Con solo un día de por medio, entre el 15 y el 17 de noviembre del 2013, las tres firmas de economistas contratadas por la CDEEE para la licitación de Punta Catalina evaluaron la oferta económica, elaboraron y entregaron sus respectivos informes (día 17) y convencieron al comité de licitación (CDEEE) de que aceptara como bueno y válido un contrato por 2 mil 40 millones de dólares a favor del consorcio Odebrecht-Technimont-Estrella.
No imagino a ningún rico empresario dominicano que de un día para otro acepte semejante oferta y compromiso contractual basado en su propio dinero o patrimonio; sin embargo, una parte de nuestra cúpula empresarial aprobó y aplaudió públicamente esa aventurera operación con dinero ajeno, dinero del Estado.
Quizás, el fundamento de esa criticable actitud de algunos dirigentes empresariales la abonó hace siglos el florentino Maquiavelo cuando aconsejaba al Príncipe que con el dinero ajeno: ¡haced fiesta!
Finalmente, los 2 mil 40 millones fueron rebajados a 1 mil 945 millones de dólares luego de que el Presidente Medina acordara solicitar más adelante, mediante carta del 6 de mayo del 2014 al presidente del Senado Reynaldo Pared, la exoneración del pago de casi todo tipo de impuestos a favor de Odebrecht.
Las firmas que hicieron la evaluación económica y justificaron los 2 mil 40 millones fueron la Fundación Economía y Desarrollo (FEyD), representada por Andy Dauhajre, Delloite DR, representada por José Luis de Ramón, y la francesa BNP Paribas Ltd.
El fraude en la licitación de Punta Catalina se hizo como en una serie Netflix, en dos temporadas. En la primera temporada Stanley’s Consultants eliminó implacablemente, ¡hasta por un pelito!, a tres de las cuatro únicas firmas concursantes que llegaron hasta la evaluación técnica final, que fueron las constructoras China Gezhouba Group, POSCO Engineering, Andrade Gutiérrez, S.A. y Odebrecht –Tecnimont- Estrella; y en la segunda temporada, con solo la concursante Odebrecht en pie, las tres firmas de economistas introdujeron, sorpresiva y arbitrariamente, a una concursante que denominaron “licitante virtual o teórica”, cuya “oferta” la pusieron a “competir”, acomodaticiamente, con la abultada propuesta económica (o precio del contrato) que había hecho Odebrecht.
El licitante virtual tuvo dos funciones básicas: evitar la anulación de la licitación por falta de otro concursante y, además, justificar, mediante comparación y manipulación, la aceptación de un precio de contrato excesivamente elevado: 2 mil 40 millones de dólares.
El precio del contrato se calculó mediante la comparación entre precio promedio de energía (precio nivelado) derivado del monto de la oferta económica presentada por Odebrecht, y ese mismo precio calculado a partir del costo total de construcción correspondiente a la planta virtual, que no era más que una planta modelo o teórica simulada como si fuera construida en los Estados Unidos. El truco consistió en que los costos de construcción de esa planta virtual incluía renglones o partidas que la oferta de Odebrecht no incluía y por consiguiente, para comparar ambas ofertas primero había que eliminar de la licitante virtual aquellos costos que no correspondían; pero los famosos economistas no lo hicieron y validaron de ese modo una transferencia de sobrecostos de más de 400 millones de dólares a favor de Odebrecht– solo por ese método -.