Milton Morrison, el ingeniero eléctrico por INTEC, con maestría por la inglesa University of Bradford, líder fundador del partido País Posible, designado por el Presidente Luis Abinader gerente general de Edesur Dominicana, dio un ejemplo de transparencia en sus primeros pininos en el importante cargo público.
M. Morrison, hijo del poeta Mateo Morrison (1946), ganador del Premio Nacional de Literatura 2010, informó al Consejo Unificado de las entidades (CU-EDES), que no aceptaba el odioso incentivo para combustibles por 60 mil pesos mensuales.
El Consejo dispuso, en un gesto digno del rey Salomón, sumar al salario del inteligente y capaz político esos chelitos, equivalente a diez salarios mínimos, que él rechazaba.
A lo cual el ingeniero y político decidió donarlo a una Ong. Lo que todavía está en el limbo es si finalmente los 60 mil pesos fueron donados; tampoco se sabe cuáles organizaciones sociales fueron beneficiadas. Es un asunto a esclarecer. De la misma manera sería beneficioso transparentar si en verdad se produjo la movida de la suma de la columna de combustibles, a la columna de salario del gerente, decidida por el Consejo; el cual, por pura coincidencia, el mismo ingeniero Morrison preside.
Con todo, queda claro, más claro que el agua, que el director de Edesur es un funcionario transparente, un servidor público ético. Un espécimen político en franca extinción.
El desprendimiento monetario del ingeniero Milton Morrison es loable, digno de ser imitado. Los senadores y diputados deberían guiarse por ese paradigma moral fijado por Morrison en Edesur.
Los congresistas deberían someter un proyecto de Ley que establezca que el desafortunado barrilito, al igual que el funesto cofrecito, se le sume al salario de cada senador o diputado.
Si el Congreso acoge como bueno y válido el mencionado proyecto, quedaría transparentado el asunto de esos desmedidos incentivos. Los dedicados congresistas pasarían a devengar salarios acordes a su nivel de sacrificio en sus excelentes servicios que rinden a la sociedad y al Estado dominicanos.
Porque usar los recursos del Estado, disfrazándolos de incentivos, es un acto claro de corrupción pública. Cobrar un salario que compense por hacer bien el trabajo, es más que una cuestión de ética y transparencia; es cuestión de justicia.
¿Quién osaría oponerse a que los sufridos congresistas cobren 1,5 millones de pesos cada mes? ¿O acaso aparece alguien contrario a que a los senadores y diputados se les entregue dos exoneraciones de vehículos en cada periodo de legislatura?
No creo que los dominicanos sean tan injustos e inconscientes con unos funcionarios que día tras día se sacrifican por la buena marcha del país y el estado de derecho democrático.
Si acaso algunos de los legisladores se oponen a tan justa decisión, siempre aparecerá uno más que otro que necesite con urgencia esos despreciables chelitos. Veamos quienes estarían dispuestos a ser crucificados, a ser puestos en la picota pública, por hacer el bien.
El senador por la provincia de Pedernales, Dionis Alfonso Sánchez Carrasco, estaría dispuesto a recibir, con amargura y dolor, todo lo que Eduardo Estrella rechace. Dionis Sánchez es el electo senador en la boleta del PLD, pero que pocos días después se brincó a la Fuerza del Pueblo, el novísimo partido que lidera el Dr. Leonel Fernández.
Sánchez asegura que el barrilito no alcanza para resarcir las tantas necesidades que hay en Pedernales.
Faride Raful, abogada por la PCMM, con maestría en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnología de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid y un posgrado en Derecho de la Información por la Universidad de Salamanca, cree que a los recursos del barrilito hay que darle una vuelta.
La opinión de la legisladora perremeista es contraria a su propia proclama en tiempos de la campana electoral, justo en la cual ella fue electa Senadora por el Distrito Nacional.
F. Raful, hija del poeta Tony Raful (1951), ganador del Premio Nacional de Literatura 2014, al final escuchó el grito de diferentes sectores sociales que pedían que ella renunciara al barrilito.
Cambiar de opinión es razonable y legítimo. Las razones de la oposición son distintas a las del gobierno. Se lo digo yo, que mi hobby es el saltapatrasismo dialéctico político. No como un contribuidor, sino como observador.
Por ello mi respeto a Antonio Marte, senador del PRM, quien representa la provincia de Santiago Rodríguez. El sindicalista del transporte asegura que “Todo el que ha renunciado al barrilito no ha trabajado para asumir compromisos”. Pidió, según reporte de prensa, que todo el que renuncie al barrilito que se lo entregue a él. Esa afirmación es prueba suficiente de que él está dispuesto a que le sumen a su salario, aquello que Raful fue presionada a renunciar.
En este país siempre hubo gente dispuesta a sacrificarse por el bien común, por el bien de la nación. El presente no es diferente. Hoy sobran personajes que son digno de ejemplo, que son héroes.
En cualquier caso, el primer mandatario está listo para promover, por la salud de la república, la modificación de las leyes que entorpezcan el proceso de transparencia pública. La Ley que rige Inapa, otro ejemplo, va rumbo a ser cambiada por ser una retranca en este fundamental tema.