Washington, 16 mar (EFE).- Una coalición de organizaciones civiles reclamó hoy al Congreso de los Estados Unidos que no apruebe el nombramiento de Gina Haspel como nueva directora de la CIA hasta que no se desclasifique un informe oficial que podría probar su participación en el programa de torturas de la agencia.
"La obligación constitucional del Senado de 'aconsejar y consentir' cualquier nombramiento requiere del acceso pleno a la información de los candidatos antes de actuar", reza la misiva dirigida a los senadores este viernes por 28 organizaciones, entre ellas Humans Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Debido a su presunto papel al frente de una prisión secreta en Tailandia, muchas de estas organizaciones habían expresado en los últimos días su oposición al nombramiento de Haspel, quien en caso de ser confirmada se convertiría en la primera mujer en dirigir la emblemática agencia de espionaje.
Según una investigación publicada en febrero de 2017 por la web ProPublica, Haspel dirigió este centro de detenciones en 2002, cuando los presuntos terroristas de Al Qaeda Abu Zubaydah y Abd al Rahim al Nashiri fueron sometidos a distintas torturas, como la asfixia simulada.
Sin embargo, este jueves, la web publicó un artículo en el que se retractaba de esta acusación, texto que fue celebrado por la propia CIA, cuya portavoz Nicole de Haay expresó a Efe su satisfacción por dicha rectificación e invitó a otros medios de comunicación a tener "el coraje y la integridad" de hacer lo propio.
A pesar de que el pasado martes fue el propio presidente Donald Trump quien anunció la designación de Haspel como sustituta del por ahora director de la CIA, Mike Pompeo -quien a partir del 1 de abril está llamado a liderar el Departamento de Estado-, su nombramiento depende de la aprobación por parte del Senado.
Debido a las sombras que se ciernen sobre la aún subdirectora de la Agencia, algunos senadores republicanos ya han expresado sus reticencias a votar a favor de su nombramiento, lo que podría suponer un grave contratiempo para la Casa Blanca puesto que los conservadores apenas cuentan con una ventaja de dos escaños en la Cámara Alta.
Además, tal y como resaltan en la carta las distintas organizaciones, más allá de sus vínculos con la tortura, pesa sobre Haspel la sospecha de que en 2005 destruyó "92 grabaciones" de violentos interrogatorios llevados a cabo en distintas prisiones clandestinas.
El presidente Barack Obama (2009-2017) llegó a reconocer hace cuatro años que Estados Unidos había cometido actos de tortura después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, sin embargo, un informe detallado que fue elaborado en 2012 por el Comité de Inteligencia del Senado nunca fue divulgado debido a su carácter confidencial.
Es precisamente la publicación de este informe lo que reclaman estas organizaciones civiles con el objetivo de conocer el "papel" de Haspel en el programa de torturas de la CIA.
"Basado en informes ya disponibles y en investigaciones periodísticas, resulta evidente que la mala actuación (de Haspel) demuestra su falta de respeto por la Ley y por los Derechos Humanos", concluye la carta. EFE