SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Amnistía Internacional y otras organizaciones expresaron su preocupación por la amenaza de "persecución agresiva y deportación" a las personas migrantes en supuesta situación irregular, que no regularicen su estatus antes del 31 de diciembre del 2017.
El Primer Ministro de ese país había informado el pasado 11 de octubre esta decisión gubernamental. A raíz de esto anuncio, y según información de los medios de comunicación, las autoridades de inmigración comenzaron a detener, registrar y llevar a cabo redadas en busca de personas percibidas como migrantes con estatus migratorio irregular, la mayoría de ellas haitianas o de ascendencia haitiana.
El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA), el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Institute on Race, Equality and Human Rights, Robert F. Kennedy Human Rights y Washington Office on Latin America (WOLA) reaccionaron ante esta medida que puede afectar a las personas más vulnerables, como niños y niñas.
Estas acciones pueden afectar a niños nacidos en las Bahamas que tienen el derecho constitucional de solicitar la nacionalidad bahameña a los 18 años.
Las organizaciones signatarias pidieron a las autoridades de ese país que implementen de manera urgente una política de migración por escrito basada en los derechos humanos que utiliza la detención solo como medida de último recurso; incluye detalles de los procesos disponibles para aquellos que desean regularizar su situación; procesos de identificación para evitar la expulsión de personas nacidas en Las Bahamas con derecho a la nacionalidad bahameñas; y procesos para evaluar las solicitudes de asilo con todas las garantías procesales.
Recordaron a las autoridades bahameñas que, de conformidad con las normas internacionales, cualquier procedimiento de deportación debe garantizar evaluaciones individuales de cada caso, proporcionar a las personas órdenes de deportación por escrito y salvaguardar el derecho de las personas a impugnar su orden de deportación ante un tribunal independiente.
Agregaron que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a las autoridades de Las Bahamas que adoptaran medidas cautelares para salvaguardar la vida y la integridad de los detenidos en el Centro de Detención Carmichael, entre otras condiciones higiénicas y tratamientos médicos para los detenidos, reduciendo la sobrepoblación, el acceso a la asistencia legal y permitiendo que las organizaciones de la sociedad civil accedan a Carmichael para controlar las condiciones.
‘‘Hasta la fecha, entendemos que las condiciones en Carmichael siguen siendo similares a las que formaron la base de la solicitud en 2015 e instamos a las autoridades bahameñas a implementar plenamente esas medidas’’, advirtieron en un comunicado.