Quito, 3 feb (EFE-Daniela Brik).- La comunidad indígena y los ambientalistas no se muestran convencidos de la consulta popular del domingo en Ecuador porque tienen reservas sobre dos de sus preguntas que afectan directamente a las tierras en las que viven y defienden.
Planteadas por el Gobierno como una medida protectora del medioambiente, ellos argumentan que son resultado de décadas de lucha contra la explotación minera y petrolera en áreas que son hogar de pueblos autóctonos y albergan una enorme biodiversidad.
"Estas preguntas han aparecido porque las comunidades no han dejado de organizarse y hoy es una reivindicación popular", explica a Efe Francisco Hurtado, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), fundada hace casi 40 años y con más de una década de lucha ecológica.
De ser aceptada, la pregunta número 5 conducirá a una enmienda de la Constitución para que "se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos".
La séptima, pretende ampliar la "zona intangible" en el Parque Nacional Yasuní en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional, de 1.030 a 300 hectáreas.
El ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, calificó en declaraciones a Efe de "hito histórico que dos de siete preguntas sean sobre temas ambientales", lo que muestra "el interés del Gobierno y el presidente respecto al medioambiente".
Pero ecologistas e indígenas sostienen que ambas son "confusas", "engañosas" y las acogen con reservas, aunque por principio o disciplina política las apoyarán con un voto afirmativo.
"Claro que es significativo que estén ahí, pero lastimosamente cuando lees las preguntas corremos el riesgo de pensar que con el voto afirmativo hayamos resuelto el tema minero y del Yasuní", incide Hurtado.
Las principales organizaciones se movilizaron recientemente para pedir el fin de la actividad minera; que el presidente, Lenín Moreno, cumpla su compromiso de no otorgar más concesiones, y exigir la dimisión del titular de Minería, Javier Córdova, quien renunció al cargo el martes sin aclarar las circunstancias.
Denunciaron que en contra de la promesa presidencial, las autoridades otorgaron unas 70.000 hectáreas en concesiones a diferentes proyectos y censuran que el 15 % del territorio nacional está concesionado, lo que califican de "festín minero".
Sobre la pregunta acerca de la restricción minera, afirman que las autoridades podrían eventualmente explotar otro tipo de terrenos como bosques protectores, y creen que esta actividad no está lo suficientemente regulada o supervisada.
"Rechazamos la minería metálica a cielo abierto porque nos perjudica a los pueblos, a las comunidades. Es una muerte lenta", afirma Carmen Lozano, dirigente para la mujer de la Confederación Kichwa del Ecuador.
"Nos afectará en el agua, en el ambiente, en la producción y agricultura", advierte, y sobre la problemática acerca del Yasuní recuerda que "es un lugar muy sagrado" e importante no solo para las nacionalidades originarias -14 en todo Ecuador-, sino que "es un pulmón del mundo".
Ese parque nacional en el este de la Amazonía ecuatoriana es uno de los de mayor biodiversidad del mundo, lo que no ha impedido que el Gobierno, por necesidades financieras, explote desde 2007 el yacimiento petrolero de Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), según las autoridades con el menor impacto ambiental posible, lo que no termina de convencer a los verdes.
"En los dos meses transcurridos desde que se conocieron las preguntas se ha acelerado la explotación en la zona de Tombococha", comenta Braulio Gutiérrez, de Acción Ecológica, que considera la pregunta una argucia encubierta por el Gobierno "para legalizar con la consulta algo que de otro modo no podría hacer".
"La cuestión -insiste- es conocer hacia dónde se va ampliar la zona intangible y dónde se concentrarán esas 300 hectáreas".
Alerta del grave perjuicio para poblaciones en aislamiento como las huaorani, tagaeri y taromenane.
"Votaremos que sí, pero al día siguiente saldremos a las calles para defender el territorio", adelanta la dirigente indígena. EFE