida de la escuela primaria se ha convertido en las últimas semanas en una media jornada, pues desde que comenzaron las clases este año la llegada de la alimentación escolar ha sido irregular, porque el Ministerio de Educación, a través del Instituto de Bienestar Estudiantil (INABIE), no le ha pagado a los suplidores y suplidoras de la alimentación escolar desde el inicio del año escolar, en el pasado mes de agosto.

En La Vega dialogué con una suplidora de la alimentación escolar y me dijo que tiene que suplir el alimento de lunes a viernes a una escuela rural con 600 estudiantes. Pero desde que comenzó el año escolar no le han pagado y está ya que no aguanta las deudas, ni los intereses bancarios que tiene que pagar por préstamos tomados para poder mantenerse a flote. En San Francisco de Macorís, también, un suplidor, José Ant. García, del Restaurant Dorado, escribió en esta semana una carta al INABIE señalando que a partir de ayer, viernes 9 de febrero, suspenderá el servicio de alimentación en un centro educativo que suple, también por falta de pago.

Hablo con los educadores y educadoras contratados en Jarabacoa para dar seguimiento a las personas jóvenes y adultas que han comenzado su proceso de alfabetización y aprendizaje en el plan Quisqueya Aprende Contigo. Se les contrató para pagarles mensualmente, pero desde el mes de septiembre la dirección de programas especiales de la presidencia (DIGEPEP) no les paga ni les da esperanza de cuándo se les pagará. En otros lugares del país se repite el mismo problema con las y los maestros contratados para la educación primaria y secundaria de Jornada Extendida. Esto está poniendo en peligro la permanencia de esos educadores/as en los Espacios de Aprendizaje y por tanto la educación de las y los estudiantes.

Los arquitectos e ingenieros constructores de las escuelas informaron recientemente que se les adeudan cifras millonarias desde el año 2012, sin que tengan certeza de cuándo se les va a pagar. El suicidio del arquitecto David Rodríguez García, en la OISOE (2015), sirvió de voz de alarma para llamar a la atención a la sociedad sobre el mal uso de los recursos empleados en la construcción de las escuelas.

El art. 197 de la Ley General de Educación 66’97 plantea: “El gasto público anual en educación debe alcanzar (…) un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PIB) (…), escogiéndose el que fuere mayor de los dos (…). Estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PIB)”. Es evidente que no se trata solo de invertir más dinero, sino de analizar de dónde proviene y la forma cómo se emplea.

Hace ya 5 años que, por presión de la ciudadanía, se logró que el Congreso Nacional aprobara, por primera vez, en el presupuesto nacional para el año 2013, una partida para la educación inicial, primaria y secundaria correspondiente al 4% del PIB nacional. Dicha ley ha permitido un aumento significativo de la inversión en educación, aunque según algunos economistas, todavía no se ha logrado que realmente se ejecute totalmente el mismo. Por eso surge el interrogante de si es sostenible mantener las prioridades que se han tenido en los últimos 5 años en la ejecución del presupuesto educativo.

Para el presente año se ha presupuestado un gasto total de $814,821 millones de pesos. De esos para educación se asignaron $152,765; es decir el 18.74%. La ejecución presupuestaria tiene sin embargo, según nuestra opinión, cuatro grandes dificultades: 1. Se presupuesta sobre la base de que una buena parte del dinero provendrá de créditos y deudas con las empresas y bancos nacionales y transnacionales. 2. Se presupuesta sobre la base de unos ingresos que muchas veces se quedan cortos, pues provienen de una presión tributaria que penaliza de forma desigual a los grupos sociales más empobrecidos y a la clase media, mientras que no le hace pagar más a los ricos, a los que más tienen. 3. Se ejecuta el presupuesto priorizando aspectos de tipo logístico y administrativo, como la construcción de aulas, el pago de la nómina del personal docente y administrativo, así como la alimentación escolar; dejando en segundo plano elementos relacionados con la calidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza, como la formación de maestras y maestros, los procesos de seguimiento y acompañamiento al personal docente y directivos, la elaboración de materiales didácticos, entre otros. 4. No hay real control del dinero que se va en comisiones, sobornos, sobrevaloraciones, robo de materiales de construcción y en malgasto que permite que una aula salga por cerca de 3 millones de pesos; además de que mucho dinero se dilapida en abultamiento de nóminas, en el uso de recursos públicos para el clientelismo partidario y también para un gasto excesivo en publicidad innecesaria. 

Es evidente que el cumplimiento de la asignación del 4% del PIB no es sostenible a largo plazo, en la actual forma de captación de recursos públicos y de ejecución presupuestaria. No se puede seguir invirtiendo y gastando lo que no se tiene, aumentando cada día más una deuda externa e interna que condena a las presentes y futuras generaciones a un endeudamiento eterno que compromete la calidad de vida de la población en general. Es tiempo de priorizar las políticas educativas orientadas a mejorar la calidad y dignidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Es tiempo de que se creen las condiciones para que la inversión en educación esté realmente en función del mejoramiento de la educación pública y por tanto de las condiciones de vida de las comunidades, las familias y las personas.

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