Cortesía de Folha de São Paulo
SAO PAULO, Brasil.- El procurador general de la República de Brasil, Rodrigo Janot, pedirá en los próximos días ante el Tribunal Supremo Federal (TSF) abrir una investigación al menos sobre dos ministros del gobierno Michel Temer, y senadores del PMDB y el PSDB, todas ellos citadas en las “delaciones premiadas” relacionadas con el proceso de la empresa constructora Odebrecht.
Janot requerirá también la separación entre tribunales inferiores de los casos que involucran a decenas de políticos sin competencia en el Supremo, pero que fueron mencionados en las declaraciones.
Entre ellos se encuentran los miembros del Partido de los Trabajadores y ex presidentes Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, además de los exministros Guido Mantega, y Antonio Palocci, el comercializador João Santana, gobernadores, exgobernadores y exparlamentarios.
Del equipo de Temer, según el diario Folha de São Paulo, ya están en la lista de los ministros de la Procuraduría General de la República (PGR) Eliseu Padilha (Gabinete) y Moreira Franco (Secretaría General de la Presidencia).
También pudieran aparecer otros ministros. Por ejemplo, Gilberto Kassab (Ciencia y Tecnología y Comunicaciones), por lo cual la procuraduría estudia este caso.
De la bancada del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) en el Congreso, la PGR quiere investigar el presidente del Senado Eunício Oliveira, al líder del partido y ex presidente, Renan Calheiros, y los senadores, Edison Lobao y Romero Juca.
También en la lista están los miembros del PSDB José Serra y Aécio Neves.
La estrategia de Janot es tratar de entregar la próxima semana todas las peticiones a la vez al relator de la operación Lava Jato en el Tribunal Supremo, Edson Fachin.
El número de peticiones al ministro de la Suprema puede pasar a 40. Los elementos de las investigaciones deben completarse antes del lunes (6) en Brasilia.
El fiscal general sugerirá pasos, incluyendo testimonios y quiebra del secreto bancario y fiscal.
Cada solicitud contendrá los documentos y expedientes relacionados con el nombre siendo investigado; cabrá al ministro Fachin decidir o la apertura de investigaciones y garantizar o no su confidencialidad.
La PGR tiene como objetivo preservar la confidencialidad de la información que no puede ser revelado en la fase de investigación.
En total, se analizaron cerca de 850 testimonios de 77 ejecutivos de Odebrecht. Muchos de ellos contienen hechos similares -los demás se pueden unir a las investigaciones ya en marcha.
Hipótesis
Según la Folha, de acuerdo con quien tiene acceso a las delaciones, Janot y su equipo están estudiando también la viabilidad jurídica de incluir o no el nombre del presidente Michel Temer como objetivo la investigación.
Según la Constitución, el Presidente no puede ser investigado por actos cometidos fuera del período de su mandato. Temer asumió el cargo el año pasado, con la destitución de Rousseff.
Las denuncias de Odebrecht incluyen al miembro del PMDB en episodios cuando era vicepresidente; por ejemplo, una cena en el Palacio Jaburu con Marcelo Odebrecht en 2014. Y cuando fue diputado y candidato a diputado de la miembro del PT en 2010, año en habría participado en una reunión con el contratista para discutir la transferencia de fondos.
La discusión interna en la PGR es si el cargo de vicepresidente se puede considerar un "mandato presidencial". En ese caso, el Tribunal Supremo puede autorizar la investigación de Temer en la cena en 2014.
Otra hipótesis es si las investigaciones tienen que estar relacionados con los eventos desde el año pasado, después de la destitución de Rousseff. La última palabra corresponderá a Janot.
El fiscal general ha indicado que tiene la intención de darle a Temer el mismo tratamiento recibido por Dilma, que dejó fuera las solicitudes de investigación relacionadas con las desviaciones de Petrobras en el período en que ella no era presidente.
Además de consultas y solicitudes de separación o desmembramiento de los procesos, el Fiscal General solicitará que se archiven los casos en que entienda que no existen pruebas del delito mencionado.