En días pasados la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) estatuyó sobre el reputado problema migratorio, condenando nuevamente al Estado Dominicano.
La decisión de la CorteIDH generó críticas y aplausos entre aquellos que piden la deportación de los ciudadanos haitianos en estatus migratorio irregular y los que exigen la protección de los derechos humanos de los dominicanos de ascendencia haitiana.
Inconformes, los disidentes exigen la renuncia de la República Dominicana del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, arguyendo que el mismo significa una intromisión y violación a la soberanía del pueblo dominicano.
Y es que considerando que el protagonismo de la República Dominicana frente a la CorteIDH ha consistido históricamente en el controvertido tema migratorio, los dominicanos parecemos haber olvidado que el espectro de protección de los sistemas supranacionales va mucho más allá.
Bajo ninguna circunstancia manifiesta el autor su apoyo a la recién dictada sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el entendido de que la extensa decisión merece un estudio más exhaustivo, pero sí advierte sobre las graves implicaciones que significaría la renuncia de la República Dominicana al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Retrotrayendo una cátedra impartida por un profesor estadounidense, recuerdo una pregunta formulada por un compañero de Latinoamérica al conferenciante:
¿Por qué si Estados Unidos de América promueve de forma tan feroz los derechos humanos en América Latina, no ratifica la competencia de la CorteIDH?
Advirtiendo sobre lo honesta que sería su respuesta –y lo pretencioso que parecería, respondió que, contrario a muchos países de América Latina, EEUU no requiere de mayor supervisión supranacional debido a la fortaleza institucional del país y a la credibilidad de cual goza el sistema de justicia.
Lo cierto es que el razonamiento, aunque no categóricamente veraz, acierta la importancia de estos organismos para países como la República Dominicana, en vista de que constituyen el último respiro en momentos en que la justicia desconoce el estado de derecho. En efecto, mientras menos institucional es el país, más fértil es la tierra para la materialización de desaciertos jurídicos, lo que hace más necesario los mecanismos de control supranacional.
Se percibe la degradada apreciación que tenemos los dominicanos de nuestros órganos jurisdiccionales. Pese a las mejorías que ha experimentado la República Dominicana en la materia, aún persisten graves fallas, atribuidas, en ocasiones, a la mísera partida presupuestaria del Poder Judicial, en otras, al sistema Presidencialista y su intromisión en las decisiones jurisdiccionales, a la corrupción, o, simplemente a la falta de voluntad de las autoridades en fortalecer el sistema de justicia.
Independientemente de las razones que originan las dudas de los ciudadanos, es innegable que las grietas del sistema se traducen, no pocas veces, en una palpable denegación de justicia, que tiene que ver con la carencia de una efectiva salvaguarda de los derechos humanos y esenciales del hombre –que escapan la demarcación territorial trazada por gobiernos, y por ello su denominación de universal-, y es por ello que surgen entidades supranacionales, como la CorteIDH y la Corte Europea de Derechos Humanos; que procuran rectificar las vulnerabilidades de los sistemas locales.
De forma ilustrativa, invitamos al lector a realizar, no un ejercicio de imaginación, sino más bien, un ejercicio de memoria para entender la importancia de los controles supranacionales en materia de derechos humanos; recordemos a aquellos perseguidos, exiliados y desaparecidos políticos, cuya suerte fue decidida a la ligera por las autoridades locales; recordemos a aquellos ultimados en los supuestos intercambios de disparos, cuya investigación se circunscribió a las pesquisas realizadas por los perpetradores del crimen; recordemos a aquellos expedientes que reposan en los archivos de nuestros tribunales y cuya suerte no se decide por el cumulo de casos; recordemos aquellos funcionarios y particulares afectados por decisiones administrativas que inobservan el debido proceso; recordemos la incidencia política en la resolución de conflictos judiciales. Es en estos momentos que entran en juego los sistemas de fiscalización supranacional.
Bajo ninguna circunstancia manifiesta el autor su apoyo a la recién dictada sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el entendido de que la extensa decisión merece un estudio más exhaustivo, pero sí advierte sobre las graves implicaciones que significaría la renuncia de la República Dominicana al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, considerando que el mismo sirve como mecanismo de protección adicional de los derechos fundamentales, que aunque hoy auxilia a un grupo en particular, mañana podría auxiliarte a ti.
Discrepar de la decisión, al igual que como disentimos con frecuencia de las decisiones jurisdiccionales locales, es un ejercicio democrático que, irónicamente, preservan los sistemas de control supranacional.