República Dominicana pidió este viernes a la Asamblea General de la OEA que se brinde "apoyo inmediato" a Haití, aunque admitió que las soluciones para su vecino deben provenir de los mismos haitianos.

Durante su intervención en la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, advirtió que la situación en Haití "ha llegado a un punto dramático" por las pandillas y el nivel de violencia e inseguridad.

Álvarez puntualizó además que "no habrá solución dominicana a la crisis haitiana" y lamentó que "la vida cotidiana" de los ciudadanos en ese país se ha convertido "en una pesadilla".

Al llamado de República Dominicana se unió Costa Rica, durante la misma Asamblea.

"El tema de Haití es de suma importancia para Costa Rica", puntualizó el representante costarricense, Rodolfo Solano, quien pidió a la OEA que se "atienden las urgentes necesidades" del país caribeño.

Haití se encuentra en horas bajas tras el magnicidio de su presidente, Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio, además de un desabastecimiento de gasolina que ha provocado largas filas, aglomeraciones y la suspensión de algunas actividades, como el cese de las emisiones de Radio Télévision Caraïbe, la principal estación del país.

"Cientos" de embarazadas deportadas

Por otra parte, el titular de la Dirección General de Migración (DGM), Enrique García, reconoció este viernes que el país deportó a Haití a "cientos" de mujeres embarazadas en los últimos días.

Las deportaciones de mujeres embarazadas comenzaron el pasado martes y "van cientos de deportadas", dijo el director de Migración en declaraciones a periodistas en Dajabón, el principal paso fronterizo con Haití.

García aseguró que las deportaciones se están realizando "con todo el respeto a los derechos humanos y con todas las garantías al debido proceso".

"Es un panorama no bonito, tenemos que reconocerlo. Pero nuestra responsabilidad, del presidente de la República y del Consejo de Migración, es proteger nuestros ciudadanos", dijo García, recalcando que República Dominicana está ejerciendo su "derecho como Estado soberano".

Denuncias

Este jueves diversas ONG denunciaron que oficiales de Migración detuvieron a un grupo de mujeres embarazadas a las puertas de un hospital en la capital dominicana y las deportaron inmediatamente.

El Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), una ONG haitiana que trabaja con deportados, informó de que un grupo de 45 mujeres, 28 de ellas embarazadas, fueron deportadas por la frontera entre la ciudad dominicana de Comendador y la haitiana de Belladere tan solo este jueves.

Una de las deportadas, según esta ONG, acababa de realizarse una cesárea y tuvo que dejar a su hijo recién nacido en la incubadora.

La ley de Migración dominicana faculta a la DGM a hacer deportaciones automáticas de cualquier inmigrante en condición irregular, pero el reglamento de esa ley prohíbe detener a mujeres embarazadas.

Del mismo modo, República Dominicana se comprometió a evitar la separación de familias, en un protocolo de entendimiento firmado con Haití en 1999 para regular los mecanismos de repatriación.

La autoridades dominicanas han adoptado en las últimas semanas medidas contundentes para frenar la inmigración ilegal desde Haití, país que pasa por una de las peores crisis políticas y de seguridad de los últimos años.

Entre esas medidas se anunció que los hospitales públicos solo atenderían a extranjeros indocumentados en casos de emergencia médica.

También se anunció que se prohibiría la entrada al país de mujeres embarazadas de más de seis meses, si no cuentan con el seguro médico correspondiente.

En el 29.94 % de los partos en los hospitales públicos dominicanos la madre es haitiana, según datos del Sistema Nacional de Salud (SNS) actualizados hasta octubre.

El número de partos de madres haitianas se ha triplicado en los últimos diez años, según las mismas estadísticas.